Masticada diaria
Arranca proceso electoral 2027
El proceso electoral 2027 —el más grande de la historia con 21 mil cargos en disputa— costará 51 mil millones de pesos, de los cuales 47 mil corresponden al INE y 4 mil al Tribunal Electoral, monto que aún debe aprobar la Cámara de Diputados en noviembre. La cifra es mayor a la de 2021 (8,168 millones) y 2024 (9,355 millones), pero la propia administración del instituto explica el aumento por causas concretas: deberá instalar un número sin precedente de casillas (176,741, seis mil 738 más que en 2024), enfrentar una inflación proyectada de 3% y absorber el alza en el costo del papel seguridad para las boletas.
El discurso de "la elección más cara de la historia" —repetido sin matices en buena parte de la cobertura— es exactamente el argumento que el oficialismo necesita para justificar cada recorte de presupuesto y cada intento de reducir la autonomía del árbitro electoral, presentando como despilfarro lo que en realidad es el costo estructural de organizar comicios limpios en un país de 100 millones de electores. No es casualidad que ese relato circule justo cuando el Ejecutivo empuja reformas que erosionan la independencia del INE: cuestionar el costo de la democracia, sin contexto, es allanarle el camino a quienes se benefician de un árbitro electoral débil.
La pregunta que casi nadie hace es la inversa: ¿cuánto cuesta no tener un árbitro electoral fuerte, autónomo y bien financiado? Los 51 mil millones de pesos representan una fracción mínima del gasto federal total de 10.6 billones aprobado para 2027 —menos de 0.5%—, un costo que garantiza que 100 millones de electores puedan votar en condiciones de certeza. Repetir sin cuestionar el argumento de "la elección carísima" no es periodismo neutral: es hacerle el trabajo gratis a quienes quieren un INE de rodillas.
Deuda del país crece con Morena y se niegan a cobrarle más a los más ricos
La Secretaría de Hacienda reconoció, por primera vez en una década, que la deuda pública no se va a estabilizar ni a reducir durante lo que resta del sexenio: seguirá creciendo hasta alcanzar 56.4% del PIB en 2030, por encima del 54% estimado para el cierre de este 2026. Para 2027 se proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público llegue a 21.7 billones de pesos —55% del PIB—, el nivel más alto desde 1990, equivalente a 160 mil pesos por cada habitante del país, 11 mil pesos más que al cierre de 2025, según el análisis de México Evalúa.
El propio organismo fue contundente: "por primera vez en una década se entrega un presupuesto que no ancla la deuda pública. No sólo no la estabiliza ni la reduce: la proyecta al alza hasta el cierre del sexenio". El Paquete Económico 2027 apuesta a recaudar como nunca, con un aumento proyectado de 5.9% en ingresos tributarios, pero arranca cuesta arriba: los datos del SAT muestran que a julio la recaudación tuvo un crecimiento real nulo, justo cuando la economía repuntaba, lo que deja en entredicho la meta de financiar el gasto social prometido sin ampliar la base de quienes más aportan.
El gobierno insiste en que "no hay nuevos impuestos" ni reforma fiscal a la vista, mientras la deuda sube y el gasto social depende de una recaudación que no despega. La salida más obvia —una reforma fiscal progresiva que le cobre más a quienes más tienen, en un país donde la carga tributaria a las grandes fortunas sigue siendo de las más bajas de la OCDE— ni siquiera está sobre la mesa, mientras el discurso oficial sigue negando lo que sus propios números ya confirman: la deuda crece, y el problema no se resuelve solo recortando.
Trump promete 5 mil dólares a quienes voten por él por caída en las encuestas
El presidente Donald Trump prometió el miércoles un "dividendo Trump" de 5 mil dólares para cada adulto estadounidense si el Partido Republicano retiene el Congreso en las elecciones de medio término de noviembre, financiado —según él— con los ingresos arancelarios: "si ganan los republicanos, ustedes ganan con nosotros y reciben 5 mil dólares", dijo. La cifra representaría un desembolso superior a un billón de dólares, más de la mitad de todo el gasto discrecional que el gobierno federal ejerció en el año fiscal 2025, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y requeriría que el Legislativo aprobara la legislación correspondiente, algo que expertos fiscales consideran altamente improbable.
La promesa no es nueva ni ha cumplido antes: Trump ya había prometido "dividendos DOGE" de 5 mil dólares por los supuestos ahorros del recorte a la burocracia federal, y más recientemente cheques de 2 mil dólares financiados con aranceles; ninguno se materializó. Expertos legales consultados por medios estadounidenses advirtieron que la promesa condicionada a una victoria republicana bordea la línea de la compra de votos, aunque reconocen que sería difícil impugnarla legalmente porque Trump la plantea como beneficio para todos los estadounidenses, no solo para quienes voten por su partido; el propio vicepresidente JD Vance salió a defenderla en Fox News.
El anuncio llega en medio de una economía donde 67% de los estadounidenses desaprueba el manejo económico de Trump, según una encuesta de AP-NORC, y donde la deuda federal ya superó los 40 billones de dólares. Convertir una elección de medio término en subasta de cheques sin financiamiento real es la definición misma de la patada de ahogado: cuando el discurso económico no convence, se apuesta todo a la promesa de dinero fácil, aunque la aritmética —y el propio historial de promesas incumplidas de Trump— diga que ese cheque nunca va a llegar.
