Masticada diaria
Guadalajara pidió agua limpia y recibió gas lacrimógeno
El domingo, miles de personas marcharon de la Glorieta de La Minerva a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, para exigir agua de calidad, con consignas como “el agua es un derecho, no un privilegio”. Cerca de la una de la tarde, un grupo derribó las vallas metálicas que resguardaban la residencia, y la policía antimotines replegó a la multitud con gas lacrimógeno y chorros de agua a alta presión; La Jornada reportó afectados entre niños y adultos mayores, así como heridos atendidos sin precisar cifra.
La crisis de fondo lleva meses documentada: SIAPA reconoce un deterioro en la calidad del agua que entra al canal de Las Pintas desde diciembre de 2025, y entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron 1,083 reportes de agua turbia en 475 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. El 6 de octubre, Lemus anunció la suspensión del agua de la presa de Las Pintas y del viejo sistema Chapala —hasta 2,500 litros por segundo, casi una cuarta parte de la demanda metropolitana— durante al menos seis meses, prometiendo que no habrá privatización, aumento de tarifas ni endeudamiento. La presidenta Sheinbaum, sin embargo, señaló que Jalisco solicitó a Hacienda autorizaciones ligadas a un plan que sí incluye deuda, y atribuyó parte del problema a un acueducto nunca construido por la administración anterior de Enrique Alfaro.
Una marcha de miles de personas exigiendo un servicio básico, con niños y adultos mayores presentes, no encontró como respuesta obra pública ni explicación clara sobre las dos versiones contradictorias del financiamiento, sino gas lacrimógeno.
Nobel de la Paz a quien documentó genocidio en Gaza: EEUU sanciona a la Corte después de su anuncio
El viernes 9 de octubre, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio de la Paz 2026 a Navi Pillay, jurista sudafricana de 85 años, exjueza de la Corte Penal Internacional, expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, con el argumento de recordar que las instituciones legales internacionales enfrentan ataques políticos. Pillay presidió además la comisión independiente de la ONU que concluyó, en septiembre de 2025, que Israel comete genocidio en Gaza, conclusión que el gobierno israelí rechaza.
Horas después, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional como institución —no ya contra jueces o fiscales individuales—, prohibiendo transacciones con la corte entera, lo que obligaría a bancos, aseguradoras y empresas de software estadounidenses a suspenderle servicio; la calificó de “corte canalla” y advirtió: “o la CPI termina con sus amenazas, o nosotros terminamos con la CPI.” Netanyahu dijo que el Comité Nobel “perdió su brújula moral” y agradeció después a Trump y Rubio por la decisión; el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, calificó las sanciones de “inaceptables”.
No hay declaración de Trump ni confirmación de que las sanciones respondan directamente al Nobel; lo documentado es que esta ronda es el punto más alto de una campaña contra la CPI que arrancó en febrero de 2025, con Rubio anunciando desde julio que la desmantelaría “ladrillo por ladrillo”. El mismo día quedó marcado tanto por el reconocimiento al sistema de justicia internacional como por el golpe más duro en su contra.
Francia ofrece más presupuesto a educación tras las protestas
El miércoles, el primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció un aumento de 1,200 millones de euros al presupuesto de Educación, hasta unos 64 mil millones, aunque aclaró que se financiará recortando otras áreas dentro de un ajuste total de 54 mil millones de euros que busca bajar el déficit de 5.4% a 5% del PIB en 2027; prometió un plan de respuesta antes de que termine octubre y abrió una consulta en línea hasta el 23 de ese mes.
Euronews reporta que sindicatos, organizaciones de derechos humanos y los propios estudiantes acusan a la policía de fuerza desproporcionada, con heridos de gravedad —incluido un adolescente que perdió una mano— y miles de detenidos, en su mayoría menores, desde el inicio de las protestas. El gobierno suspendió temporalmente el uso de granadas de aturdimiento, medida que Amnistía Internacional Francia celebró aunque consideró insuficiente; Lecornu negó haber ordenado a la policía enfrentar a los estudiantes, aunque el recorte presupuestal, el calendario de respuesta y la suspensión de las granadas sí están documentados.
El patrón se repite más allá de Francia: ante demandas de servicios básicos —agua en Guadalajara, maestros en París—, la respuesta inmediata en ambos países fue policial antes que presupuestal, aun cuando el problema de origen es, en los dos casos, una decisión de gasto público.
