Masticada diaria
SCJN reconoce el autogobierno indígena: una deuda histórica que México empieza a saldar
Mientras buena parte del debate político nacional gira alrededor de elecciones, seguridad y relaciones con Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que podría tener consecuencias mucho más profundas para la estructura del Estado mexicano. La SCJN ratificó el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ejercer formas de autogobierno y fortaleció el reconocimiento de la libre determinación como un derecho colectivo protegido constitucionalmente.
La decisión no surge de la nada. Es la culminación de un proceso jurídico y político que se aceleró después de la reforma constitucional de septiembre de 2024, mediante la cual los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos explícitamente como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia. Dicho de otra manera: dejaron de ser vistos únicamente como grupos culturales que el Estado debe proteger y comenzaron a ser reconocidos como actores colectivos con capacidad para tomar decisiones sobre su propia organización, representación y gobierno.
El caso que dio origen a uno de los criterios más importantes llegó desde Chiapas.
En febrero de 2026, durante una sesión histórica realizada en Tenejapa, la Corte concedió un amparo a la comunidad tsotsil de La Candelaria después de que las autoridades chiapanecas argumentaran que no existía legislación suficiente para reconocer formalmente su autogobierno. La respuesta de la Corte fue contundente: la ausencia de legislación no puede utilizarse para impedir el ejercicio de un derecho constitucional. Además, ordenó al Congreso de Chiapas generar el marco jurídico necesario para garantizar ese reconocimiento.
La resolución tiene implicaciones nacionales.
Durante décadas, miles de comunidades indígenas han administrado asuntos locales mediante sistemas normativos propios, asambleas comunitarias y formas tradicionales de organización política. En estados como Oaxaca, por ejemplo, cientos de municipios eligen autoridades mediante sistemas normativos internos, conocidos popularmente como "usos y costumbres". Sin embargo, el reconocimiento jurídico de estas formas de gobierno ha sido irregular y frecuentemente dependiente de la voluntad de gobiernos estatales y congresos locales.
La Corte está diciendo algo distinto.
Está diciendo que el autogobierno no es una concesión del Estado.
Es un derecho.
Y esa diferencia es enorme.
Porque transforma la relación histórica entre el Estado mexicano y los pueblos originarios.
Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la lógica dominante fue la integración. La construcción del Estado nacional se basó en la idea de incorporar a las comunidades indígenas dentro de instituciones homogéneas, muchas veces negando o subordinando sus formas propias de organización. El reconocimiento constitucional de la autonomía implica un cambio profundo: aceptar que la diversidad política y jurídica forma parte de la propia estructura nacional.
Por supuesto, la decisión también tiene límites.
La propia Corte aclaró que el reconocimiento del autogobierno no implica la creación de un "cuarto nivel de gobierno" separado de municipios, estados y federación. Tampoco supone que cualquier persona pueda hablar en nombre de una comunidad sin autorización colectiva. De hecho, en resoluciones recientes el tribunal ha insistido en que los derechos colectivos deben ejercerse mediante mecanismos de representación comunitaria legítimos y no únicamente a través de iniciativas individuales.
Esa precisión resulta importante porque uno de los principales debates gira alrededor de quién representa realmente la voluntad colectiva de una comunidad.
La Corte ha establecido que las asambleas comunitarias y las formas tradicionales de organización deben ocupar un papel central en esa determinación. En otras palabras, el reconocimiento de la autonomía también implica respetar los procedimientos internos mediante los cuales los pueblos indígenas toman decisiones.
Desde una perspectiva chiclosa, lo más interesante del fallo es que obliga a replantear una pregunta fundamental sobre la democracia mexicana.
Durante años se nos enseñó que la democracia consiste principalmente en elegir representantes mediante elecciones periódicas. Pero para muchas comunidades indígenas la legitimidad política se construye de maneras distintas: mediante asambleas, consensos comunitarios, cargos rotativos y sistemas normativos propios que existen desde mucho antes de la creación del Estado mexicano moderno.
La resolución de la Corte reconoce que esas formas de organización no son reliquias del pasado.
Son expresiones contemporáneas de autonomía política.
Y quizá ahí radica la dimensión más importante de la decisión.
Porque no se trata únicamente de pueblos indígenas.
Se trata de la capacidad del Estado mexicano para reconocer que la nación no es uniforme y que la democracia puede adoptar formas distintas a las que históricamente han predominado en las instituciones federales.
Después de siglos de exclusión, despojo territorial y subordinación política, el reconocimiento del autogobierno indígena no resuelve automáticamente las desigualdades que siguen enfrentando millones de personas indígenas en México.
Pero sí modifica algo fundamental.
Modifica quién tiene derecho a decidir sobre su propio destino.
Y en un país donde la historia de los pueblos originarios ha estado marcada por decisiones tomadas desde fuera de sus comunidades, eso representa mucho más que una victoria jurídica.
Representa un cambio en la forma misma de entender el poder.
La verdadera elección de 2027 ya comenzó: Morena vacía el Congreso para disputar gubernaturas
Mientras la oposición sigue buscando cómo reorganizarse después de las derrotas acumuladas de los últimos años, la verdadera batalla política de México ya comenzó dentro del propio oficialismo. Esta semana, un nuevo bloque de senadoras y diputados federales de Morena solicitó licencia para abandonar temporalmente sus cargos y competir por las candidaturas a gobernador que estarán en juego en las elecciones de 2027. Lo ocurrido en el Congreso confirma algo que cada vez resulta más evidente: la principal disputa política del país ya no ocurre entre Morena y la oposición, sino entre las distintas corrientes que buscan controlar el futuro de Morena.
La Comisión Permanente recibió las solicitudes de licencia de cinco senadoras y cinco diputados morenistas que buscan registrarse en el proceso interno para convertirse en los llamados "defensores de la Cuarta Transformación", figura que en los hechos representa el paso previo para obtener una candidatura a gobernador. Entre las legisladoras destacan Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Ana Lilia Rivera en Tlaxcala, Reyna Celeste Ascencio en Michoacán, Beatriz Robles en Querétaro y Verónica Díaz en Zacatecas. Del lado de la Cámara de Diputados aparecen nombres como Gilberto Herrera en Querétaro, José Narro en Zacatecas y Gricelda Valencia en Colima.
Sin embargo, este grupo es apenas la continuación de una ola mucho más amplia.
La semana anterior ya habían recibido autorización otros 17 legisladores para separarse de sus cargos con el mismo objetivo. Entre ellos aparecen figuras de peso como Félix Salgado Macedonio en Guerrero, Imelda Castro en Sinaloa, Waldo Fernández en Nuevo León, Armando Ayala en Baja California y Beatriz Mojica en Guerrero. En total, más de dos decenas de legisladores federales han abandonado o están abandonando sus posiciones para participar en la carrera rumbo a las gubernaturas.
La magnitud del fenómeno ayuda a dimensionar lo que está en juego.
En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, decenas de congresos locales y miles de ayuntamientos. Se trata de la elección intermedia más importante desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia y probablemente de la última gran reconfiguración territorial antes de la sucesión presidencial de 2030.
Por eso la batalla por las gubernaturas importa mucho más de lo que parece.
Quien controle los estados controlará presupuestos, estructuras territoriales, movilización electoral y buena parte de la sucesión presidencial futura. Durante décadas el PRI entendió perfectamente esa lógica. Morena parece haber llegado al mismo punto de madurez política donde los gobiernos estatales se convierten en piezas fundamentales para construir liderazgos nacionales.
La paradoja es que Morena enfrenta hoy un problema típico de los partidos dominantes.
Ganó tanto que comenzó a quedarse sin enemigos externos relevantes.
En muchas entidades la oposición luce incapaz de competir seriamente contra el oficialismo. Eso provoca que la verdadera competencia se traslade hacia adentro del propio movimiento. Lo que antes era una disputa entre partidos ahora es una disputa entre grupos, corrientes, gobernadores, senadores, alcaldes y liderazgos regionales que comparten las mismas siglas pero no necesariamente los mismos intereses.
Por eso la dirigencia nacional decidió endurecer las reglas.
Morena anunció filtros especiales para impedir candidaturas de perfiles vinculados a investigaciones criminales, antecedentes penales, violencia de género o casos de nepotismo. Los aspirantes también deberán firmar compromisos para aceptar los resultados de las encuestas internas y abstenerse de utilizar recursos públicos en sus campañas de posicionamiento. La decisión ocurre en un contexto particularmente delicado para el partido, marcado por los cuestionamientos nacionales e internacionales que han rodeado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros actores políticos vinculados a investigaciones sobre crimen organizado.
La pregunta es si esos filtros serán suficientes.
Porque detrás de la narrativa de unidad aparecen conflictos regionales cada vez más visibles. En Guerrero compiten distintos grupos históricos del obradorismo. En Sinaloa la crisis de seguridad ha debilitado a varias figuras cercanas al gobierno estatal. En Zacatecas continúan las disputas entre corrientes vinculadas al monrealismo. En Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes Morena intenta crecer en territorios donde aún no logra consolidar una hegemonía política.
Desde una perspectiva chiclosa, lo que estamos viendo es el inicio de la primera gran prueba política del sexenio de Claudia Sheinbaum.
Durante los años de López Obrador, muchas de estas disputas terminaban resolviéndose por el peso político del propio presidente. Su liderazgo funcionaba como árbitro final entre grupos rivales. Hoy Morena enfrenta el desafío de institucionalizar esos procesos sin depender exclusivamente del carisma de un líder único.
En otras palabras, el partido gobernante está intentando demostrar que puede administrar el poder cuando el poder ya no está concentrado en una sola figura.
Y eso nunca es sencillo.
Porque cuando un partido controla la Presidencia, la mayoría de las gubernaturas, el Congreso y buena parte de los gobiernos locales, la lucha más intensa deja de ser contra la oposición.
Empieza a ser por decidir quién heredará ese poder.
La oposición sigue observando desde fuera.
Pero la elección más importante de 2027 ya comenzó.
Y, por ahora, se está jugando dentro de Morena.
Europa se derrite: la ola de calor que está poniendo de rodillas a gobiernos, escuelas e infraestructura
Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en las guerras, las elecciones y la economía, Europa enfrenta una emergencia que cada año deja más claro cuál será uno de los grandes desafíos políticos del siglo XXI: el calor extremo.
Esta semana, varios países europeos activaron alertas máximas por temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en regiones donde hasta hace pocos años esos registros eran prácticamente impensables. Reino Unido emitió una rara alerta roja por calor extremo, Francia convocó reuniones de crisis del gobierno nacional, Italia declaró alertas máximas en múltiples ciudades y España enfrenta noches donde la temperatura no baja de los 30 grados incluso durante la madrugada.
Lo que está ocurriendo no es solamente una ola de calor.
Es una prueba de estrés para sociedades enteras.
En Francia, más de la mitad del territorio nacional se encuentra bajo alerta roja. Las autoridades han cerrado alrededor de 1,350 escuelas, suspendido actividades públicas y movilizado servicios de emergencia ante una situación que el propio gobierno ha calificado como excepcional. El primer ministro Sébastien Lecornu convocó una reunión de crisis después de que las autoridades reportaran decenas de fallecimientos relacionados directa o indirectamente con las altas temperaturas.
Entre las imágenes más impactantes de los últimos días aparecen los reportes de al menos 40 personas fallecidas por ahogamiento en Francia desde el 18 de junio. La mayoría eran jóvenes que intentaban escapar del calor en cuerpos de agua no vigilados. También se investigan muertes asociadas a golpes de calor, incluyendo el caso de dos niños encontrados sin vida dentro de un automóvil bajo temperaturas extremas.
La situación ha alcanzado tal magnitud que incluso la infraestructura energética comienza a resentirla.
Una planta nuclear francesa cercana a Toulouse tuvo que desconectar uno de sus reactores porque el agua utilizada para enfriamiento proveniente de un río local alcanzó temperaturas demasiado elevadas para operar con seguridad. Al mismo tiempo, servicios ferroviarios han reducido operaciones, gobiernos locales han recomendado trabajo remoto y algunas ciudades han comenzado a habilitar refugios climáticos para proteger a la población más vulnerable.
En Reino Unido el panorama resulta especialmente revelador.
El país emitió una de las pocas alertas rojas por calor extremo de su historia moderna. Los pronósticos indican que varias regiones podrían alcanzar entre 38 y 40 grados centígrados, superando ampliamente récords históricos para el mes de junio establecidos hace medio siglo. Las autoridades advirtieron sobre posibles fallas eléctricas, interrupciones en servicios esenciales y riesgos para la salud incluso entre personas jóvenes y sanas.
La razón de fondo es sencilla.
Europa fue construida para enfrentar el frío.
No el calor.
Gran parte de las viviendas carece de aire acondicionado, la infraestructura urbana fue diseñada para conservar calor durante el invierno y muchos sistemas de transporte no fueron concebidos para operar durante periodos prolongados con temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados. Lo que durante décadas fue una ventaja energética se está convirtiendo en una vulnerabilidad estructural.
Desde una perspectiva chiclosa, la noticia más importante no son los récords de temperatura.
Es la velocidad con la que estos récords están cayendo.
Hace apenas dos décadas, temperaturas superiores a 40 grados eran consideradas excepcionales en buena parte de Europa occidental. Hoy gobiernos enteros discuten cómo adaptar escuelas, hospitales, ciudades, redes eléctricas y sistemas productivos a un escenario donde estos eventos dejan de ser extraordinarios para convertirse en recurrentes.
Y ahí aparece una de las grandes contradicciones de la política climática contemporánea.
Mientras algunos gobiernos europeos endurecen objetivos de reducción de emisiones y aceleran la transición energética, las consecuencias del calentamiento global ya están golpeando mucho más rápido de lo que la adaptación institucional puede responder. Incluso António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió esta semana que el continente enfrenta una muestra de los riesgos asociados a la dependencia de combustibles fósiles y al avance de puntos de no retorno climáticos.
La ola de calor de 2026 también llega apenas unos años después de que Europa experimentara algunos de los eventos climáticos más mortíferos de su historia reciente.
Los recuerdos de la ola de calor de 2003, que provocó cerca de 15 mil muertes solamente en Francia, siguen presentes en la memoria colectiva europea. Por eso las autoridades observan con preocupación cómo algunas regiones comienzan a registrar temperaturas comparables e incluso superiores a las de aquel episodio.
La pregunta ya no es si Europa tendrá que adaptarse.
La pregunta es qué tan rápido puede hacerlo.
Porque mientras continúan las discusiones diplomáticas sobre metas de emisiones para 2030 o 2050, millones de europeos están descubriendo que la crisis climática no es un problema del futuro.
Es una realidad que ya está cerrando escuelas, alterando ciudades, presionando sistemas eléctricos y cobrando vidas.
Y si eso ocurre en una de las regiones más ricas del planeta, la pregunta para países como México resulta inevitable.
¿Estamos realmente preparados para el mundo que viene?
¿O seguimos pensando que el cambio climático es una amenaza lejana cuando ya está transformando la vida cotidiana de continentes enteros?
