Masticada diaria
México consultará ley de pueblos indígenas y afromexicanos en comunidades
México está a punto de iniciar uno de los ejercicios de consulta más grandes de su historia democrática. A partir del 1 de julio comenzará la consulta nacional sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una legislación que busca reglamentar la reforma constitucional aprobada en 2024 y convertir en realidad el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. El proceso concluirá el 12 de octubre, cuando la iniciativa sea enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.
La dimensión del ejercicio resulta inédita.
El gobierno federal informó que participarán 16 mil 728 comunidades, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, convirtiéndose en la consulta más amplia realizada hasta ahora sobre una legislación nacional en materia de derechos indígenas. La propuesta será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México y cada comunidad deliberará conforme a sus propias normas, procedimientos y formas tradicionales de toma de decisiones.
La importancia de la noticia va mucho más allá del proceso de consulta.
Por primera vez desde la Independencia, México contará con una ley general dedicada exclusivamente a reconocer, desarrollar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Aunque la Constitución ha incorporado reformas importantes en materia indígena desde 1992 y particularmente después de la reforma al artículo segundo constitucional de 2024, nunca había existido una legislación integral que desarrollara esos derechos a nivel nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso como "un ejercicio único en la historia de México" y sostuvo que representa el reconocimiento de la grandeza cultural de los pueblos originarios como uno de los pilares del llamado Humanismo Mexicano. Durante la presentación de la convocatoria insistió en que el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas constituye uno de los cambios constitucionales más importantes de los últimos años.
La futura legislación abordará temas que durante décadas han permanecido dispersos entre distintas normas. Regulará el derecho a la libre determinación y la autonomía, la personalidad jurídica de las comunidades, la protección de los pueblos afromexicanos, los derechos de mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad pertenecientes a pueblos originarios, además de establecer mecanismos permanentes de consulta previa, libre e informada cuando decisiones gubernamentales puedan afectar directamente a estas comunidades.
El proceso también tiene una enorme carga histórica.
Durante buena parte del siglo XX, la política indígena mexicana estuvo marcada por una lógica de integración. El objetivo del Estado consistía en incorporar a los pueblos originarios al proyecto nacional bajo instituciones homogéneas. En las últimas décadas esa visión comenzó a transformarse gradualmente hacia un enfoque basado en derechos colectivos, autonomía y reconocimiento del carácter pluricultural del país.
Sin embargo, esa transformación ha sido larga y accidentada.
Los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, planteaban buena parte de estos principios hace casi treinta años. Muchos de esos compromisos nunca fueron plenamente incorporados a la legislación nacional, lo que convirtió el reconocimiento efectivo de los derechos indígenas en una de las grandes deudas del Estado mexicano.
Desde una perspectiva chiclosa, quizá el dato más importante no sea que México vaya a consultar una ley.
Lo verdaderamente importante es quiénes serán consultados.
Durante siglos, los pueblos indígenas fueron objeto de políticas públicas diseñadas desde la capital del país. Esta vez, al menos en el diseño institucional, el gobierno propone recorrer el camino inverso: construir una legislación escuchando primero a quienes serán sus titulares.
Eso no significa que el proceso esté exento de desafíos.
Diversas organizaciones indígenas han insistido históricamente en que una consulta no puede convertirse únicamente en un mecanismo de validación política. Debe garantizar información suficiente, deliberación libre, tiempos adecuados y capacidad real para modificar el contenido de la ley a partir de las propuestas que surjan desde las comunidades.
En otras palabras, consultar no basta.
También hay que estar dispuesto a escuchar.
Si el proceso logra incorporar efectivamente las voces de miles de comunidades, México podría estar dando uno de los pasos más importantes en materia de derechos indígenas desde la reforma constitucional de 2001 y, sobre todo, desde los Acuerdos de San Andrés.
Porque después de más de dos siglos de vida independiente, la pregunta ya no es únicamente si el Estado reconoce la diversidad cultural del país.
La pregunta es si finalmente está dispuesto a compartir el poder con quienes estuvieron aquí mucho antes de que existiera el propio Estado mexicano.
Trump convierte los 250 años de Estados Unidos en un homenaje a sí mismo: cuando el patriotismo se vuelve culto a la personalidad
Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de su Independencia, una fecha que históricamente habría servido para reflexionar sobre los ideales de libertad, democracia e igualdad que dieron origen a la república. Sin embargo, la conmemoración impulsada por Donald Trump ha tomado un rumbo muy distinto. Lo que debía ser una celebración nacional se ha transformado en un gigantesco escaparate político donde el principal protagonista no es la historia de Estados Unidos, sino el propio presidente.
Así lo describen diversos medios estadounidenses e internacionales. Trump ha desplazado buena parte de la organización originalmente prevista por la comisión bipartidista America250, creada por el Congreso en 2016 para coordinar una celebración plural, y la ha sustituido por una estructura paralela impulsada desde la Casa Blanca bajo la marca Freedom 250, estrechamente vinculada a su movimiento político. La diferencia no es solamente administrativa: también es ideológica.
El arranque de los festejos dejó clara esa intención.
En lugar de un acto institucional encabezado por representantes de distintas corrientes políticas, Trump inauguró las celebraciones con un mitin de estilo completamente electoral en el National Mall de Washington. El discurso estuvo centrado en sus propios logros de gobierno, la guerra con Irán, la política migratoria, la economía y la promesa de una nueva "Edad Dorada" para Estados Unidos. Más que un aniversario nacional, el evento recordó a un acto de campaña de MAGA.
Y eso apenas es el comienzo.
La programación contempla un enorme festival denominado Great American State Fair, un combate de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, los llamados Patriot Games, exhibiciones militares, nuevos monumentos impulsados por Trump y una serie de eventos donde el sello "Freedom 250" aparece por encima incluso de la identidad oficial de America250. Investigaciones periodísticas han documentado además que recursos públicos y privados se han mezclado en la organización, provocando cuestionamientos sobre transparencia y posibles conflictos de interés.
Uno de los episodios más polémicos fue la aparición de los llamados Freedom Trucks, museos móviles financiados con recursos federales que recorren el país presentando una versión profundamente conservadora de la historia estadounidense. Los recorridos incluyen narrativas donde los derechos aparecen como un "regalo de Dios", referencias constantes al excepcionalismo estadounidense y una visión de los Padres Fundadores cercana al nacionalismo cristiano promovido por sectores de la derecha. Historiadores han criticado que estas exposiciones minimicen temas como la esclavitud, el exterminio de pueblos indígenas y las contradicciones que acompañaron la construcción de la nación.
La controversia no termina ahí.
La Casa Blanca también presentó un "Patriot Passport", un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario que incorpora una imagen de Trump ocupando un lugar central en su diseño, junto con otros productos oficiales que han sido interpretados por críticos como una personalización excesiva de una celebración que pertenece a toda la nación y no al presidente en turno.
Desde una perspectiva chiclosa, la discusión es mucho más profunda que Donald Trump.
Lo que está en juego es la disputa por la memoria histórica.
Todas las naciones construyen relatos sobre sí mismas. Deciden qué héroes recordar, qué episodios celebrar y cuáles prefieren olvidar. Pero pocas veces esa disputa se vuelve tan explícita como ahora en Estados Unidos. Mientras una parte del país intenta conmemorar los 250 años de la independencia reconociendo tanto los logros como las contradicciones de su historia, otra busca construir una narrativa heroica, homogénea y profundamente personalizada alrededor del liderazgo presidencial.
La comparación con el Bicentenario de 1976 resulta inevitable.
Aquel aniversario ocurrió apenas dos años después del escándalo Watergate y la renuncia de Richard Nixon. Pese a la enorme crisis política, las celebraciones buscaron reconstruir un sentido de unidad nacional alrededor de la Constitución, la democracia y los valores compartidos. Medio siglo después, el país llega a su 250 aniversario mucho más polarizado y con un presidente que ha decidido convertir la efeméride en una extensión de su propio proyecto político.
Paradójicamente, el país que nació precisamente para romper con una monarquía enfrenta ahora críticas por la creciente personalización del poder.
Thomas Paine escribió en Common Sense que uno de los mayores peligros para una república era convertir a los gobernantes en objetos de veneración. Dos siglos y medio después, buena parte del debate estadounidense gira justamente alrededor de esa preocupación: cuándo el patriotismo deja de ser amor por las instituciones y comienza a confundirse con lealtad hacia un solo líder.
Porque celebrar la historia de una nación nunca es un acto neutral.
Siempre implica decidir qué historia contar.
Y en Estados Unidos, los 250 años de independencia parecen haberse convertido en otro campo de batalla dentro de la guerra cultural que atraviesa al país.
La pregunta es si, cuando lleguen los fuegos artificiales del 4 de julio, los estadounidenses estarán celebrando la independencia de su república o el culto político de quien hoy ocupa la Casa Blanca.
Sheinbaum se va con todo contra el "nuevo" PAN: ¿regresar al pasado o construir una alternativa para el futuro?
La confrontación política entre Morena y el Partido Acción Nacional entró en una nueva etapa. Después de que el PAN presentara la semana pasada su documento "Soluciones para México", un programa con más de cien propuestas que pretende convertirse en la plataforma del partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una frase que resume la estrategia discursiva del oficialismo: "Su propuesta es regresar al pasado".
Durante su conferencia matutina del 29 de junio, Sheinbaum sostuvo que el documento confirma que existen únicamente dos proyectos de nación claramente diferenciados. Según la mandataria, el PAN propone reinstalar el modelo neoliberal que gobernó México durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, caracterizado —desde la perspectiva de Morena— por privatizaciones, corrupción, privilegios y debilitamiento del Estado. "Ni siquiera son innovadores", afirmó. "Lo que quieren es regresar al pasado".
La respuesta tiene un objetivo político claro.
Durante los últimos siete años, Morena ha construido buena parte de su identidad alrededor de una dicotomía muy sencilla: pasado contra transformación. Cada vez que la oposición presenta una propuesta, el oficialismo intenta ubicarla dentro del modelo político y económico anterior a 2018. El mensaje busca impedir que el debate ocurra sobre políticas públicas concretas y trasladarlo hacia una discusión más amplia sobre qué proyecto de país representa cada bloque político.
¿Pero qué propone realmente el PAN?
El documento presentado por la dirigencia encabezada por Jorge Romero plantea reconstruir organismos autónomos desaparecidos durante el sexenio de López Obrador, vender la refinería Olmeca en Dos Bocas, crear una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario de Nayib Bukele, fortalecer policías civiles, retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, impulsar una agenda centrada en los conceptos de "familia, patria y libertad" y revertir varias de las reformas constitucionales impulsadas por Morena.
Es precisamente ahí donde Sheinbaum concentró sus críticas.
Respecto a la propuesta de vender Dos Bocas, recordó que las privatizaciones de décadas anteriores permitieron la concentración de riqueza en un pequeño grupo de empresarios y defendió la refinería como un instrumento para reducir la dependencia de importaciones de gasolina y diésel. Sobre la idea de construir una megacárcel, cuestionó la ausencia de políticas de prevención y atención a las causas sociales de la violencia, uno de los ejes centrales del discurso de seguridad de la Cuarta Transformación.
También dedicó varios minutos al nuevo lema panista.
El PAN eligió "Familia, patria y libertad" como los tres conceptos que articularán su reconstrucción política. Para Morena, esa narrativa busca acercarse a las nuevas derechas internacionales que han ganado fuerza en países como Estados Unidos, Argentina, Italia o España. Sheinbaum respondió apropiándose de esos mismos conceptos: aseguró que el "humanismo mexicano" también defiende a la familia, pero desde una visión incluyente, y cuestionó que Acción Nacional pueda asumirse como un partido patriota mientras —según dijo— algunos de sus dirigentes han solicitado mayor intervención estadounidense en asuntos de seguridad nacional.
Desde una perspectiva chiclosa, lo interesante no es solamente el intercambio de declaraciones.
Lo verdaderamente relevante es que, por primera vez en mucho tiempo, el PAN intenta presentar una propuesta programática relativamente completa y no limitarse a reaccionar frente a las iniciativas del gobierno.
Durante años, buena parte de la oposición fue criticada precisamente por eso.
Por convertirse en una fuerza definida más por su rechazo a Morena que por una visión propia de país.
Ahora intenta construir esa visión.
La pregunta es si lo está haciendo mirando hacia el futuro o reivindicando su pasado.
Y ahí el oficialismo encontró un terreno fértil para la crítica.
Porque muchas de las propuestas panistas remiten inevitablemente a debates abiertos desde hace dos décadas: privatizaciones, organismos autónomos, seguridad de mano dura, fortalecimiento del mercado y reducción del papel económico del Estado.
Eso no significa necesariamente que sean malas propuestas.
Pero sí significa que Morena puede presentarlas como el regreso de un modelo que una parte importante del electorado decidió abandonar en 2018.
Al mismo tiempo, el propio oficialismo enfrenta un desafío similar.
Después de casi ocho años en el poder, la narrativa de "la transformación" comienza a convivir con una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo más podrá gobernar definiéndose principalmente en contraste con el pasado?
Porque si la oposición necesita demostrar que no quiere simplemente regresar a los gobiernos de Fox y Calderón, Morena también necesita convencer de que su proyecto para el futuro ofrece algo más que la crítica permanente al neoliberalismo.
En otras palabras, el debate político mexicano empieza lentamente a cambiar de eje.
Ya no basta con discutir quién tuvo la culpa.
Empieza a ser necesario explicar quién tiene las mejores respuestas para los próximos veinte años.
Y esa conversación apenas comienza.
