Masticada diaria
México lleva a tribunales de Estados Unidos el asesinato de 17 connacionales bajo custodia del ICE: de la protesta diplomática a la batalla judicial
El gobierno de Claudia Sheinbaum decidió cambiar de estrategia frente a la política migratoria de Donald Trump. Después de meses de notas diplomáticas, protestas consulares y llamados al respeto de los derechos humanos, México formalizará este lunes denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Es la respuesta jurídica más contundente que ha emprendido el Estado mexicano frente a las acciones migratorias de Washington en los últimos años.
La decisión marca un cambio de fondo.
Hasta ahora, la Cancillería había privilegiado la vía diplomática: notas de protesta, reuniones con autoridades estadounidenses y denuncias ante organismos internacionales. Sin embargo, la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que llevaba más de tres décadas viviendo en Houston y que fue abatido por agentes del ICE durante una redada en la que ni siquiera era el objetivo de la operación, terminó por modificar la postura del gobierno mexicano. La presidenta Sheinbaum calificó los hechos como inaceptables y sostuvo que México "no puede permitir el maltrato" de sus connacionales.
De los 17 mexicanos fallecidos, 14 murieron dentro de centros de detención migratoria y tres perdieron la vida durante operativos de captura realizados por agentes del ICE. En varios casos, las familias denuncian negligencia médica, uso excesivo de la fuerza, condiciones inhumanas de detención y falta de información por parte de las autoridades estadounidenses. Las acciones legales también alcanzarán a empresas privadas que administran centros migratorios, como Grupo GEO, señalada por organizaciones civiles por las condiciones en instalaciones como el centro de detención de Adelanto, California.
Desde una perspectiva chiclosa, la decisión tiene un significado político que va mucho más allá de los tribunales.
Durante décadas, la relación migratoria entre México y Estados Unidos ha estado marcada por una enorme asimetría. Esta vez el gobierno mexicano está diciendo algo distinto: si existen indicios de responsabilidad penal por la muerte de ciudadanos mexicanos, esas conductas también deben investigarse en los tribunales estadounidenses.
No basta con expresar preocupación. Hay que exigir responsabilidades. Eso no significa que los casos vayan a prosperar fácilmente.
El sistema jurídico estadounidense ofrece amplias protecciones a los agentes federales que actúan en funciones oficiales y las demandas contra autoridades migratorias suelen enfrentar enormes obstáculos procesales. Precisamente por eso la decisión resulta relevante: porque busca trasladar el debate del terreno político al judicial y obligar a que las muertes sean investigadas bajo estándares penales y civiles, no solamente administrativos.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las redadas migratorias se han intensificado, las detenciones han aumentado y el ICE ha recibido mayores recursos para ejecutar deportaciones masivas. Paralelamente, organizaciones como Human Rights Watch y la ACLU han documentado denuncias por hacinamiento, falta de atención médica, uso excesivo de la fuerza y condiciones degradantes dentro de diversos centros de detención. La muerte de mexicanos bajo custodia se inserta en ese escenario más amplio de endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
También hay una dimensión de soberanía. Durante meses, la administración Trump ha exigido a México reforzar el combate al narcotráfico y colaborar más estrechamente en materia de seguridad. Ahora es México quien exige a Estados Unidos responder por la actuación de sus propias instituciones. La relación bilateral deja de ser una conversación donde sólo uno reclama. Se convierte en una discusión donde ambos gobiernos enfrentan cuestionamientos sobre derechos humanos y rendición de cuentas.
Quizá la pregunta más importante sea otra. ¿Qué significa la protección consular en el siglo XXI?
Durante mucho tiempo se entendió como asistencia jurídica, expedición de documentos o acompañamiento a migrantes detenidos. Hoy parece adquirir una dimensión distinta. Implica que el Estado mexicano esté dispuesto a litigar, denunciar y utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles cuando considera que uno de sus ciudadanos fue víctima de abusos fuera del país. Porque migrar sin documentos nunca debería equivaler a perder el derecho a la vida. Y si la muerte de un connacional bajo custodia estatal queda impune, entonces la frontera deja de ser solamente una línea entre dos países. Se convierte en un espacio donde los derechos humanos también corren el riesgo de quedarse sin protección.
Francia le cierra la puerta a una vicegobernadora argentina por racista
La Embajada de Francia en Argentina declaró persona non grata dentro de su sede y de sus actividades oficiales a Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, después de que publicara un mensaje racista contra la selección francesa durante el Mundial. La decisión no equivale a una expulsión diplomática formal ni le impide viajar a Francia, pero sí la excluye de los actos organizados por la representación francesa y congela cualquier reunión de cooperación con la provincia en la que ella participe, salvo que se retracte.
La polémica comenzó después del triunfo de Francia sobre Paraguay en los octavos de final. Casado escribió en X: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales”, utilizando el origen familiar y el color de piel de varios futbolistas para negarles implícitamente su identidad francesa. Ante las críticas, la funcionaria no ofreció una disculpa. Respondió que “sólo las personas inteligentes entienden el sarcasmo” y posteriormente insistió en publicaciones que vinculaban a la selección francesa con África.
El embajador francés Romain Nadal fue contundente al explicar la medida: en la cooperación entre Francia y Argentina “no hay lugar para el racismo”. Señaló que calificar a la selección como un “equipo africano” constituía una expresión claramente racista y recordó que, bajo la legislación francesa, el racismo no se considera simplemente una opinión, sino una conducta que puede tener consecuencias legales.
La respuesta francesa importa porque desarma una de las excusas más utilizadas para normalizar el racismo en el futbol: presentarlo como humor, provocación o “sarcasmo”. No hay nada especialmente ingenioso en insinuar que un ciudadano francés deja de ser francés porque es negro, porque sus padres nacieron en África o porque su apellido no encaja con una imagen blanca y homogénea de Europa.
El mensaje de Casado no fue un comentario aislado sobre un partido. Fue una definición política de nación. Cuando alguien llama “africano” al equipo nacional francés para desacreditarlo, no está describiendo la composición de una selección. Está diciendo quién merece ser considerado francés y quién seguirá siendo tratado como extranjero aunque haya nacido, crecido, estudiado y vivido toda su vida en Francia. Esa discusión ha perseguido a Les Bleus durante décadas.
Cuando Francia gana, sus futbolistas suelen ser presentados como símbolo de integración, diversidad y orgullo republicano. Cuando pierde o cuando ciertos sectores de derecha buscan utilizarlos como arma cultural, reaparece la pregunta sobre sus orígenes africanos, sus apellidos, su religión o el color de su piel. La nacionalidad se celebra mientras produce victorias, pero se vuelve condicional cuando la ultraderecha necesita construir un enemigo interno.
No es casualidad que la polémica ocurra en el mismo Mundial donde Kylian Mbappé ya fue víctima de insultos racistas de otra figura política sudamericana. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó expresiones ofensivas contra el capitán francés después de la eliminación de su selección. La Federación Francesa de Futbol presentó una denuncia y fiscales en París abrieron una investigación por insultos públicos agravados e incitación al odio. Tampoco es un episodio desconectado del clima político argentino.
Hebe Casado llegó a la vicegobernación de Mendoza en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo dentro de la coalición Cambia Mendoza. Se ha identificado con posiciones liberales y conservadoras, fue cercana a Patricia Bullrich y posteriormente buscó aproximarse al espacio político de Javier Milei. Su trayectoria también incluye otras controversias por declaraciones sobre la dictadura argentina, la pandemia y la educación pública.
Eso no significa que todo votante de derecha comparta su publicación. Pero sí obliga a reconocer cómo una parte de las nuevas derechas ha convertido la agresión contra minorías en una forma de identidad política. El mecanismo es conocido: se emite una expresión discriminatoria, se provoca una reacción, se acusa a los críticos de censura o falta de humor y finalmente se presenta al agresor como víctima de la llamada “cultura de la cancelación”. La decisión de la Embajada francesa rompe ese ciclo. No censura a Casado ni elimina su derecho a expresarse. Le impone un costo institucional: Francia no está obligada a recibir, legitimar ni sostener relaciones oficiales con una funcionaria que utiliza prejuicios raciales para atacar a sus ciudadanos.
Desde luego, Francia tampoco está libre de contradicciones. Es un país atravesado por desigualdades, discriminación y conflictos no resueltos con su pasado colonial. Muchos ciudadanos franceses de origen africano siguen enfrentando racismo laboral, violencia policial y cuestionamientos cotidianos sobre su pertenencia. Defender a la selección nacional no borra esos problemas.
Pero precisamente por eso importa afirmar algo elemental: los jugadores franceses no son menos franceses por ser negros, musulmanes o descendientes de migrantes. La Francia contemporánea es esa diversidad. No a pesar de ella.
También conviene precisar que la denominación de “persona non grata” utilizada por la embajada tiene aquí un alcance principalmente político e institucional. En el derecho diplomático, esa figura suele aplicarse formalmente a integrantes de misiones extranjeras. Casado no es diplomática acreditada en Francia; por tanto, la medida significa que no será recibida en la embajada ni incluida en sus actividades, no que haya sido expulsada de un país.
En América Latina existe una larga tradición de mirar el racismo europeo como si fuera un problema ajeno, mientras aquí se reproducen jerarquías de color de piel, desprecio hacia pueblos indígenas, estigmas contra migrantes y fantasías de blanquitud nacional. La publicación de una alta funcionaria argentina demuestra que esa discriminación también forma parte de nuestras estructuras políticas. El futbol sólo la volvió visible.
La pregunta no es si Hebe Casado entendió mal la diversidad de Francia. La entendió perfectamente y decidió convertirla en insulto. Por eso la respuesta francesa no debería leerse como un exceso diplomático, sino como un límite mínimo: ocupar un cargo público no otorga licencia para degradar a ciudadanos por su origen racial y después esconderse detrás de la palabra “sarcasmo”. Porque el racismo puede venir acompañado de un emoji, una broma o una referencia futbolera. Pero cuando se mastica el mensaje de fondo, sigue siendo racismo.
Expresidente español es un racista e ignorante: Francia
Mariano Rajoy convirtió una columna futbolera en un conflicto diplomático. El expresidente del gobierno español escribió que la selección de Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, una frase que provocó una reacción inmediata del gobierno francés, de la Federación Francesa de Futbol y de distintas fuerzas políticas en ambos países. El problema no es una mala elección de palabras. Es la idea de nación que contiene: que los jugadores negros o descendientes de migrantes pueden portar la camiseta, ganar títulos y representar al país, pero aun así no son considerados verdaderamente franceses.
La columna fue publicada el 10 de julio de 2026 en El Debate, días antes de la semifinal del Mundial entre Francia y España. Rajoy elogiaba el nivel competitivo de Les Bleus, pero remataba cuestionando implícitamente la nacionalidad de sus futbolistas. La Embajada de Francia en Madrid respondió con un dato sencillo: 23 de los 26 jugadores de la plantilla nacieron en Francia y los otros tres también poseen ciudadanía francesa. Todos son franceses, aunque su color de piel, sus apellidos o la historia migratoria de sus familias no coincidan con la imagen blanca y homogénea que algunos siguen utilizando como medida de pertenencia.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó el comentario como una muestra de “estupidez” o “racismo” y recordó que Francia no tiene un color de piel. Otros integrantes del gobierno de Emmanuel Macron lo consideraron “absolutamente inaceptable” y alentaron a la Federación Francesa de Futbol a valorar posibles acciones legales. Philippe Diallo, presidente de esa federación, denunció que las palabras reflejan un clima de intolerancia racial cada vez más preocupante alrededor de una selección que lleva décadas siendo atacada precisamente por representar la diversidad del país.
La respuesta española también fue política. El presidente Pedro Sánchez defendió una concepción incluyente de la nacionalidad y resumió el asunto con una frase dirigida al partido entre ambas selecciones: que gane el mejor y que pierda el racismo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió a la dirección actual del Partido Popular que se desmarcara de Rajoy. Sin embargo, el PP optó por proteger a su expresidente: su portavoz, Borja Sémper, presentó el comentario como “sarcasmo”, aseguró que no había mala intención y evitó una condena clara.
Una vez más aparece la excusa del humor para evitar nombrar el racismo. Primero se cuestiona la nacionalidad de ciudadanos negros. Después se dice que era sarcasmo. Luego se acusa a quienes protestan de exagerar, finalmente el debate deja de ser sobre el prejuicio y se convierte en una discusión sobre la supuesta censura contra quien lo expresó.
El racismo no desaparece porque se pronuncie entre bromas. Lo que Rajoy escribió es una versión educada de una vieja idea: que la ciudadanía formal no basta, porque existe una nacionalidad “auténtica” asociada a la sangre, la raza y el origen familiar. Bajo esa lógica, un futbolista puede haber nacido en París, haberse formado en academias francesas, pagar impuestos en Francia y representar internacionalmente al país, pero seguirá siendo tratado como extranjero si es negro o hijo de migrantes. Ahí está la verdadera discusión. No sobre cuántos futbolistas nacieron en Francia, sino sobre quién tiene derecho a definir qué apariencia debe tener un francés.
La polémica conecta con una historia que persigue a la selección desde su triunfo en el Mundial de 1998. Aquel equipo, popularizado bajo la fórmula “black-blanc-beur”, fue celebrado como símbolo de una Francia multicultural. Pero sectores de la extrema derecha nunca aceptaron esa lectura. Jean-Marie Le Pen cuestionó entonces que algunos jugadores no cantaran la Marsellesa o que no parecieran suficientemente franceses. Décadas después, el mismo argumento reaparece, ahora firmado no por un dirigente marginal, sino por quien fue presidente del gobierno de España entre 2011 y 2018.
Rajoy suele ser presentado como representante de una derecha tradicional, institucional y moderada, distinta de las expresiones abiertamente xenófobas de Vox o de la extrema derecha europea. Sin embargo, su columna demuestra hasta qué punto ciertas ideas han migrado desde los márgenes hacia el centro conservador. La sospecha sobre los ciudadanos de origen migrante ya no necesita consignas estridentes. Puede aparecer en una columna deportiva, escrita con tono coloquial y envuelta en una aparente obviedad.
Incluso la Agrupación Nacional de Marine Le Pen consideró escandaloso el comentario y reivindicó que Francia pertenece a todos sus ciudadanos, cualquiera que sea su origen o religión. La reacción resulta políticamente reveladora: hasta una fuerza construida históricamente alrededor del nacionalismo identitario comprendió que negar la condición francesa de una selección popular y exitosa tenía un costo demasiado alto.
Eso no convierte mágicamente a la extrema derecha francesa en antirracista. Muestra, más bien, que Rajoy logró colocarse en un terreno discursivo tan retrógrado que incluso quienes llevan años explotando la xenofobia prefirieron tomar distancia. También conviene mirar la contradicción española.
La selección de España llega a la semifinal encabezada por figuras como Lamine Yamal, hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana. Resultaría absurdo celebrar su talento como símbolo nacional y al mismo tiempo negar la nacionalidad francesa a futbolistas con historias familiares parecidas. La diversidad sólo parece aceptable cuando marca goles para “nuestro” equipo; cuando aparece en el rival, algunos vuelven a tratarla como infiltración.
El futbol deja al descubierto esa hipocresía con una claridad brutal. Las selecciones nacionales ya no son postales étnicamente homogéneas, si alguna vez lo fueron. Son reflejo de sociedades atravesadas por migraciones, colonialismo, movilidad laboral y familias construidas entre distintos países. Francia no juega “sin franceses”. Juega con la Francia que existe: diversa, mestiza y marcada tanto por su historia republicana como por su pasado colonial.
Eso tampoco significa idealizar al país. Francia sigue enfrentando discriminación laboral, segregación urbana, islamofobia y violencia policial contra ciudadanos racializados. La camiseta nacional no borra esas contradicciones. Pero negar la nacionalidad de sus jugadores no combate el racismo francés; lo reproduce desde fuera.
Mariano Rajoy no hizo un comentario inocente sobre futbol. Formuló una jerarquía de ciudadanía. Separó a los franceses que considera auténticos de quienes sólo serían franceses en los documentos. Y cuando una figura que gobernó España durante siete años cuestiona la pertenencia nacional de ciudadanos por su apariencia, la discusión deja de ser una polémica deportiva.
Se convierte en una advertencia sobre cuánto se ha normalizado el racismo en la derecha europea. Porque Francia sí juega con franceses. Lo que algunos todavía no aceptan es que los franceses ya no se parecen a la fantasía blanca que conservan en la cabeza.
