Masticada diaria
Sheinbaum inicia tercer año de gobierno sin reforma fiscal
Claudia Sheinbaum comenzó este 1 de septiembre su tercer año de gobierno sin haber impulsado una reforma fiscal integral. La decisión no es menor. México enfrenta simultáneamente un crecimiento económico débil, mayores necesidades de gasto público, presión sobre las finanzas de estados y municipios y una agenda de inversión que requiere recursos para infraestructura, salud, educación y transición energética. Sin embargo, la estrategia fiscal de la administración ha consistido hasta ahora en aumentar los ingresos mediante una mayor eficiencia recaudatoria y combate a la evasión, sin modificar sustancialmente la estructura de impuestos. El resultado es paradójico: el Estado mexicano recauda más que antes, pero sigue siendo uno de los gobiernos con menor capacidad tributaria entre las economías de la OCDE.
Los números permiten dimensionar el problema. En 2025, el SAT recaudó 5.35 billones de pesos en impuestos, un crecimiento real de 4% respecto al año anterior. Los ingresos del gobierno federal llegaron a 6.05 billones, 4.8% más en términos reales que en 2024 y 1.6% por encima de lo programado. El ISR aportó 2.89 billones de pesos, mientras que el IVA generó 1.50 billones. Es decir, la administración de Sheinbaum puede defender que ha conseguido aumentar considerablemente los ingresos sin aprobar una nueva reforma tributaria.
Pero aumentar la recaudación no es lo mismo que construir un sistema fiscal progresivo. Los últimos datos comparables de la OCDE muestran que México recaudó impuestos equivalentes a 18.3% del PIB en 2024, todavía muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe y a una distancia enorme del promedio de la OCDE. La estructura tributaria también importa: una parte considerable de los ingresos públicos mexicanos proviene del consumo y del trabajo, mientras los impuestos directamente asociados a la riqueza, el patrimonio y determinadas ganancias de capital siguen teniendo un peso reducido.
Ahí aparece una de las contradicciones centrales de la política fiscal de la llamada Cuarta Transformación. El gobierno de López Obrador eliminó las condonaciones fiscales generalizadas y fortaleció la capacidad del SAT para cobrar adeudos y fiscalizar empresas. Sheinbaum ha continuado esa estrategia. La propia presidenta ha defendido que el gobierno no necesita necesariamente subir impuestos si consigue que quienes ya tienen obligaciones fiscales paguen lo que corresponde. En abril de 2026, incluso reconoció que un impuesto especial a las grandes fortunas podría analizarse, aunque sostuvo que el sistema actual ya es progresivo porque quienes tienen mayores ingresos pagan más ISR.
La diferencia entre ambas cosas es fundamental. Cobrar lo que legalmente se debe no equivale a preguntarse si las reglas fiscales están diseñadas para que quienes concentran más riqueza contribuyan proporcionalmente más. Y ahí México tiene un problema estructural. Oxfam México, citando datos del Observatorio Tributario Internacional, señaló en abril que el 1% con mayores ingresos en México paga proporcionalmente menos impuestos que el resto de la población. Según su análisis, mientras el consumo y el trabajo representan alrededor de 65 de cada 100 pesos de la recaudación federal, los individuos más ricos aportarían apenas 22 centavos de cada 100 pesos.
La discusión se vuelve todavía más concreta cuando se observa la cartera del SAT. Al cierre de 2025, los créditos fiscales —adeudos que la autoridad reclama a contribuyentes— alcanzaron 3.12 billones de pesos, un aumento de casi 270 mil millones durante ese año. De ese total, 1.19 billones correspondían a grandes contribuyentes, definidos por el SAT como empresas o personas con ingresos superiores a 1,500 millones de pesos anuales. El dato no significa que todo ese dinero pueda cobrarse inmediatamente: alrededor de dos terceras partes de la cartera estaba controvertida en procesos judiciales o administrativos. Aun así, la dimensión de los adeudos muestra que el problema no termina cuando el SAT determina que existe una obligación fiscal. El siguiente desafío es conseguir que efectivamente se pague.
El gobierno puede responder, con razón, que la fiscalización de grandes empresas ha mejorado. Entre 2019 y 2024, el SAT reportó una eficiencia recaudatoria de 106 mil 178 millones de pesos derivada de procedimientos de precios de transferencia aplicados a grandes contribuyentes, 367% más que en el periodo 2013-2018. Tan sólo en 2024, empresas de sectores como automotriz, minero, electrónico y telecomunicaciones corrigieron su situación fiscal por más de 19 mil millones de pesos como resultado de auditorías en esta materia. El SAT también ha utilizado cruces de información para detectar pérdidas fiscales recurrentes, deducciones simuladas, operaciones con empresas factureras, discrepancias entre importaciones y ventas y operaciones mediante paraísos fiscales.
Eso constituye un cambio importante respecto de décadas anteriores. Pero también revela el límite de la estrategia actual. El gobierno está consiguiendo cobrar mejor los impuestos existentes, mientras mantiene prácticamente intacta una estructura tributaria que grava mucho más fácilmente el ingreso laboral y el consumo que la acumulación patrimonial. Una persona asalariada difícilmente puede ocultar ante el SAT cuánto recibe de nómina. En cambio, gravar correctamente patrimonio, herencias, ganancias de capital, estructuras corporativas internacionales o activos mantenidos en distintas jurisdicciones exige capacidades institucionales y decisiones políticas mucho más complejas.
Y ese es precisamente el debate que México ha evitado. En abril, Sheinbaum abrió públicamente la puerta a estudiar un impuesto especial a las grandes fortunas. Oxfam celebró la declaración. Pero hasta el inicio del tercer año de gobierno no existe una propuesta legislativa integral que convierta esa posibilidad en política pública. Mientras tanto, la administración apuesta por la eficiencia recaudatoria, la fiscalización y el crecimiento económico como vías para ampliar los ingresos sin abrir una batalla política alrededor de nuevos impuestos.
El argumento político detrás de esta prudencia es comprensible. Una reforma fiscal siempre tiene ganadores y perdedores identificables. Gravar patrimonio, herencias o ganancias de capital afecta directamente a sectores con una enorme capacidad económica y también con capacidad para ejercer presión política. Para un gobierno que llega a la segunda mitad del sexenio rumbo a las elecciones intermedias de 2027, abrir una discusión de esa magnitud implica asumir un costo político que puede evitarse mientras la recaudación siga creciendo por otras vías.
Pero la ausencia de una reforma también tiene un costo. México quiere financiar una política industrial más ambiciosa, atraer inversión mediante el Plan México, fortalecer infraestructura, ampliar servicios públicos y reducir desigualdades regionales. La propia OCDE ha advertido que la sostenibilidad fiscal y la necesidad de elevar el crecimiento requieren reformas estructurales, mientras especialistas como Mariana Mazzucato han señalado recientemente que México necesita una reforma fiscal progresiva que incluya patrimonio y ganancias de capital para ampliar la capacidad del Estado y financiar un desarrollo más inclusivo.
Desde una perspectiva Chiclosa, aquí aparece una de las grandes contradicciones del proyecto de transformación. Si el Estado quiere intervenir más activamente en la economía, construir infraestructura, garantizar derechos sociales y reducir desigualdades, necesita recursos. Y si esos recursos provienen principalmente del consumo, del trabajo y de las empresas que sí cumplen, la progresividad del sistema tiene un límite. No basta con decir que quien más gana paga más ISR; hay que preguntarse también qué ocurre con quien no depende de un salario porque su riqueza proviene fundamentalmente de activos, patrimonio, dividendos, ganancias de capital o estructuras empresariales.
La discusión fiscal, por eso, no debería plantearse como una pelea entre “subir o no subir impuestos”. La verdadera pregunta es qué México quiere financiar y quién debe pagar por él. Un país que pretende convertirse en una economía industrial más sofisticada, reducir desigualdades y garantizar servicios públicos universales necesita una base fiscal mucho más sólida. Y esa base no puede descansar indefinidamente en cobrar mejor los mismos impuestos de siempre.
Sheinbaum comienza su tercer año con una administración que ha demostrado que el Estado mexicano puede recaudar más sin aumentar las tasas generales. Eso es un logro. Pero también llega al punto en que la eficiencia empieza a encontrar sus límites. La siguiente transformación fiscal ya no consiste solamente en cobrar lo que los contribuyentes deben: consiste en decidir si las reglas mismas están haciendo que quienes más tienen contribuyan realmente en proporción a la riqueza que concentran.
Porque un Estado que quiere transformar la economía necesita algo más que austeridad y un SAT eficiente. Necesita capacidad fiscal. Y en México, la pregunta que sigue pendiente es quién está dispuesto a pagar por construirla.
Trump asegura robo de petróleo venezolano por los siguientes 100 años
El gobierno de Donald Trump acaba de cerrar uno de los acuerdos petroleros más extraordinarios de las últimas décadas. Washington tendrá una participación directa en una nueva empresa petrolera que explotará durante un siglo 17 campos venezolanos con reservas probadas de aproximadamente 65 mil millones de barriles. El gobierno estadounidense tendrá además derechos preferenciales sobre la producción, capacidad de veto sobre decisiones corporativas y una participación accionaria de 35 por ciento en la empresa matriz. Trump lo presentó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Pero detrás de la celebración hay una pregunta mucho más profunda: ¿qué significa que Estados Unidos tenga control económico sobre una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela durante los próximos cien años?
La primera precisión es importante. El titular de que Estados Unidos “será dueño del petróleo venezolano durante 100 años” simplifica demasiado la operación. Lo que se ha establecido formalmente es que las autoridades venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners —NABEP— concesiones por cien años para operar 17 campos que concentran alrededor de 65 mil millones de barriles de reservas probadas. La Casa Blanca, a través de la Office of Strategic Capital del Departamento de Guerra, recibirá 35 por ciento de participación accionaria en la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado tendrá además derecho a comprar a precio de producción 20 por ciento del petróleo generado por los campos y derecho de primera opción sobre el 80 por ciento restante. Es decir: no se trata de una transferencia jurídica de la propiedad de todo el subsuelo venezolano a Washington, pero sí de un mecanismo de control extraordinariamente amplio sobre la explotación, el capital y la comercialización de una parte estratégica de los recursos del país.
La dimensión económica ayuda a entender la magnitud. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en alrededor de 300 mil millones de barriles. Los 65 mil millones incluidos en este acuerdo representan aproximadamente una quinta parte de ese volumen. Para ponerlo en perspectiva, la propia Casa Blanca afirma que las reservas involucradas en la operación superan las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos, estimadas por Washington en unos 46 mil millones de barriles. El acuerdo, por tanto, no es una inversión petrolera convencional: es la construcción de una posición estratégica sobre un volumen de recursos comparable con el patrimonio petrolero de una gran potencia.
El contexto venezolano es fundamental. Durante décadas, el país pasó de producir más de tres millones de barriles diarios a una producción muy inferior debido a una combinación de deterioro de infraestructura, falta de inversión, problemas de gestión, sanciones estadounidenses y la crisis política que acompañó al chavismo. En 2025 la producción venezolana rondaba apenas el millón de barriles diarios, una fracción de lo que permitirían sus reservas. El argumento de Washington es que precisamente ahí está la oportunidad: aportar capital estadounidense, tecnología, equipos y acceso a mercados para volver a poner a producir campos que hoy están subutilizados. La Casa Blanca asegura que NABEP pretende invertir hasta 100 mil millones de dólares en infraestructura y que el gobierno venezolano podría recibir alrededor de 200 mil millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.
Caracas también ha presentado el acuerdo como una oportunidad de reconstrucción. Delcy Rodríguez aseguró que el pacto preserva la soberanía venezolana sobre los recursos naturales, que tendrá una duración efectiva de 25 años bajo el acuerdo energético y que busca elevar la producción hasta 1.5 millones de barriles diarios. Esa versión, sin embargo, contrasta con la documentación publicada posteriormente por Washington, que habla explícitamente de concesiones de 100 años para 17 campos. La discrepancia no es menor. En un sector donde los contratos determinan quién controla la producción y durante cuánto tiempo, la diferencia entre 25 y 100 años es precisamente la diferencia entre una inversión de largo plazo y una estructura prácticamente intergeneracional.
Y aquí aparece uno de los aspectos más delicados: la empresa que queda en el centro del acuerdo. NABEP está dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien construyó buena parte de su fortuna durante los años del chavismo y ha enfrentado investigaciones internacionales relacionadas con presunto lavado de dinero, aunque no ha sido acusado en Estados Unidos y niega haber cometido irregularidades. La administración Trump lo presenta como un operador con experiencia suficiente para recuperar rápidamente la producción venezolana. Para algunos analistas petroleros, en cambio, su papel genera dudas adicionales sobre la transparencia y la gobernanza del proyecto.
La estructura también está provocando inquietud entre las grandes petroleras. Reuters reportó que compañías importantes están evaluando con cautela su participación en Venezuela porque el acuerdo coloca al gobierno estadounidense directamente dentro de la estructura empresarial que controlará los campos. El problema es evidente: Washington quiere atraer capital privado para reconstruir la industria, pero al mismo tiempo se convierte en accionista, comprador preferente y actor con poder de veto. Para algunas empresas, eso puede hacer más complejo el cálculo de riesgos políticos y jurídicos. ExxonMobil y ConocoPhillips, por ejemplo, mantienen una memoria particularmente negativa de Venezuela después de las nacionalizaciones de activos ocurridas durante el gobierno de Hugo Chávez.
El acuerdo tampoco puede entenderse separado de la nueva legislación petrolera venezolana. En enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una reforma profunda de la legislación de hidrocarburos que abrió mucho más espacio a la inversión privada y extranjera, reduciendo el papel que anteriormente tenía PDVSA en las actividades primarias. Esa reforma creó precisamente el marco jurídico que permite la entrada de capital privado a una industria que durante décadas había estado mucho más estrechamente controlada por el Estado. El acuerdo con NABEP es, en ese sentido, la expresión más extrema de una transformación que ya estaba en marcha: Venezuela está pasando de un modelo petrolero dominado por la empresa estatal a uno donde el capital privado extranjero puede adquirir una participación mucho mayor en la explotación de los recursos.
Pero existe una segunda dimensión que probablemente sea todavía más importante que el petróleo: el poder geopolítico. La Casa Blanca no oculta que el acuerdo forma parte de una estrategia para expulsar la influencia rusa y china de Venezuela y restablecer lo que Trump denomina una nueva versión de la Doctrina Monroe. Los campos involucrados habían estado vinculados, en distintos momentos, con empresas rusas y chinas. Washington está utilizando ahora el petróleo como instrumento para reorganizar las alianzas económicas de Venezuela y convertir su sector energético en una pieza de la arquitectura estratégica estadounidense en el hemisferio. No es solamente “más petróleo para Estados Unidos”. Es también menos espacio para Moscú y Beijing.
Eso explica por qué el lenguaje utilizado por Trump resulta tan revelador. El presidente no habló simplemente de inversión, reconstrucción o cooperación energética. Habló de “dominación energética” estadounidense durante el próximo siglo y de haber restablecido la Doctrina Monroe. El petróleo aparece así como una extensión de la política exterior: quien controla la producción, controla una parte de las cadenas de suministro; quien controla el acceso al crudo, obtiene influencia sobre la economía; y quien participa en la gobernanza de la empresa que explota los campos obtiene algo todavía más valioso que barriles: capacidad de decisión.
También hay una enorme interrogante económica. Tener 65 mil millones de barriles bajo una concesión no significa que esos barriles vayan a convertirse rápidamente en producción. Buena parte del petróleo venezolano es pesado y requiere infraestructura, diluyentes, tecnología y refinerías adecuadas. La industria venezolana necesita inversiones gigantescas y años de trabajo para recuperar capacidad. Algunos analistas calculan que reconstruir la infraestructura necesaria podría tomar hasta una década y requerir alrededor de 100 mil millones de dólares. Por eso la promesa de que el acuerdo reducirá rápidamente el precio de la gasolina en Estados Unidos debe tomarse con cautela. El petróleo venezolano no aparecerá mágicamente mañana en las gasolineras estadounidenses.
Y está el problema político. Washington presenta el acuerdo como parte de una transición hacia la democracia venezolana, pero el gobierno de Delcy Rodríguez es precisamente el que está otorgando las concesiones. La oposición venezolana ha cuestionado que Estados Unidos pueda estar utilizando la reconstrucción petrolera para consolidar primero un arreglo económico y dejar para después la definición democrática del país. El gobierno de Trump sostiene que una transición política necesita antes estabilización económica. Sus críticos responden que eso invierte el orden de prioridades: primero se está definiendo quién controlará los recursos estratégicos de Venezuela y después se discutirá quién tendrá legitimidad democrática para gobernarlos.
Ahí está la verdadera dimensión histórica del acuerdo. Durante décadas, América Latina conoció una forma de relación con Estados Unidos en la que sus materias primas podían convertirse en instrumentos de influencia política. El lenguaje cambió: ahora hablamos de inversión, asociaciones público-privadas, reconstrucción, seguridad energética y transición democrática. Pero la pregunta sobre quién controla los recursos permanece. Un contrato de cien años no es simplemente un contrato de largo plazo. Es una decisión que puede comprometer a generaciones de venezolanos que todavía no han nacido.
Por eso el titular sobre “el petróleo venezolano por 100 años” no debería llevarnos únicamente a discutir si Trump consiguió una buena negociación. La discusión más importante es otra: ¿puede un país en reconstrucción entregar durante un siglo el control operativo de una quinta parte de sus reservas a una empresa respaldada directamente por el gobierno de otra potencia sin que eso transforme su soberanía económica? Y, al mismo tiempo, ¿puede Venezuela reconstruir una industria destruida sin el capital y la tecnología extranjeros que necesita? El dilema no es inversión extranjera sí o no. Es quién define las reglas, quién captura el valor creado, quién controla el recurso y, sobre todo, quién tendrá derecho a cambiar esas reglas cuando cambien las generaciones.
El petróleo venezolano no acaba de ser comprado por Estados Unidos. Algo más complejo está ocurriendo: Washington está construyendo una posición de control sobre una parte estratégica de él. Y cuando una potencia convierte los recursos naturales de otro país en una pieza de su estrategia energética, financiera y militar para los próximos cien años, ya no estamos hablando solamente de negocios. Estamos hablando de poder.
Sheinbaum hace llamado a unidad en informe de gobierno ante fisuras en Morena
Claudia Sheinbaum llegó este 1 de septiembre a su Segundo Informe de Gobierno con un mensaje que, más que administrativo, fue profundamente político: “Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”. La presidenta cerró así su discurso en Palacio Nacional, después de reivindicar la soberanía, la dignidad y la independencia de México frente a Estados Unidos. Pero la insistencia en negar una ruptura dentro de la Cuarta Transformación ocurrió precisamente cuando las tensiones internas de Morena se han vuelto uno de los principales problemas políticos del oficialismo.
El contexto hacía inevitable la lectura política. Al informe acudieron dirigentes y figuras centrales de Morena, entre ellas Ariadna Montiel, actual presidenta nacional del partido, e Ignacio Mier, coordinador de los senadores. Pero también hubo ausencias que llamaron la atención: Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán no estuvieron presentes. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y protagonista de una de las mayores crisis políticas recientes del oficialismo, tampoco acudió. En el caso de Noroña y Adán Augusto, además, sí habían asistido al primer informe de Sheinbaum.
Las ausencias, por sí solas, no demuestran una ruptura. La política mexicana está llena de agendas, desacuerdos y decisiones personales que no necesariamente significan una rebelión. Pero adquieren otro significado cuando ocurren después de meses de reacomodos internos. Morena está entrando en la etapa en la que las elecciones de 2027 comienzan a organizar las ambiciones de sus distintos grupos y, con ellas, la disputa por candidaturas, gobiernos estatales, posiciones legislativas y espacios de poder. El propio Ricardo Monreal había llamado recientemente a sus compañeros de partido a poner “primero México” y dejar en segundo plano las disputas por cargos.
La sucesión de acontecimientos de agosto volvió todavía más visible esa tensión. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya regresó brevemente a la gubernatura después de haber solicitado licencia en medio de acusaciones y señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado. Su regreso no fue consultado con el gobierno federal y terminó apenas 33 horas después, cuando la presión política desde Palacio Nacional y de distintos sectores del oficialismo hizo insostenible su permanencia. Sheinbaum terminó imponiendo una salida que fortaleció su autoridad, pero también dejó claro que la relación entre los distintos grupos de Morena ya no puede administrarse únicamente mediante la lógica de la lealtad al proyecto.
El caso Sinaloa importa porque modificó una de las reglas no escritas del movimiento: la pertenencia a Morena ya no parece suficiente para garantizar protección política. En los últimos días, desde el gobierno y desde la dirigencia partidista se ha insistido en que ningún interés personal debe estar por encima de la estabilidad del país y que ganar una encuesta interna tampoco será suficiente para obtener una candidatura si existen antecedentes cuestionables. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llevó ese mensaje a una plenaria de Morena, mientras Ariadna Montiel respaldó la idea de colocar la ética por encima de las aspiraciones individuales.
La tensión tampoco se limita a los grupos que abiertamente disputan candidaturas. Andrés Manuel López Beltrán, uno de los personajes más importantes de la estructura interna de Morena durante los primeros años del gobierno de Sheinbaum, dejó la dirigencia partidista y ha sido mencionado como posible candidato a una diputación federal en 2027. Su figura representa algo mucho más complejo para la presidenta: la continuidad de la influencia política del expresidente López Obrador dentro del movimiento. La propia Sheinbaum ha procurado mantener una relación de continuidad con su antecesor, pero al mismo tiempo ha construido progresivamente un liderazgo propio y ha tomado decisiones que no necesariamente coinciden con los intereses de todos los grupos del obradorismo.
Por eso resulta significativo que Sheinbaum haya elegido precisamente su informe presidencial para insistir en que no existe una ruptura. El mensaje no fue solamente para la oposición. También fue para Morena. La presidenta está intentando establecer una frontera política: puede haber diferencias, competencia y discusión interna, pero el movimiento no puede convertirse en una colección de grupos que utilicen el poder público para resolver sus propias disputas. En su discurso, la unidad apareció vinculada con la defensa del pueblo, la soberanía y la dignidad nacional. Es decir, la cohesión del movimiento dejó de presentarse como una virtud partidista y pasó a formar parte de la narrativa de gobierno.
Hay, además, una paradoja. La presidenta llega a este momento con una posición electoral y de opinión pública todavía fuerte. Una encuesta de Enkoll publicada alrededor del informe colocó su aprobación en 69 por ciento, mientras Morena mantenía una ventaja importante frente a sus competidores. Eso significa que las fisuras internas no son consecuencia de una derrota electoral inmediata ni de un gobierno políticamente debilitado. Al contrario: aparecen cuando el oficialismo conserva una posición dominante y, precisamente por eso, aumenta el valor de las candidaturas y de los territorios que estarán en juego en 2027.
Ese es probablemente el verdadero desafío de Sheinbaum para su tercer año de gobierno. Durante los primeros dos años, su principal tarea política fue consolidar su autoridad frente a un movimiento construido alrededor de la figura de López Obrador. Ahora tiene que hacer algo distinto: impedir que la consolidación de su liderazgo se transforme en una guerra entre facciones. La diferencia es importante. Un partido en el poder puede sobrevivir a las diferencias ideológicas; lo que resulta mucho más peligroso es que las disputas por cargos, candidaturas y control territorial terminen sustituyendo al proyecto político que permitió construir la coalición.
En ese sentido, el llamado a la unidad no necesariamente debe interpretarse como una señal de debilidad. También puede ser leído como una declaración de autoridad. Sheinbaum está diciendo que Morena puede tener grupos, pero que ninguno puede estar por encima del gobierno ni del proyecto de transformación. La crisis de Sinaloa fue una demostración de esa lógica: cuando un actor intentó regresar al poder sin el respaldo de Palacio Nacional, la presidenta consiguió reunir al oficialismo alrededor de una salida común. El mensaje fue contundente: la lealtad política ya no se mide únicamente por la cercanía con el fundador del movimiento, sino por la capacidad de alinearse con las decisiones de la presidenta en funciones.
Pero la unidad no puede construirse únicamente negando que existan divisiones. Si Morena quiere llegar cohesionado a 2027, tendrá que resolver las causas de esas tensiones: reglas claras para seleccionar candidaturas, mecanismos creíbles para revisar perfiles, límites al nepotismo y al patrimonialismo político, transparencia en las decisiones y una separación mucho más nítida entre los intereses personales de sus dirigentes y el proyecto colectivo que dicen representar. De lo contrario, la palabra “unidad” corre el riesgo de convertirse en una fórmula para esconder conflictos que tarde o temprano volverán a aparecer.
Sheinbaum tiene hoy algo que López Obrador tuvo durante buena parte de su sexenio: una enorme capacidad para mantener unida una coalición política heterogénea alrededor de un liderazgo central. Pero también enfrenta el mismo problema que aparece en todo movimiento que llega al poder después de una larga etapa de oposición: cuando ganar deja de ser el objetivo inmediato, comienza la disputa por quién se queda con el poder ganado.
El Segundo Informe de Sheinbaum ocurrió, entonces, en un momento particularmente revelador. Mientras la presidenta hablaba de soberanía frente a Estados Unidos, de bienestar y de continuidad de la Cuarta Transformación, las ausencias y los reacomodos recordaban que el principal desafío del movimiento podría estar dentro de casa. La presidenta puede tener razón cuando dice que no hay una ruptura. Pero la verdadera prueba de unidad no será que nadie contradiga esa frase frente a las cámaras. Será que Morena consiga competir por el poder en 2027 sin convertir el proyecto político en una disputa por el reparto del poder.
