Masticada diaria
El Mundial que no sale en las postales: 1,200 personas “desaparecidas” en México desde inicio del torneo
Mientras México vivía el Mundial entre pantallas gigantes, festejos masivos, camisetas verdes y discursos sobre la alegría nacional, las familias buscadoras volvieron a colocar en la calle la pregunta que incomoda al país anfitrión: ¿cómo se celebra una fiesta global cuando siguen desapareciendo personas todos los días?
De acuerdo con diversos colectivos de búsqueda alrededor de 1,200 personas han desaparecido en México desde el inicio del Mundial 2026. La cifra fue denunciada durante una movilización de familiares que marcharon desde la Estela de Luz por Paseo de la Reforma con mantas, fichas de búsqueda y fotografías de sus seres queridos. A la altura de la Diana Cazadora, elementos de seguridad interrumpieron por unos minutos el avance de la protesta. Después, las buscadoras retomaron la marcha y lanzaron una consigna dirigida a los aficionados reunidos en el Ángel de la Independencia: “¡Únete, únete, que tus hijos pueden ser!”. 
La escena resume la contradicción más dolorosa del Mundial mexicano. De un lado, la celebración. Del otro, la búsqueda.
De un lado, el país que quiere mostrarse al mundo como sede alegre, segura y organizada. Del otro, el país de las familias que cargan lonas con rostros impresos porque el Estado no ha sido capaz de decirles dónde están sus hijos, hijas, hermanos, madres o padres.
La cifra de 1,200 desapariciones durante el torneo no aparece en el vacío. México inició el Mundial con una crisis humanitaria acumulada de más de 134 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas citados por organizaciones civiles al arranque del torneo. Sólo en la Ciudad de México, sede del partido inaugural, se registraban más de 10 mil mujeres y casi 13 mil hombres desaparecidos o no localizados. 
Por eso las buscadoras no protestan contra el futbol. Protestan contra el silencio. La diferencia importa.
No se trata de decir que México no pueda celebrar una victoria de su Selección. Tampoco de negar que el futbol genera comunidad, alegría y una emoción popular genuina. Lo que las familias buscadoras están diciendo es mucho más profundo: ningún espectáculo internacional debería servir para tapar una tragedia nacional.
Durante las últimas semanas, los colectivos han intentado disputar el espacio público mundialista con fichas de búsqueda, camisetas, cascaritas simbólicas y protestas frente a zonas de alta visibilidad. La organización A dónde van los desaparecidos documentó cómo las familias han salido durante el Mundial precisamente para cuestionar la imagen de país que se proyecta durante el torneo y recordar que detrás de la fiesta también hay una crisis que no se detiene. 
La respuesta institucional ha sido, cuando menos, contradictoria.
Apenas unos días antes, familiares de personas desaparecidas denunciaron haber sido agredidos por policías de la Ciudad de México durante una manifestación previa al partido México-Ecuador. De acuerdo con testimonios recogidos por El País, los agentes desalojaron con fuerza a manifestantes en Calzada de Tlalpan pese a que existían acuerdos previos sobre la seguridad de la protesta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno capitalino ofrecieron disculpas y anunciaron investigaciones internas, pero los colectivos exigieron responsabilidades más altas. 
El Mundial no creó la crisis de desapariciones, pero sí la volvió imposible de ocultar.
Porque cuando un país recibe al mundo, también recibe sus preguntas.
¿Qué país es éste que puede organizar fan fests multitudinarios, blindar estadios, desplegar operativos para selecciones extranjeras y coordinar seguridad para millones de aficionados, pero no puede encontrar a quienes desaparecen dentro de su propio territorio?
¿Qué significa hablar de orgullo nacional cuando miles de familias viven en una búsqueda permanente?
¿Qué clase de imagen internacional queremos proyectar si la postal oficial excluye a quienes caminan con palas, lonas y fotografías?
El gobierno suele hablar del Mundial como una oportunidad para mostrar la grandeza de México. Y México es grande. Pero su grandeza no está únicamente en sus estadios, sus fiestas o su Selección. También está en las madres que buscan donde nadie quiere buscar. En las familias que no abandonan a los suyos. En quienes convierten el dolor en organización porque las instituciones no han estado a la altura.
Esa es también una forma de patria. Una mucho menos cómoda para la foto oficial.
La consigna de las buscadoras debería perseguirnos más allá del Mundial: “Que tus hijos pueden ser.”
Porque la desaparición no es una tragedia ajena. Es una amenaza que ha atravesado regiones, clases sociales, edades y géneros. Afecta a jóvenes que salen de fiesta, trabajadores que viajan por carretera, mujeres víctimas de violencia, migrantes, estudiantes, comerciantes, campesinos y familias enteras atrapadas en territorios donde el Estado aparece tarde o no aparece.
El Mundial terminará. Las selecciones se irán. Los patrocinadores desmontarán sus estructuras.
Las pantallas gigantes dejarán de transmitir partidos, pero las familias buscadoras seguirán ahí.
Y quizá esa sea la imagen que más debería importarnos: no la del país que logró llenar estadios, sino la del país que todavía no logra responderle a miles de familias una pregunta elemental.
¿Dónde están?
Organizaciones llaman a acabar con el despojo y extractivismo desde Chiapas
Más de 50 organizaciones de 11 países de América Latina, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, lanzaron desde Chiapas una advertencia que debería escucharse más allá de los círculos ambientalistas: el modelo de desarrollo basado en proyectos extractivistas está profundizando las disputas sociales y territoriales en la región. No se trata solamente de minas, hidroeléctricas, monocultivos, corredores industriales o megaproyectos de infraestructura. Se trata de quién decide sobre la tierra, el agua, los bosques, los cuerpos y el futuro de las comunidades. 
El pronunciamiento, firmado por organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú, sostiene que la expansión de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura suele imponerse sin garantizar plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada ni el consentimiento de los pueblos y comunidades afectadas. En otras palabras: se sigue llamando desarrollo a decisiones tomadas desde arriba, negociadas entre gobiernos y empresas, mientras los territorios que vivirán las consecuencias quedan reducidos a trámite administrativo. 
El extractivismo no es solamente una actividad económica. Es una forma de organizar el poder. Define qué territorios importan por lo que contienen debajo de la tierra, por el agua que pueden proveer, por la energía que pueden generar o por la ruta logística que pueden habilitar. Bajo esa lógica, las comunidades dejan de ser sujetos políticos y se convierten en obstáculos para la inversión. Por eso las organizaciones hablan de despojo.
Porque cuando un megaproyecto se impone sin consentimiento real, no sólo se transforma el paisaje. Se rompe el tejido comunitario, se reconfiguran economías locales, se alteran formas de gobierno propias y se abren conflictos entre quienes aceptan, quienes resisten y quienes son presionados por actores externos. El territorio deja de ser casa común y se convierte en zona de disputa.
La alerta también subraya que los impactos no son iguales para todos. Mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y personas LGBT+ enfrentan cargas diferenciadas de cuidado, discriminación y violencia. Cuando se contamina el agua, cuando se militariza un territorio o cuando una comunidad es desplazada, quienes sostienen la vida cotidiana suelen cargar primero con las consecuencias.
La dimensión más grave está en la violencia contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. Las organizaciones recordaron que América Latina sigue siendo la región más letal del mundo para las personas defensoras. Tan sólo en 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras, principalmente en Colombia, México y Brasil. La cifra revela una realidad brutal: defender un río, un bosque o una comunidad puede costar la vida. Y esa violencia no ocurre en el vacío.
El pronunciamiento denuncia una convergencia entre sectores del Estado, empresas extractivas, gigantes tecnológicos y estructuras del crimen organizado que favorece la captura institucional, profundiza la polarización social y reduce las condiciones para participar sin miedo en decisiones públicas. Dicho más claro: en demasiados territorios, quienes deberían proteger a las comunidades terminan protegiendo los intereses económicos que las amenazan.
La criminalización es parte de ese mismo mecanismo. Defensores ambientales son acusados de oponerse al progreso, de manipular comunidades, de frenar inversiones o incluso de representar amenazas a la seguridad. Mientras tanto, campañas de desprestigio, amenazas, vigilancia, hostigamiento y procesos judiciales buscan desgastar a quienes resisten. No siempre se necesita una bala para neutralizar una defensa territorial. A veces basta con convertir la vida de una persona defensora en una persecución permanente.
El caso de Chiapas no es aislado. Es un espejo regional.
En América Latina, los territorios con mayor riqueza natural suelen ser también los más expuestos a militarización, despojo, pobreza estructural y violencia. La promesa del extractivismo siempre llega envuelta en palabras grandes: empleo, inversión, modernización, energía, competitividad. Pero la pregunta que casi nunca se responde es quién captura los beneficios y quién se queda con los costos.
Porque una mina puede generar ganancias. Pero también puede dejar agua contaminada.
Una hidroeléctrica puede producir energía. Pero también puede desplazar comunidades.
Un megaproyecto puede mejorar la logística nacional. Pero también puede fracturar territorios indígenas y campesinos.
La discusión no es desarrollo sí o desarrollo no. Esa es una trampa.
La verdadera discusión es qué tipo de desarrollo, decidido por quién, con qué límites, con qué consulta, con qué garantías y para beneficio de quién.
No hay transición energética justa si se construye sobre nuevos despojos. No hay soberanía si los territorios son tratados como zonas sacrificables. No hay democracia si las comunidades sólo son escuchadas cuando ya todo está decidido. Y no hay desarrollo posible si defender la vida se convierte en una actividad de alto riesgo.
Las organizaciones hicieron un llamado a los Estados para garantizar un entorno seguro para la defensa de derechos humanos, derogar marcos legales que restrinjan el espacio cívico y construir mecanismos de protección con enfoques territoriales, interculturales, de género e interseccionales. También pidieron a la comunidad internacional mantener acompañamiento político, técnico y financiero frente al agravamiento de los riesgos. 
Pero el llamado más profundo es a la sociedad. Porque mientras el extractivismo siga presentándose como sinónimo automático de progreso, seguiremos sin mirar la parte incómoda de la ecuación: los territorios que pagan el costo de nuestro consumo, nuestra energía, nuestra infraestructura y nuestra idea de modernidad.
La pregunta no es si América Latina tiene recursos. La pregunta es si sus pueblos tienen derecho a decidir qué hacer con ellos.
Y mientras esa respuesta siga llegando desde empresas, gobiernos y élites lejos de los territorios, el desarrollo seguirá pareciéndose demasiado al despojo.
Trump controla a la FIFA y logra quitarle suspensión a jugador gringo
La Copa del Mundo de 2026 acaba de entrar en uno de sus capítulos más controvertidos. La decisión de la FIFA de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun juegue los octavos de final frente a Bélgica, pese a que había recibido una tarjeta roja que implicaba una suspensión automática, ha desatado una tormenta política y deportiva. El motivo no es únicamente la resolución en sí, sino lo que ocurrió antes: Donald Trump llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que el caso fuera revisado. Poco después, el organismo modificó la sanción. 
Balogun había sido expulsado en el partido contra Bosnia y Herzegovina tras una revisión del VAR por una entrada sobre el defensor Tarik Muharemovic. Conforme al reglamento de la Copa del Mundo, una tarjeta roja directa implica la suspensión automática para el siguiente encuentro. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió aplicar una disposición excepcional de su código disciplinario: la expulsión permanece en el historial del jugador, pero la suspensión queda diferida durante un año en calidad de prueba, permitiéndole disputar el partido frente a Bélgica. 
La controversia estalló cuando distintos medios estadounidenses revelaron que Trump había conversado con Infantino para expresar su inconformidad con la decisión arbitral y solicitar una revisión del caso. La Casa Blanca confirmó posteriormente que el presidente intervino porque consideraba injusta la expulsión, aunque sostuvo que el procedimiento disciplinario siguió siendo formalmente independiente. 
En Europa la reacción fue inmediata. La UEFA calificó la decisión como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”, advirtiendo que se cruzó una línea roja para la credibilidad del futbol internacional. A su juicio, cuando las reglas dejan de aplicarse de manera uniforme y parecen modificarse tras una llamada política, la integridad misma de la competencia queda comprometida. La Real Federación Belga de Fútbol también manifestó su sorpresa y presentó una apelación formal al considerar que se alteraron las condiciones deportivas del encuentro. 
El problema no es Balogun. Ni siquiera es Estados Unidos. El verdadero problema es la FIFA.
Durante años el organismo ha insistido en que el futbol debe permanecer separado de la política. Ha sancionado federaciones por interferencia gubernamental, suspendido asociaciones nacionales cuando considera que los gobiernos intervienen en asuntos deportivos e incluso ha utilizado ese argumento para justificar decisiones disciplinarias en distintos países.
Pero cuando quien llama es el presidente de la principal potencia mundial, la respuesta parece distinta.
Eso inevitablemente abre preguntas.
¿Habría actuado igual la FIFA si el presidente de Bolivia hubiera telefoneado para pedir la revisión de una expulsión? ¿O si la llamada hubiera provenido del presidente de Senegal, Japón o México? La controversia no gira únicamente alrededor de una tarjeta roja. Gira alrededor de si todos los países pesan lo mismo frente al máximo organismo del futbol mundial.
La relación entre Trump e Infantino tampoco surge de la nada.
Desde el inicio del Mundial ambos han mantenido una relación particularmente cercana. Trump encabeza el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo en Estados Unidos y ha aparecido junto al presidente de la FIFA en múltiples actos oficiales. Esa cercanía ya había despertado críticas, pero el caso Balogun lleva el debate a otro nivel: ya no se trata de cooperación institucional para organizar un Mundial, sino de la percepción de que un jefe de Estado puede influir en decisiones disciplinarias dentro del torneo. 
Paradójicamente, la Copa del Mundo suele presentarse como el torneo donde todos compiten bajo las mismas reglas.
Eso es precisamente lo que hace tan poderoso al futbol. Una selección pequeña puede eliminar a una potencia. Un país sin grandes recursos puede sorprender al favorito. Pero esa igualdad depende de una condición indispensable: que las reglas sean iguales para todos.
Cuando la política parece capaz de modificar decisiones arbitrales o disciplinarias, aunque sea de manera excepcional, la confianza en esa igualdad comienza a erosionarse.
La FIFA insiste en que actuó conforme a su reglamento. Legalmente puede tener razón. Pero las instituciones no viven únicamente de la legalidad. También viven de la confianza. Y en el deporte, la confianza vale tanto como las reglas. Porque un Mundial no sólo necesita buenos jugadores y grandes estadios. Necesita que millones de personas crean que el resultado se decide en la cancha y no en una llamada telefónica.
