Masticada diaria
Sheinbaum sí fue al Mundial cuando la invitó Trump: la contradicción de ausentarse de la inauguración histórica de México y aparecer en la final
Claudia Sheinbaum decidió no estar el 11 de junio en el Estadio Azteca cuando México hizo historia al convertirse en el primer país en inaugurar tres Copas del Mundo. Más de un mes después, sin embargo, la presidenta sí cruzó la frontera para asistir a la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, compartir el palco de autoridades con Donald Trump, Gianni Infantino y otros líderes internacionales, y participar en la ceremonia de premiación.
Este lunes 20 de julio, Sheinbaum explicó la diferencia con una frase que inevitablemente abre una contradicción política: “Una invitación personal no se puede rechazar”.
La invitación era de Donald Trump.
Según relató la propia presidenta durante su conferencia matutina, ya había recibido una convocatoria de la FIFA para acudir a la final, pero inicialmente había decidido no asistir. La situación cambió el viernes anterior al partido, cuando habló telefónicamente con Trump.
“Claudia, ¿vas a venir?”, le preguntó el presidente estadounidense, según la reconstrucción de Sheinbaum.
“Si usted me invita, presidente Trump”, respondió ella.
Trump confirmó la invitación.
Y Sheinbaum fue.
La mandataria explicó posteriormente que aceptó porque México debe mantener una buena relación con Estados Unidos y porque este tipo de encuentros deportivos también funcionan como espacios de coordinación diplomática. Durante la final tuvo conversaciones breves con Trump, con el primer ministro canadiense Mark Carney y con funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Comercio Howard Lutnick. También señaló que hubo oportunidad de comentar asuntos comerciales.
Desde el punto de vista diplomático, la decisión tiene una explicación perfectamente comprensible.
México atraviesa una relación particularmente delicada con Washington.
Está en juego el futuro del T-MEC.
Existen tensiones por aranceles.
Hay disputas sobre migración.
México acaba de presentar denuncias por la muerte de connacionales durante operativos o bajo custodia del ICE.
Y ambos gobiernos mantienen diferencias importantes en materia de seguridad, narcotráfico y soberanía.
Una invitación directa del presidente de Estados Unidos podía convertirse en una oportunidad diplomática difícil de rechazar.
El problema no es que Sheinbaum haya asistido a la final.
El problema es explicar por qué esa lógica no aplicó cuando el Mundial comenzó en su propio país.
Porque el 11 de junio no fue simplemente otro partido.
México estaba protagonizando un acontecimiento histórico.
El Estadio Azteca se convertía en el primer estadio del planeta en albergar la inauguración de tres Copas del Mundo.
La selección mexicana jugaba frente a su afición.
Millones de personas seguían el partido.
Y México aparecía ante el mundo como anfitrión de uno de los mayores acontecimientos deportivos internacionales.
La jefa del Estado mexicano decidió no estar ahí.
Sheinbaum había anunciado previamente que entregaría su boleto a una niña o joven que no tuviera posibilidades económicas de asistir al partido, presentando la decisión como un gesto hacia quienes habían quedado excluidos de un Mundial marcado por los elevados precios de las entradas.
El gesto tenía una narrativa política poderosa.
Mientras las élites ocupaban los palcos, una persona que nunca habría podido pagar una entrada ocuparía el lugar presidencial.
Era perfectamente coherente con el discurso de un gobierno que insiste en poner primero a quienes menos tienen.
Pero la asistencia a la final vuelve inevitable una pregunta:
¿por qué regalar el boleto era un gesto de solidaridad cuando el partido se jugaba en México, pero aceptar un lugar privilegiado era un deber diplomático cuando la invitación provenía de Donald Trump?
Sheinbaum argumentó este lunes que la diferencia estuvo precisamente en el carácter personal de la invitación.
“Una invitación personal no se puede rechazar”, explicó.
También señaló que siempre existirán críticas independientemente de si asiste o no a este tipo de eventos y defendió que México debe buscar una buena relación con el presidente estadounidense.
Pero precisamente ahí aparece la incongruencia.
La Presidencia de México no necesita una invitación personal para representar a México en la inauguración de un Mundial organizado por México.
Era el país anfitrión.
Era su selección.
Era su estadio.
Era su ceremonia.
Era su momento histórico.
Si la presencia presidencial podía convertirse en una herramienta diplomática durante la final, también podía tener un enorme valor simbólico durante la inauguración.
Y quizá mayor.
Porque la inauguración no pertenecía a Trump.
Pertenecía a México.
Desde una perspectiva chiclosa, el episodio revela algo más profundo sobre la relación entre el poder político y los grandes espectáculos deportivos.
Durante todo el Mundial existió una tensión entre dos relatos.
Por un lado estaba el discurso del “Mundial del pueblo”: las celebraciones públicas, los aficionados en las calles, los Fan Fest y la narrativa gubernamental de que la Copa debía pertenecer a todos.
Por otro estaba el Mundial real de la FIFA: entradas carísimas, zonas VIP, hospitalidad corporativa, patrocinadores, jefes de Estado y una élite internacional instalada alrededor de los mejores partidos.
Sheinbaum pareció marcar distancia de ese segundo Mundial cuando decidió no acudir a la inauguración.
Pero terminó apareciendo precisamente en su escenario más exclusivo.
La final.
En el palco.
Invitada personalmente por Donald Trump.
Y participando en la ceremonia de premiación.
Sheinbaum entregó el Balón de Oro a Rodri, elegido mejor jugador del torneo, y formó parte de la comitiva que entregó reconocimientos después de que España derrotara a Argentina en la final. La presidenta dijo que sintió “mucho orgullo” al participar en la ceremonia.
No hay nada incorrecto en que una presidenta represente a su país en una final mundialista.
Al contrario.
La pregunta es por qué esa representación presidencial fue considerada necesaria en Nueva Jersey y prescindible en Ciudad de México.
Hay además una paradoja política difícil de ignorar.
Sheinbaum explicó su asistencia diciendo que una invitación personal no podía rechazarse.
Pero la invitación que sí resultó irresistible vino precisamente de Trump, un presidente con quien México mantiene una relación atravesada por amenazas arancelarias, presiones migratorias y tensiones constantes sobre seguridad y soberanía.
La diplomacia exige pragmatismo.
México no puede darse el lujo de romper relaciones con su principal socio comercial por gestos simbólicos.
Pero el pragmatismo diplomático tampoco debería impedir señalar una contradicción cuando existe.
Porque si la final servía para fortalecer la relación trilateral, la inauguración servía para algo igualmente importante:
representar al país anfitrión.
México no necesitaba ganar el Mundial para vivir un momento histórico.
Ya lo había conseguido antes de que rodara el balón.
Era la primera nación del mundo en organizar tres Copas del Mundo.
Y el Estadio Azteca se convertía en un símbolo único en la historia del futbol.
La presidenta decidió mirar ese momento desde fuera.
Pero cuando Donald Trump preguntó:
“Claudia, ¿vas a venir?”
entonces sí hubo Mundial.
La cuestión no es si Sheinbaum hizo mal en asistir a la final.
La cuestión es qué dice de nuestras prioridades que una invitación del presidente de Estados Unidos tenga más peso protocolario que inaugurar, desde casa, uno de los acontecimientos más importantes que México ha organizado en décadas.
Porque quizá la contradicción más pegajosa de todo este episodio sea muy sencilla:
para inaugurar el Mundial de México, la presidenta cedió su asiento en nombre del pueblo. Para la final del Mundial de la FIFA, bastó una llamada de Trump para volver al palco.
Y esa diferencia también merece ser masticada.
Trump quiere convertir a la “extrema izquierda” en una amenaza terrorista global: Washington reúne a más de 65 países para impulsar a la extrema derecha
La administración de Donald Trump reunió este 16 de julio en Washington a representantes de más de 65 países para discutir lo que el Departamento de Estado denomina un “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”. La cumbre, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, busca construir una coordinación internacional para intercambiar inteligencia, reforzar mecanismos policiales y perseguir organizaciones que Estados Unidos clasifica dentro de una nueva categoría de amenaza: anarquistas, antifascistas y grupos revolucionarios de izquierda.
No se trata simplemente de una reunión técnica sobre seguridad.
Es un intento de redefinir quién es considerado enemigo.
La nueva estrategia antiterrorista estadounidense identifica tres grandes amenazas: el terrorismo islamista, el llamado narcoterrorismo y los “extremistas violentos de izquierda”, entre los que incluye explícitamente a anarquistas y antifascistas. Lo más llamativo no es sólo lo que aparece en esa lista.
Es lo que desapareció.
La estrategia prácticamente elimina de su marco central al terrorismo de extrema derecha y a los grupos supremacistas blancos, pese a que durante años las propias agencias estadounidenses los consideraron una de las principales amenazas de violencia doméstica.
La reunión, bautizada como Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism, fue convocada por el Departamento de Estado con el argumento de que la violencia de extrema izquierda ha sido durante demasiado tiempo un “punto ciego” dentro de la cooperación internacional contra el terrorismo. Más de 70 gobiernos fueron invitados y Washington aseguró haber recibido un amplio interés en participar. Entre los asistentes estuvo el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, mientras que varios países europeos optaron por enviar funcionarios de menor rango.
Ese detalle importa.
De acuerdo con especialistas citados por Al Jazeera, varios gobiernos europeos no parecen compartir completamente el diagnóstico estadounidense, pero tampoco quieren confrontar abiertamente a Washington. La solución diplomática fue participar, aunque sin elevar demasiado el nivel político de sus delegaciones.
Estados Unidos ya había comenzado a construir esta arquitectura en 2025, cuando designó como organizaciones terroristas a cuatro grupos europeos: Antifa Ost, de Alemania; la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, vinculada con Italia; Armed Proletarian Justice y Revolutionary Class Self-Defense, de Grecia. La cumbre de Washington pretende ahora ampliar esa lógica a una escala internacional.
Conviene hacer una distinción fundamental.
Sí existen organizaciones de izquierda que han recurrido históricamente a la violencia política.
Europa vivió en las décadas de 1970 y 1980 atentados, secuestros y asesinatos cometidos por grupos como la Fracción del Ejército Rojo en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia. América Latina también conoció guerrillas y organizaciones armadas revolucionarias durante la Guerra Fría, algunas de las cuales cometieron secuestros, atentados y homicidios.
Negar esa historia sería absurdo.
El problema aparece cuando una categoría legítima de seguridad comienza a expandirse hasta confundirse con identidades políticas mucho más amplias.
“Antifa”, por ejemplo, no es una organización internacional centralizada con una estructura única de mando.
Es una etiqueta utilizada por redes, colectivos e individuos que se identifican con el antifascismo y que pueden operar de maneras muy diferentes entre sí. Algunos han participado en actos violentos. Otros realizan protesta, organización comunitaria o activismo político completamente legal.
Convertir una identidad ideológica difusa en una categoría global de terrorismo plantea un problema evidente.
¿Quién decide dónde termina la protesta radical y dónde comienza el terrorismo?
Ese es precisamente el temor expresado por organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union, que ha advertido que estas designaciones podrían utilizarse para perseguir protestas legales, movimientos sociales y adversarios políticos bajo el argumento de combatir el extremismo.
Desde una perspectiva chiclosa, ahí está el verdadero centro de la discusión.
No se trata de justificar violencia cometida desde la izquierda.
La violencia política debe investigarse y sancionarse independientemente de la ideología de quien la cometa.
El problema es convertir el antiterrorismo en una herramienta ideológica.
Porque la misma administración que busca construir una coalición internacional contra la “extrema izquierda” ha reducido radicalmente la atención que presta al extremismo de derecha.
La estrategia resulta especialmente llamativa considerando la historia reciente de Estados Unidos.
El ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 estuvo protagonizado por grupos y militantes de extrema derecha que intentaron impedir la certificación electoral después de la derrota de Trump.
Al regresar a la presidencia, Trump indultó a personas condenadas por delitos relacionados con aquella insurrección, incluidos participantes acusados de agredir a policías.
Mientras tanto, su gobierno está construyendo una estrategia internacional para perseguir específicamente la violencia asociada con la izquierda.
La asimetría es difícil de ignorar.
Un estudio citado por Al Jazeera y elaborado por el libertario Cato Institute estimó que, entre 1975 y 2025, excluyendo el 11 de septiembre y el atentado de Oklahoma, los terroristas de derecha fueron responsables de alrededor del 45% de las personas asesinadas en ataques políticamente motivados en Estados Unidos, frente a 32% atribuible a islamistas y 16% a terroristas de izquierda.
Incluso desde una organización que difícilmente puede calificarse de izquierda, el dato contradice la idea de que la violencia política estadounidense pueda explicarse mirando únicamente hacia un extremo del espectro ideológico.
El director del International Centre for Counter-Terrorism de La Haya, Thomas Renard, describió el cambio como una politización del antiterrorismo estadounidense. Según su análisis, la amenaza de extrema derecha, que durante años fue considerada prioritaria por especialistas y agencias de seguridad, prácticamente ha desaparecido de la narrativa oficial de Washington.
Y eso crea un nuevo punto ciego.
Exactamente el fenómeno que la administración Trump asegura querer corregir.
También hay una dimensión internacional particularmente delicada.
Cuando Estados Unidos crea categorías de terrorismo y comienza a compartirlas con decenas de gobiernos, esas definiciones pueden terminar siendo utilizadas por regímenes con estándares democráticos muy distintos.
Un gobierno autoritario puede llamar “terrorista” a un grupo armado.
Pero también a estudiantes.
A sindicalistas.
A ambientalistas.
A movimientos indígenas.
A antifascistas.
O simplemente a opositores.
La historia latinoamericana debería volvernos especialmente cautelosos frente a ese lenguaje.
Durante la Guerra Fría, Washington apoyó gobiernos y dictaduras que justificaron persecuciones, desapariciones y asesinatos bajo el argumento de combatir el comunismo.
Eso no significa que la situación actual sea idéntica.
Significa que las palabras importan.
Y que cuando un Estado poderoso redefine quién puede ser considerado terrorista, esa definición rara vez se queda únicamente en los documentos.
Termina produciendo vigilancia.
Listas negras.
Congelamiento de recursos.
Restricciones migratorias.
Intercambio de inteligencia.
Persecución penal.
Y, en algunos casos, criminalización política.
La administración Trump sostiene que está corrigiendo una omisión histórica al prestar atención a la violencia de extrema izquierda.
El argumento sería mucho más creíble si aplicara el mismo criterio al extremismo de ultraderecha.
Pero no lo hace.
Ese es el problema central.
No que se investigue a organizaciones violentas de izquierda.
Sino que se construya una política antiterrorista donde una ideología aparece constantemente bajo sospecha y otra prácticamente desaparece.
Porque una política seria contra la violencia política debería empezar por algo bastante sencillo:
si una bomba explota, si una persona es asesinada o si un grupo intenta imponer sus ideas mediante el terror, la gravedad del acto no debería depender de si quien lo cometió levantaba una bandera roja, una esvástica o una bandera estadounidense.
El terrorismo no deja de ser terrorismo porque coincida con la ideología del gobierno que lo investiga.
Y el antifascismo tampoco se convierte automáticamente en terrorismo porque Donald Trump decida ponerlo en una lista.
Ese es el debate que Washington ahora quiere exportar al resto del mundo.
Y por eso vale la pena masticarlo antes de aceptar la etiqueta.
Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años: ¿proteger a la infancia o dejar intacto el negocio que creó el problema?
Francia acaba de dar uno de los pasos más radicales de Europa para limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a las grandes plataformas digitales. El Parlamento francés aprobó este 21 de julio de 2026 una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y obliga a las plataformas a implementar sistemas capaces de verificar la edad de sus usuarios.
La medida, impulsada con fuerza por el presidente Emmanuel Macron, convierte a Francia en el primer país de la Unión Europea en establecer una prohibición general de este tipo para menores de 15 años y coloca en el centro de la discusión una pregunta que hasta hace pocos años parecía impensable:
¿deberíamos tratar las redes sociales como productos para los que existe una edad mínima de acceso?
La nueva legislación fue aprobada de manera contundente: 243 votos contra 2 en el Senado y 279 contra 81 en la Asamblea Nacional. Está previsto que comience a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo escolar.
A partir de esa fecha, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en las plataformas afectadas.
Pero la ley va más lejos.
Las empresas tendrán aproximadamente cuatro meses adicionales para identificar y eliminar las cuentas existentes pertenecientes a menores de esa edad.
Eso significa que no se trata simplemente de impedir nuevos registros.
Francia quiere sacar efectivamente a los menores de 15 años de buena parte de las redes sociales.
Macron celebró la aprobación afirmando que Francia está tomando la delantera europea en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.
El argumento del gobierno parte de una preocupación que se ha extendido por prácticamente todo el mundo desarrollado.
Ansiedad.
Problemas de sueño.
Ciberacoso.
Exposición a contenidos violentos o sexualizados.
Comparación social permanente.
Problemas de autoestima.
Y, sobre todo, plataformas diseñadas deliberadamente para mantener a los usuarios conectados durante el mayor tiempo posible.
La discusión ya no gira únicamente alrededor de qué ven los menores en internet.
También alrededor de cómo está diseñado internet para capturar su atención.
Ahí está quizá la parte más importante del debate.
Las redes sociales no son simples plazas públicas digitales.
Son empresas.
Su modelo de negocio depende fundamentalmente de mantener nuestra atención para recopilar datos, vender publicidad y aumentar el tiempo que pasamos dentro de sus plataformas.
Y los menores participan en ese mercado desde edades cada vez más tempranas.
Desde una perspectiva chiclosa, la decisión francesa toca un problema que durante años dejamos prácticamente en manos de las familias.
Les dijimos a los padres:
controlen cuánto tiempo pasan sus hijos frente al celular.
Vigilen TikTok.
Revisen Instagram.
Pongan límites.
Hablen con ellos.
Pero enfrente de una familia existe una industria tecnológica multimillonaria que emplea ingenieros, psicólogos, científicos de datos y algoritmos diseñados específicamente para maximizar la interacción.
Es una competencia profundamente desigual.
Un padre intentando quitarle el teléfono a su hijo contra algunas de las empresas tecnológicas más poderosas del planeta.
Francia decidió que esa responsabilidad no puede recaer únicamente en las familias.
El Estado también debe intervenir.
Pero ahí comienza otra discusión.
Porque prohibir el acceso puede ser mucho más sencillo políticamente que transformar el modelo de negocio.
La ley francesa restringe quién puede utilizar las plataformas.
Pero no necesariamente cambia las estructuras que hacen que esas plataformas sean potencialmente problemáticas.
Los algoritmos seguirán buscando maximizar la atención.
El contenido emocionalmente extremo seguirá generando interacción.
La publicidad seguirá financiando buena parte del sistema.
Y la economía digital seguirá dependiendo de convertir nuestro tiempo en dinero.
Por eso la pregunta no debería ser únicamente:
¿a qué edad puede una persona abrir TikTok?
También debería ser:
¿por qué TikTok, Instagram, YouTube o cualquier otra plataforma pueden diseñar sistemas capaces de mantener durante horas la atención de una persona, especialmente cuando esa persona es menor de edad?
La ley francesa todavía enfrenta además un enorme desafío técnico.
¿Cómo demostrar que alguien tiene más de 15 años?
El texto no establece un único sistema obligatorio de verificación.
Las plataformas tendrán que desarrollar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios y deberán ofrecer alternativas para hacerlo. Entre las posibilidades aparecen herramientas de identidad digital como France Identité, aunque todavía existen importantes interrogantes sobre privacidad, almacenamiento de datos y vigilancia digital.
Y aquí aparece una paradoja.
Para proteger la privacidad y la salud mental de los menores quizá tengamos que construir sistemas donde todos los usuarios demuestren su edad para entrar a una red social.
Es decir:
para hacer internet más seguro podemos terminar creando una infraestructura digital donde cada vez exista menos anonimato.
Ese intercambio entre protección y privacidad será uno de los grandes debates de los próximos años.
Tampoco está completamente claro qué plataformas quedarán incluidas.
TikTok, Instagram y Snapchat parecen casos evidentes.
Pero existen zonas mucho más grises.
¿YouTube?
¿Reddit?
¿WhatsApp?
¿Discord?
¿Roblox?
¿Fortnite?
La legislación utiliza definiciones amplias provenientes de la regulación digital europea y establece algunas excepciones para enciclopedias, directorios educativos y plataformas científicas, pero determinados servicios podrían quedar afectados únicamente en algunas de sus funciones sociales.
La ley incluye además otra medida significativa:
la prohibición general del uso de teléfonos celulares en los liceos franceses, aunque cada institución podrá establecer determinadas excepciones.
La idea es sencilla.
No puedes pedirle a un adolescente que se concentre durante una clase mientras lleva en el bolsillo una máquina diseñada para enviarle estímulos constantemente.
Pero la implementación será mucho más complicada.
Francia ya restringía desde 2018 los celulares en niveles educativos inferiores y las escuelas han enfrentado dificultades prácticas para hacer cumplir esas reglas.
Ahora quiere extender esa lógica.
El movimiento francés forma parte además de una tendencia internacional mucho más grande.
Australia ya avanzó con una prohibición de redes sociales para menores de 16 años.
España y otros países europeos estudian restricciones similares.
Y la propia Unión Europea analiza la posibilidad de establecer un sistema gradual de acceso según la edad. Un grupo de expertos convocado por la Comisión Europea incluso recomendó impedir el acceso a redes sociales —incluidos ciertos asistentes de inteligencia artificial— a menores de 13 años.
Eso significa que estamos presenciando un cambio histórico en la manera en que los gobiernos entienden internet.
Durante casi tres décadas predominó una idea:
internet debía ser abierto.
La innovación debía avanzar primero.
La regulación vendría después.
Las plataformas crecieron bajo esa lógica.
Ahora estamos descubriendo las consecuencias.
Adicción digital.
Desinformación.
Polarización.
Ciberacoso.
Explotación de datos.
Algoritmos capaces de moldear comportamientos.
Y generaciones enteras que comenzaron a utilizar redes sociales antes incluso de comprender cómo funcionan.
Francia está intentando poner un límite.
Pero quizá la discusión más interesante no sea si los menores deben esperar hasta los 15 años para abrir Instagram.
La discusión verdadera es por qué hemos construido plataformas tan agresivas que necesitamos preguntarnos si nuestros hijos deberían entrar en ellas.
Porque si una tecnología necesita una edad mínima para proteger a quienes la utilizan, entonces quizá el problema no sean únicamente los usuarios demasiado jóvenes.
Quizá también tengamos que masticar qué clase de producto construimos para los adultos.
Y quién está ganando dinero con nuestra incapacidad para dejar de mirarlo.
