Masticada diaria
Extrema derecha mexicana reivindica el Paseo del Pendón: la disputa por convertir la Conquista en una batalla política del presente
Una antigua celebración colonial creada para conmemorar la caída de México-Tenochtitlan volverá a recorrer las calles de la Ciudad de México acompañada esta vez por organizaciones vinculadas con el sinarquismo, el tradicionalismo católico y el monarquismo español. El próximo 15 de agosto se realizará una nueva edición del Paseo del Pendón, ceremonia que durante casi tres siglos recordó la victoria de los conquistadores y reafirmó simbólicamente la autoridad de la Corona española sobre la Nueva España, pero cuya recuperación contemporánea ha adquirido una nueva dimensión después de que grupos de extrema derecha comenzaran a promoverla utilizando conceptos como el “legítimo Rey” y la “reconquista” de México.
Entre las organizaciones que han difundido la convocatoria aparecen la Unión Nacional Sinarquista y el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta, agrupación relacionada con el carlismo español, una corriente monárquica y ultracatólica con profundas raíces en la historia política de la derecha radical española. Este último grupo ha convocado a participar utilizando deliberadamente la expresión “Ciudad de Méjico” y reivindicando una ceremonia que, según publicaciones vinculadas con el movimiento, permitiría volver a levantar el estandarte del “legítimo Rey” y recordar a quienes consideran mártires de la Conquista.
El Paseo del Pendón no nació como una simple fiesta popular. Durante el periodo virreinal se realizaba alrededor del 13 de agosto, aniversario de la caída de Tenochtitlan en 1521 y festividad de San Hipólito, y funcionaba como una ceremonia cívica y religiosa mediante la cual las autoridades exhibían el pendón real y reafirmaban públicamente el orden colonial. La tradición comenzó a perder sentido conforme avanzaron las ideas de igualdad política y la crisis de la monarquía española, hasta desaparecer definitivamente con la construcción del México independiente, cuando resultaba difícil imaginar que una nueva nación continuara celebrando oficialmente su propia conquista.
La ceremonia fue recuperada como recreación histórica en años recientes, particularmente alrededor de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlan en 2021, y en ella han participado asociaciones culturales con intereses diversos sobre el periodo novohispano. Por eso es importante no confundir automáticamente a todos sus organizadores o participantes con la extrema derecha. Lo que cambia el significado político de la edición actual es la incorporación explícita de organizaciones que no se limitan a estudiar el pasado colonial, sino que utilizan sus símbolos para defender una determinada visión del presente.
El ejemplo más revelador aparece en publicaciones relacionadas con el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta. Un texto difundido anteriormente por el periódico católico-monárquico español La Esperanza describía este tipo de actos como una muestra pública de fidelidad al “Dios verdadero” y al “justo Rey”, e incluso hablaba de dar los primeros pasos hacia una eventual “reconquista” de estas tierras. Ese lenguaje convierte lo que podría ser una representación histórica en algo políticamente distinto: una reivindicación contemporánea de un orden social construido alrededor de la monarquía, el catolicismo tradicionalista y una lectura idealizada de la colonización española.
La presencia de la Unión Nacional Sinarquista refuerza esa dimensión. El sinarquismo surgió en México en 1937 dentro del universo político del conservadurismo católico posterior a la Guerra Cristera y se caracterizó históricamente por su anticomunismo, su rechazo al liberalismo político y una visión corporativista y profundamente religiosa de la sociedad. Aunque su trayectoria contiene distintas corrientes y etapas, sigue siendo una referencia importante para entender la tradición de la derecha radical católica mexicana que ahora encuentra puntos de contacto con movimientos hispanistas y tradicionalistas europeos.
Desde una perspectiva Chiclosa, el problema no está en estudiar la Conquista ni en reconocer la enorme herencia española que forma parte de México. Nuestra lengua, instituciones, religión mayoritaria y buena parte de nuestra cultura son incomprensibles sin los tres siglos de historia novohispana, del mismo modo que México tampoco puede entenderse borrando a los pueblos indígenas, la violencia de la colonización y las profundas desigualdades que produjo aquel orden. La historia se vuelve peligrosa cuando deja de utilizarse para comprender el pasado y comienza a emplearse selectivamente para legitimar proyectos políticos del presente.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo con una nueva derecha que ha descubierto el enorme poder político de la nostalgia. En España se reivindica cada vez con mayor fuerza una versión glorificada del imperio; en Estados Unidos persisten disputas por rehabilitar símbolos confederados y reinterpretar la historia racial; y ahora en México aparecen organizaciones que convierten una ceremonia colonial en vehículo para hablar nuevamente de reyes legítimos, reconquistas y una supuesta restauración de valores perdidos. No se trata necesariamente de que estos movimientos tengan hoy capacidad real para restaurar una monarquía, sino de algo políticamente más útil: construir una identidad basada en la idea de que existió un pasado ordenado y grandioso destruido posteriormente por el liberalismo, el secularismo y la izquierda.
La polémica también alcanzó a instituciones culturales cuyos logotipos aparecieron inicialmente asociados con actividades relacionadas con el paseo. La Fundación UNAM aclaró que no tenía confirmada una de las actividades anunciadas, mientras el Instituto Nacional de Antropología e Historia explicó que no es organizador del evento y pidió retirar sus logotipos de la convocatoria. El INAH precisó que en años anteriores únicamente había facilitado espacios para cuestiones logísticas, pero que en esta edición no brindará ese apoyo.
El debate, por tanto, no debería reducirse a decidir si México puede recrear una ceremonia colonial. Una democracia madura puede representar, estudiar y discutir incluso los episodios más incómodos de su historia sin necesidad de censurarlos. La pregunta verdaderamente pegajosa es qué ocurre cuando esos símbolos dejan de ser objetos de estudio y empiezan a convertirse en herramientas para disputar políticamente el presente. Porque una cosa es comprender por qué durante siglos desfiló un pendón real por las calles de la capital novohispana y otra muy distinta utilizarlo, cinco siglos después de la Conquista y dos siglos después de la Independencia, para volver a hablar del “legítimo Rey” y de una “reconquista” de México. La historia merece ser conocida completa; lo que no deberíamos tragarnos sin masticar es la nostalgia política que intenta vendernos las jerarquías del pasado como una solución para el futuro.
México descarta acusaciones gringas por contaminación en lechugas de Taylor Farms, pero Estados Unidos mantiene abierta la investigación por el brote de ciclosporiasis
El gobierno mexicano descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las lechugas y el agua de la planta de Taylor Farms México, ubicada en Guanajuato, después de realizar una inspección sanitaria y pruebas de laboratorio ante las sospechas surgidas en Estados Unidos por un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg. Los resultados abren una diferencia importante entre las investigaciones de ambos países: mientras las autoridades mexicanas aseguran que las muestras analizadas no presentan contaminación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mantiene bajo investigación productos procedentes de las instalaciones mexicanas de la compañía.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó entre el 18 y el 20 de julio una inspección en la planta acompañada por epidemiólogos, especialistas en inocuidad alimentaria y personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Durante la visita se recolectaron diez muestras de lechuga iceberg, cinco correspondientes a producto completo y otras cinco de lechuga ya picada, lavada y desinfectada, además de cuatro muestras de agua utilizadas para análisis microbiológicos y fisicoquímicos.
Los análisis realizados por laboratorios federales y estatales dieron negativo tanto para Cyclospora cayetanensis como para coliformes fecales, mientras el agua utilizada por la planta se encontró dentro de los parámetros establecidos por las normas mexicanas. Las autoridades también revisaron los procesos de producción y determinaron que Taylor Farms cuenta con controles de inocuidad y sistemas de trazabilidad que permiten seguir el recorrido de sus productos desde su origen hasta su distribución. Durante la inspección tampoco se encontraron brotes de enfermedades gastrointestinales entre los trabajadores de la planta.
La revisión mexicana ocurrió después de que autoridades sanitarias estadounidenses investigaran un fuerte incremento de casos de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora que puede causar diarrea intensa y prolongada. Parte de la investigación en Estados Unidos ha relacionado casos registrados en varios estados con lechuga iceberg troceada utilizada en restaurantes Taco Bell, mientras la FDA ha rastreado algunos de esos productos hasta Taylor Farms México. La empresa retiró voluntariamente del mercado estadounidense determinados productos de lechuga iceberg y suspendió temporalmente operaciones en su planta mexicana mientras avanzaban las investigaciones.
El caso se complicó todavía más cuando una muestra tomada de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, fue inicialmente reportada como positiva a Cyclospora. Posteriormente, la propia FDA reconoció que ese resultado debía considerarse un falso positivo después de una nueva revisión de laboratorio. El producto ni siquiera había ingresado al mercado estadounidense, pero la agencia aclaró que la corrección de esa prueba no cerraba su investigación y sostuvo que la información de trazabilidad seguía apuntando hacia lechuga procesada en las instalaciones de Taylor Farms en México como posible fuente de algunos casos.
Ahí está precisamente la diferencia que conviene no simplificar. Los resultados de Cofepris demuestran que las muestras tomadas durante la inspección mexicana no contenían el parásito, pero eso no necesariamente permite concluir que ningún lote producido anteriormente pudo haber estado contaminado. De la misma manera, que la investigación epidemiológica estadounidense rastree productos hasta una planta mexicana tampoco demuestra por sí sola que las condiciones actuales de esa instalación sean responsables del brote. Determinar el origen requiere reconstruir fechas, lotes, proveedores, distribución y condiciones de producción específicas.
Desde una perspectiva Chiclosa, el episodio también muestra por qué las alertas sanitarias internacionales deben manejarse con evidencia y no con nacionalismos automáticos. México tiene razones para defender a sus productores cuando una acusación puede afectar exportaciones, empleos y la reputación de toda una cadena agroalimentaria, especialmente después de que una prueba presentada inicialmente como evidencia de contaminación terminó siendo reconocida como un falso positivo. Pero defender la producción mexicana tampoco debería significar apresurarse a declarar completamente cerrado un caso mientras la investigación epidemiológica continúa.
La industria agroalimentaria mexicana está profundamente integrada con Estados Unidos y cualquier alerta sanitaria puede tener consecuencias económicas que van mucho más allá de una sola empresa. Un señalamiento equivocado puede perjudicar injustamente a productores y trabajadores mexicanos, pero una falla real de inocuidad también puede convertirse rápidamente en un problema de salud pública transfronterizo. Por eso la respuesta más útil no consiste en decidir anticipadamente si México o Estados Unidos “tienen razón”, sino en exigir que ambas autoridades compartan información y reconstruyan con precisión la cadena de suministro.
Por ahora, lo que puede afirmarse es que las pruebas realizadas en México no encontraron Cyclospora ni contaminación fecal en las muestras analizadas de Taylor Farms y que la inspección no detectó riesgos sanitarios evidentes en la planta. Al mismo tiempo, la FDA continúa investigando la trazabilidad de productos mexicanos relacionados con el brote estadounidense.
La diferencia parece pequeña, pero es fundamental: una cosa es demostrar que las lechugas analizadas hoy están libres del parásito y otra determinar con certeza qué ocurrió con los productos distribuidos semanas atrás. En una cadena alimentaria que cruza fronteras todos los días, la inocuidad no debería convertirse ni en una guerra de narrativas nacionales ni en una sentencia mediática anticipada. Lo que toca ahora es seguir la evidencia hasta donde llegue, incluso si al final obliga a corregir nuevamente la historia que creíamos tener clara.
“No todos deberían votar”: la propuesta impulsada por la derecha de un examen electoral reabre una vieja tentación de restringir la democracia
La abogada y profesora de Teoría Constitucional Natalia Torres provocó una fuerte polémica después de afirmar que “no todos deberían votar” y proponer que los ciudadanos acreditaran conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado antes de obtener su credencial del INE. Aunque posteriormente matizó su planteamiento y eliminó la idea del examen como condición para ejercer el sufragio, la controversia abrió una discusión que va mucho más allá de una declaración viral: quién tendría derecho a decidir quién está suficientemente preparado para participar en una democracia.
Durante su participación en un pódcast, Torres sostuvo que para acceder al voto debería existir un conocimiento mínimo sobre las instituciones y las atribuciones de los cargos públicos. Su propuesta inicial contemplaba que el Instituto Nacional Electoral ofreciera capacitación y posteriormente aplicara una evaluación antes de entregar la credencial para votar, bajo el argumento de que una ciudadanía mejor informada podría distinguir, por ejemplo, cuándo un candidato promete acciones que legalmente no corresponden al cargo que busca ocupar.
El objetivo de mejorar la educación cívica puede parecer razonable; el problema aparece cuando la educación deja de ser un derecho que el Estado debe garantizar y se convierte en un filtro para ejercer otro derecho. En un país atravesado por enormes desigualdades educativas, territoriales y económicas, cualquier examen para determinar quién puede votar inevitablemente abre otra pregunta: quién diseña la prueba, qué conocimientos considera indispensables y qué ocurre con quienes tuvieron menos oportunidades para adquirirlos.
Después de las críticas, Torres reconoció que había verbalizado mal su propuesta y modificó sustancialmente el planteamiento. En su nueva versión ya no habría que aprobar ningún examen: el INE impartiría una sesión informativa de aproximadamente una hora antes de que los jóvenes recibieran su credencial, con explicaciones sobre las facultades de presidentes, senadores, diputados y otras autoridades. Vista así, la propuesta deja de ser una restricción al sufragio y se acerca mucho más a un programa obligatorio de educación cívica.
La presidenta Claudia Sheinbaum entró directamente al debate al rechazar cualquier restricción del voto basada en conocimientos o nivel educativo. Su argumento apuntó al principio central del sufragio universal: durante una elección, el voto de la persona más rica del país vale exactamente lo mismo que el de quien tiene menos recursos, del mismo modo que no importa si alguien tiene un posgrado o apenas pudo acceder a la educación formal. Esa igualdad política es precisamente una de las pocas ocasiones en sociedades profundamente desiguales donde cada ciudadano posee formalmente el mismo poder de decisión.
La discusión resulta especialmente relevante porque las democracias ya experimentaron durante siglos con mecanismos para decidir quién era considerado suficientemente apto para votar. El sufragio estuvo condicionado históricamente por propiedad, riqueza, alfabetización, raza y género, casi siempre acompañado del argumento de que determinados sectores carecían de la preparación necesaria para tomar decisiones políticas responsables. La conquista del voto universal consistió precisamente en romper con esa lógica y reconocer que la ciudadanía no depende de demostrar ante alguien que se poseen los conocimientos, la riqueza o la educación correctos.
Desde una perspectiva Chiclosa, ahí está la contradicción más interesante: es completamente válido preocuparnos por la enorme desinformación con la que muchas personas llegan a las urnas, pero la respuesta democrática debería ser garantizar más educación, mejor información y medios más responsables, no construir una puerta de entrada que alguien tenga el poder de cerrar. Porque el problema tampoco son únicamente los ciudadanos con poca escolaridad. Tener una licenciatura, un doctorado o conocer perfectamente la Constitución nunca ha inmunizado a nadie contra la propaganda, las noticias falsas, el fanatismo político o las decisiones profundamente irracionales.
Además, esta discusión aparece en un momento en que distintas voces conservadoras han comenzado a poner nuevamente sobre la mesa ideas que cuestionan la universalidad del sufragio. En México también generó polémica la propuesta del panista Javier Albarrán de explorar una especie de “voto por familia”, mientras en sectores ultraconservadores estadounidenses han circulado planteamientos similares alrededor del llamado household voting. No son propuestas idénticas y sería incorrecto meterlas todas en el mismo costal, pero comparten una pregunta inquietante: si realmente todos los ciudadanos deberían tener exactamente el mismo poder electoral.
La democracia mexicana necesita urgentemente ciudadanos mejor informados, pero eso debería llevarnos a preguntarnos por qué la educación cívica es insuficiente, por qué las campañas privilegian propaganda sobre información y por qué nuestro ecosistema digital recompensa la mentira antes que el conocimiento. Convertir esas fallas colectivas en un examen individual para demostrar quién merece votar invierte completamente el problema. La democracia no consiste en encontrar a los ciudadanos suficientemente inteligentes para gobernar sobre los demás, sino en construir instituciones capaces de garantizar que todos puedan participar en condiciones de mayor igualdad.
Porque cuando empezamos preguntando si “todos deberían votar”, la siguiente pregunta siempre será mucho más peligrosa: ¿quién decide quiénes son esos todos?
