Masticada diaria
La ultraderecha llega al poder en Colombia
Colombia despertó este 22 de junio con un nuevo presidente y con una de las elecciones más cerradas de su historia reciente. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha apoyado públicamente por Donald Trump, derrotó por menos de un punto porcentual al senador Iván Cepeda, heredero político del proyecto progresista impulsado por el presidente saliente Gustavo Petro. Con el 99.9% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo alrededor del 49.7% de los votos frente al 48.7% de Cepeda, una diferencia cercana a los 250 mil sufragios en un país de más de 26 millones de votantes.
La victoria marca el fin de la primera experiencia de gobierno de izquierda en la historia moderna de Colombia. Apenas cuatro años después de la llegada de Petro al poder, una parte importante del electorado decidió apostar por un giro radical hacia la derecha en materia de seguridad, economía y política exterior.
Pero para entender lo que ocurrió es necesario entender quiénes eran realmente los dos candidatos.
Iván Cepeda no era un político cualquiera. Senador, defensor de derechos humanos e hijo del dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, se convirtió durante años en una de las figuras más importantes de la oposición al uribismo. Su candidatura representaba la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro: fortalecimiento del Estado social, continuidad de los procesos de paz con grupos armados, expansión de programas sociales y una transición gradual hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles.
Del otro lado apareció Abelardo de la Espriella.
Abogado mediático, empresario, celebridad de televisión y figura habitual de la derecha colombiana, construyó su candidatura alrededor de una narrativa de mano dura contra el crimen, reducción drástica del Estado, disminución de impuestos y confrontación frontal contra los grupos armados. Prometió terminar con los diálogos de paz impulsados por Petro, impulsar la explotación petrolera y de gas, construir megaprisiones y reducir en 40% el tamaño del aparato gubernamental.
Su figura recuerda inevitablemente a otros liderazgos de ultraderecha que han surgido en América Latina durante los últimos años.
Se hace llamar "El Tigre", de manera similar a cómo Javier Milei construyó la imagen del "León". Ha cultivado una estética de hombre fuerte comparable a la de Nayib Bukele. Basa buena parte de su comunicación política en redes sociales, ataques al establishment político tradicional y promesas de restaurar el orden frente a una ciudadanía cansada de la inseguridad. Incluso muchos de sus simpatizantes acudieron a celebrar la victoria utilizando consignas inspiradas directamente en el trumpismo estadounidense, incluyendo versiones locales de "Make Colombia Great Again".
Y ahí aparece uno de los elementos más delicados de esta elección.
Donald Trump intervino públicamente a favor de De la Espriella durante la campaña. La relación entre ambos nunca fue un secreto. El ahora presidente electo celebró públicamente el respaldo del mandatario estadounidense y recibió el apoyo de diversos actores del ecosistema político trumpista. La situación provocó incluso críticas de legisladores demócratas estadounidenses, quienes denunciaron lo que calificaron como una injerencia directa de Washington en el proceso electoral colombiano.
Paradójicamente, muchos de los sectores que durante años denunciaron la supuesta influencia de gobiernos progresistas extranjeros en América Latina guardaron silencio frente al respaldo explícito de Trump a uno de los candidatos.
La noche electoral reflejó perfectamente el nivel de polarización que atraviesa Colombia.
Desde Barranquilla, De la Espriella celebró el inicio de una "nueva era" y pidió a Petro y a Cepeda que no generaran conflictos sociales cuestionando los resultados. Al mismo tiempo, intentó moderar su discurso prometiendo gobernar para todos los colombianos y respetar a la oposición.
Cepeda, por su parte, reconoció los resultados preliminares, pero anunció impugnaciones sobre miles de mesas electorales y llamó a defender mediante vías institucionales los avances sociales alcanzados durante el gobierno de Petro. "Estamos abiertos al diálogo", declaró, aunque insistió en la necesidad de revisar las inconsistencias detectadas durante el conteo.
Petro fue más lejos. El presidente saliente pidió esperar los resultados definitivos del escrutinio y denunció posibles irregularidades en el proceso electoral. Aunque no llamó a desconocer los resultados, sí advirtió sobre inconsistencias que, a su juicio, debían ser revisadas antes de declarar concluida la elección.
Más allá de la disputa inmediata, el resultado tiene implicaciones regionales.
La victoria de De la Espriella se suma a una tendencia que ya se observa en países como Argentina, Ecuador y Chile, donde distintas expresiones de la nueva derecha latinoamericana han logrado capitalizar el desgaste de gobiernos progresistas y el descontento ciudadano frente a problemas persistentes de seguridad, crecimiento económico e instituciones públicas.
Sin embargo, sería un error interpretar el resultado como un cheque en blanco para la ultraderecha.
La diferencia fue inferior a un punto porcentual. Colombia no votó de manera aplastante por un proyecto conservador. Colombia quedó partida prácticamente por la mitad. Más de 12 millones de ciudadanos respaldaron a Cepeda y al proyecto progresista. Otros 13 millones apostaron por un giro radical hacia la derecha.
Por eso el verdadero desafío comienza ahora.
De la Espriella llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto sin una mayoría clara en el Congreso, con una sociedad profundamente polarizada y con una economía que enfrenta altos niveles de deuda, desaceleración económica y persistentes problemas de violencia territorial.
La pregunta no es únicamente si podrá gobernar.
La pregunta es si Colombia acaba de elegir a su Bukele, a su Milei o a algo diferente.
Y si América Latina está presenciando una nueva ola conservadora o simplemente otro capítulo del péndulo político que durante décadas ha oscilado entre la esperanza de la transformación y la promesa del orden.
Lo único claro es que Colombia acaba de convertirse en el nuevo laboratorio político de la derecha latinoamericana.
Renuncia Starmer en Reino Unido y abre la puerta a la extrema derecha
Menos de dos años después de haber logrado una de las victorias electorales más contundentes en la historia reciente del Reino Unido, el primer ministro británico, Keir Starmer anunció su renuncia el 22 de junio de 2026. La noticia sacudió a la política europea porque no se trata únicamente de la salida de un jefe de gobierno. Se trata del colapso acelerado de un proyecto político que apenas en julio de 2024 había puesto fin a catorce años de gobiernos conservadores y prometía inaugurar una nueva etapa para el laborismo británico.
La pregunta inevitable es cómo un partido que obtuvo una mayoría parlamentaria histórica pudo llegar a este punto en tan poco tiempo.
La respuesta tiene menos que ver con la oposición conservadora y más con una crisis de identidad que atraviesa hoy a buena parte de la centroizquierda occidental.
Cuando Starmer llegó al poder en 2024, lo hizo presentándose como la alternativa pragmática al caos que habían dejado el Brexit, los escándalos de Boris Johnson, el colapso económico de Liz Truss y el desgaste del gobierno conservador de Rishi Sunak. Su mensaje era sencillo: estabilidad, responsabilidad fiscal y administración competente. El problema es que gobernar únicamente desde la moderación puede ser suficiente para ganar elecciones, pero no necesariamente para mantener entusiasmo político.
Durante los últimos meses, la popularidad de Starmer se desplomó. Los votantes comenzaron a percibir a su gobierno como incapaz de resolver problemas estructurales como el costo de vida, la crisis de vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la desaceleración económica. A ello se sumaron diversas controversias internas, cambios de posición en temas clave y nombramientos que generaron fuertes tensiones dentro del propio Partido Laborista. Entre ellos destacó la designación de Peter Mandelson como embajador en Washington, una decisión que generó críticas tanto dentro como fuera del partido.
Pero quizá el factor más importante fue otro.
El crecimiento de la extrema derecha.
Mientras Starmer intentaba ocupar el centro político, el partido Reform UK de Nigel Farage comenzó a capitalizar el descontento social. En las elecciones locales celebradas en mayo de 2026, los laboristas sufrieron pérdidas históricas, cedieron cientos de cargos locales y fueron derrotados en territorios que hasta hace poco parecían seguros. Incluso perdieron por primera vez el control del Parlamento galés, uno de los bastiones históricos del laborismo británico.
La ironía es difícil de ignorar.
Starmer llegó al liderazgo laborista prometiendo evitar exactamente lo que terminó ocurriendo. Tras la derrota electoral de 2019, gran parte del establishment laborista argumentó que el partido debía abandonar posiciones más transformadoras asociadas con Jeremy Corbyn y acercarse al centro político para recuperar votantes moderados. Starmer fue el arquitecto de esa estrategia.
Ganó las elecciones.
Pero perdió el relato.
Y cuando la economía no mejoró al ritmo esperado y el malestar social siguió creciendo, muchos votantes buscaron respuestas más contundentes en otros lugares.
Algunos regresaron a la izquierda.
Muchos otros migraron hacia la derecha radical de Farage.
Desde una perspectiva chiclosa, lo ocurrido en Reino Unido forma parte de un fenómeno más amplio que también estamos observando en Francia, Alemania, Italia, Argentina y ahora Colombia.
Los partidos tradicionales de centroizquierda parecen enfrentar una crisis de representación. Durante años administraron el modelo económico existente prometiendo corregir sus excesos. Sin embargo, cada vez más ciudadanos perciben que esos gobiernos gestionan las consecuencias del sistema sin transformar las causas profundas del malestar económico. Cuando eso ocurre, la política se polariza y los extremos comienzan a crecer.
Por eso la caída de Starmer no es únicamente una noticia británica.
Es una advertencia para toda la socialdemocracia occidental.
Porque demuestra que derrotar a la derecha no garantiza neutralizarla.
Y porque confirma que gobernar sin ofrecer una narrativa de futuro puede terminar dejando espacio precisamente a quienes sí están dispuestos a ofrecerla, aunque esa narrativa esté construida sobre el miedo, el nacionalismo o la exclusión.
Ahora todas las miradas apuntan hacia Andy Burnham, exalcalde de Manchester y favorito para suceder a Starmer. Burnham representa un laborismo más cercano a las preocupaciones territoriales, más crítico del centralismo londinense y con mayor capacidad para disputar políticamente el ascenso de Farage. Diversos dirigentes laboristas ya han cerrado filas detrás de su candidatura, lo que podría convertirlo en primer ministro antes de septiembre.
La pregunta es si llegará a tiempo.
Porque el Reino Unido se prepara para nombrar a su séptimo primer ministro en apenas diez años, una cifra que refleja una inestabilidad política inédita en una democracia que durante décadas se presentó como ejemplo de continuidad institucional.
Y porque la verdadera batalla que enfrenta el laborismo ya no es solamente contra los conservadores.
Es contra una extrema derecha que ha logrado convencer a millones de británicos de que el problema no es cómo funciona el sistema.
Sino quiénes son los culpables de que funcione así.
Sheinbaum defiende libre comercio en América del Norte, ¿libre para quiénes?
Después de meses marcados por tensiones comerciales, amenazas arancelarias y declaraciones de Donald Trump cuestionando el futuro de la integración económica de América del Norte, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a colocar al T-MEC en el centro de la estrategia económica mexicana. Durante un encuentro con empresarios y representantes del sector productivo, la mandataria defendió la continuidad del acuerdo comercial y reiteró que México apostará por el diálogo trilateral con Estados Unidos y Canadá rumbo a la revisión formal del tratado que comenzará en julio.
La postura representa uno de los movimientos políticos más interesantes del sexenio hasta ahora.
Porque durante años una parte importante del discurso político de Morena se construyó alrededor de la recuperación de la soberanía económica frente a la globalización y los tratados de libre comercio. Sin embargo, cuando llega el momento de renegociar el principal acuerdo comercial del país, el gobierno de Sheinbaum se encuentra defendiendo precisamente la integración económica norteamericana como uno de los pilares fundamentales del crecimiento mexicano.
No es casualidad.
Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. La industria automotriz, la manufactura avanzada, el sector electrónico, el agroalimentario y buena parte del fenómeno del nearshoring dependen de la existencia de reglas claras para el comercio regional. La revisión del T-MEC no es simplemente una negociación comercial. Es probablemente la discusión económica más importante que enfrentará México durante todo el sexenio.
El contexto tampoco ayuda.
Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá y ha llegado a plantear públicamente que preferiría acuerdos bilaterales antes que un tratado trilateral. Su argumento es conocido: Washington debería reducir déficits comerciales y recuperar empleos industriales mediante reglas más estrictas y mayores incentivos para producir dentro de territorio estadounidense.
La respuesta de Sheinbaum ha sido llamativa.
En lugar de confrontar directamente al presidente estadounidense, la mandataria ha optado por una estrategia de pragmatismo económico. Ha insistido en que el T-MEC beneficia a los tres países, ha llegado incluso a describirlo como uno de los principales logros del primer gobierno de Trump y sostiene que la integración regional es la mejor herramienta para competir frente al ascenso económico de China.
Desde una perspectiva estrictamente económica, el argumento tiene lógica.
La integración productiva entre México, Estados Unidos y Canadá ha alcanzado niveles que difícilmente podrían desmontarse sin costos significativos para las tres economías. Un automóvil ensamblado en América del Norte puede cruzar varias veces las fronteras de los tres países antes de llegar al consumidor final. Lo mismo ocurre con componentes electrónicos, equipo médico, maquinaria industrial y una enorme cantidad de bienes intermedios. La fortaleza de la región no depende únicamente de la producción estadounidense. Depende precisamente de esa integración.
Pero la discusión también tiene una dimensión política.
Porque la defensa del T-MEC revela un cambio de tono que varios analistas han comenzado a identificar dentro del gobierno de Sheinbaum. A diferencia de López Obrador, cuya relación con el sector empresarial global fue frecuentemente ambivalente, la presidenta ha buscado enviar señales de mayor certidumbre a inversionistas nacionales e internacionales. En los últimos meses ha fortalecido equipos técnicos, reconfigurado parte de la estrategia económica y multiplicado encuentros con actores empresariales nacionales y extranjeros.
La paradoja es evidente.
Mientras buena parte de la izquierda latinoamericana continúa viendo los tratados de libre comercio como instrumentos que profundizan desigualdades y limitan la capacidad de los Estados para impulsar políticas industriales propias, el gobierno mexicano los presenta cada vez más como herramientas para proteger empleos, atraer inversiones y fortalecer la competitividad regional.
Eso no significa que las críticas históricas hayan desaparecido.
Los beneficios del TLCAN primero y del T-MEC después no se distribuyeron de manera uniforme. El sur del país continúa rezagado respecto al norte industrializado. Millones de pequeños productores agrícolas enfrentaron durante décadas dificultades para competir con importaciones subsidiadas provenientes de Estados Unidos. La productividad creció mucho más rápido que los salarios durante largos periodos. Y México sigue enfrentando enormes desafíos en innovación, infraestructura y desarrollo tecnológico.
Sin embargo, la discusión de 2026 ya no es la misma que la de 1994.
Hoy la principal preocupación del gobierno no es cómo reducir la integración económica.
Es cómo evitar que se fracture.
Y ahí aparece una de las grandes ironías de la política contemporánea.
Mientras sectores nacionalistas estadounidenses impulsan medidas proteccionistas para reducir la integración regional, es un gobierno de izquierda mexicano quien sale a defender el libre comercio norteamericano.
No porque haya desaparecido la preocupación por la soberanía.
Sino porque la soberanía económica de México en 2026 depende, en buena medida, de mantener acceso al mercado más grande del mundo.
Por eso la revisión del T-MEC será mucho más que una negociación comercial.
Será una prueba sobre el lugar que México quiere ocupar en la economía global.
Y también una prueba para el propio proyecto político de Sheinbaum.
Porque deberá demostrar que es posible defender la integración económica sin renunciar al desarrollo nacional, atraer inversión sin sacrificar capacidad regulatoria y mantener una relación estrecha con Estados Unidos sin aceptar pasivamente todas sus condiciones.
En otras palabras, tendrá que demostrar que el pragmatismo económico puede convivir con la soberanía.
Y esa, probablemente, será una de las batallas políticas más importantes de los próximos años.
