Masticada diaria
Sheinbaum propone una Ley General contra el feminicidio: busca unificar las reglas en todo México y penas de hasta 70 años
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 15 de julio una de las iniciativas más ambiciosas de su gobierno en materia de violencia de género. Se trata de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, un proyecto que busca terminar con uno de los principales problemas del sistema de justicia mexicano: que el feminicidio se investiga, se persigue y se castiga de manera distinta dependiendo del estado donde ocurrió el crimen.
La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión, establece una definición única del delito de feminicidio para todo el país, obliga a homologar los protocolos de investigación y plantea penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de 19 agravantes que aumentarían la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente, mujer embarazada, adulta mayor, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, entre otros supuestos.
Durante la presentación de la iniciativa, Sheinbaum sostuvo que el feminicidio representa "la peor forma de violencia contra las mujeres" y recordó que, aunque los homicidios dolosos han disminuido en el país, los asesinatos de mujeres por razones de género continúan siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
"El feminicidio significa quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer", afirmó la presidenta, quien aseguró que su responsabilidad como primera mujer en ocupar la Presidencia es fortalecer la protección jurídica de las mujeres y combatir la impunidad que todavía caracteriza a muchos de estos casos.
Pero la iniciativa no sólo endurece las penas.
También modifica la manera en que el Estado deberá responder frente a estos crímenes.
La propuesta obliga a que todas las fiscalías cuenten con protocolos homologados de investigación, personal especializado y perspectiva de género. Además, incorpora nuevos derechos para las víctimas indirectas, como atención psicológica, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y registros nacionales unificados que permitan conocer con mayor precisión la dimensión del problema. También plantea que quienes sean condenados por feminicidio pierdan derechos sucesorios, la patria potestad y la posibilidad de acceder a beneficios como libertad anticipada, amnistía o conmutación de penas.
Desde una perspectiva chiclosa, la iniciativa parte de un diagnóstico correcto.
Hoy el feminicidio existe en los códigos penales de las 32 entidades federativas, pero no significa exactamente lo mismo en todas.
Cada estado define elementos distintos, investiga con protocolos diferentes y aplica criterios propios para determinar cuándo una muerte violenta debe considerarse feminicidio y cuándo se clasifica simplemente como homicidio.
Esa fragmentación tiene consecuencias muy concretas.
En algunos estados, una muerte que sería investigada como feminicidio puede terminar registrada como homicidio doloso en otro.
Y cuando el delito cambia de nombre, también cambian las posibilidades de investigar, sancionar y hacer justicia.
Homologar las reglas puede reducir esa discrecionalidad.
Pero también conviene evitar una conclusión simplista.
Las penas más altas, por sí solas, no garantizan menos violencia.
México ya cuenta con algunos de los castigos más severos de América Latina para diversos delitos y eso no ha eliminado la impunidad. El verdadero desafío sigue estando en otro lugar: que las investigaciones comiencen de inmediato, que las fiscalías cuenten con capacidades suficientes, que los peritajes incorporen perspectiva de género y que las sentencias efectivamente lleguen.
La iniciativa parece reconocer esa realidad.
No apuesta únicamente por aumentar los años de cárcel.
También intenta corregir las fallas estructurales del sistema de justicia que permiten que muchos feminicidios nunca lleguen a una sentencia.
Ese quizá sea su aspecto más importante.
Porque el principal problema no es solamente cuánto castiga la ley.
Es cuántos casos logra resolver.
También existe un desafío político.
La aprobación de una Ley General implicará que los congresos estatales adapten sus legislaciones y que las fiscalías locales transformen procedimientos, capaciten personal y destinen recursos para cumplir con los nuevos estándares.
Sin ese esfuerzo institucional, la reforma corre el riesgo de convertirse en otro cambio legal que no modifica la experiencia cotidiana de las víctimas.
La pregunta de fondo es inevitable.
¿Qué necesita más México para combatir el feminicidio?
¿Penas más severas?
¿Mejores investigaciones?
¿Prevención de la violencia?
¿Educación en igualdad?
La respuesta probablemente sea que necesita todo al mismo tiempo.
La propuesta de Sheinbaum intenta avanzar en una parte importante de ese camino: construir un sistema donde la justicia deje de depender del código penal de cada estado y donde el asesinato de una mujer por razones de género reciba la misma respuesta institucional en cualquier punto del país.
Porque el lugar donde una mujer pierde la vida no debería determinar también las posibilidades de que su caso llegue a la justicia.
México escala en medios mexicanos la presión contra Washington por las muertes en el ICE pero Sheinbaum todavía no se lo comunica a Trump
La ofensiva jurídica del gobierno mexicano contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya abrió un nuevo frente en la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, pese a la gravedad del caso y a las denuncias penales presentadas por México por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o durante operativos migratorios, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, aún no han abordado directamente el tema en una conversación bilateral. Así lo confirmó el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.
De acuerdo con el diplomático, hasta ahora las gestiones se han realizado a través de los canales institucionales entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las denuncias penales, las acciones civiles contra empresas privadas que administran centros de detención y las solicitudes de investigación internacional siguen su curso, pero todavía no han llegado a la mesa de diálogo entre ambos mandatarios.
La ausencia de una conversación presidencial resulta significativa porque el tema migratorio se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre ambos gobiernos.
Durante los últimos meses, México ha endurecido progresivamente su postura frente a la política migratoria de la administración Trump. Primero exigió investigaciones por las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. Después presentó denuncias penales en tribunales estadounidenses. Más tarde solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Ahora, la expectativa es si el asunto terminará formando parte de la agenda directa entre Sheinbaum y Trump.
Lazzeri explicó que el gobierno mexicano mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses y confió en que las investigaciones avancen conforme a derecho. También reiteró que las acciones emprendidas por México no buscan romper la relación bilateral, sino garantizar justicia para las familias de las víctimas y fortalecer la protección de los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Desde una perspectiva chiclosa, el silencio entre ambos presidentes dice tanto como las declaraciones públicas.
Porque éste ya no es únicamente un diferendo consular.
Es un conflicto político.
Por primera vez en muchos años, México decidió llevar al propio gobierno estadounidense ante sus tribunales por la actuación de una de sus agencias federales.
Eso modifica el tono de la relación.
Durante décadas fue Washington quien exigía investigaciones, extradiciones o cambios en la estrategia de seguridad mexicana.
Hoy es México quien exige explicaciones por la actuación del Estado estadounidense.
La relación bilateral dejó de ser una conversación donde sólo uno señala y el otro responde.
Ahora ambos gobiernos tienen asuntos que reclamar.
También conviene poner el momento en contexto.
Sheinbaum y Trump mantienen abierta una agenda especialmente delicada que incluye la revisión del T-MEC, los aranceles al acero y al aluminio, la cooperación en seguridad, las investigaciones sobre funcionarios mexicanos, la migración y el combate al tráfico de fentanilo.
Introducir además las muertes de migrantes bajo custodia del ICE implica tocar uno de los temas más sensibles para la administración Trump, que ha hecho del endurecimiento migratorio uno de los pilares de su proyecto político.
Por eso la prudencia diplomática no necesariamente significa falta de interés.
Puede responder al cálculo de cuándo y cómo plantear un tema capaz de tensar aún más una relación que ya enfrenta múltiples frentes abiertos.
Pero esa cautela también tiene límites.
Las familias de las víctimas esperan respuestas.
Las investigaciones necesitan avanzar.
Y la presión pública aumenta conforme aparecen nuevos casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria.
En política exterior, los tiempos importan.
Hablar demasiado pronto puede cerrar puertas.
Hablar demasiado tarde puede interpretarse como indiferencia.
La pregunta ahora es cuándo llegará esa conversación.
Porque una vez que México decidió pasar de las notas diplomáticas a las denuncias penales, el tema difícilmente podrá permanecer mucho tiempo fuera del diálogo entre ambos presidentes.
Y cuando finalmente ocurra esa llamada, no sólo estará en juego la relación entre Sheinbaum y Trump.
También estará en juego el mensaje que ambos gobiernos quieran enviar sobre el valor que conceden a la vida y a los derechos humanos de millones de migrantes que cruzan la frontera cada año.
Sheinbaum acusa doble moral del PRI y PAN en caso de mexicanos asesinados: "Hay momentos en los que primero está México"
La muerte de 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos abrió un nuevo frente de confrontación política dentro de México. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reprochó a las dirigencias nacionales del PRI y del PAN haber aprovechado el momento para criticar a su gobierno en lugar de respaldar un frente común en defensa de los connacionales que viven en territorio estadounidense.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció el pronunciamiento unánime emitido por todas las fracciones parlamentarias del Senado para exigir respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, contrastó esa postura con las declaraciones posteriores de los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno, quienes centraron sus críticas en el gobierno federal sin expresar, según la presidenta, una solidaridad clara con los migrantes afectados.
"Es un momento donde hay que defender a los mexicanos, o no defenderlos", afirmó la mandataria. A su juicio, las diferencias partidistas no deberían impedir la construcción de una posición nacional cuando se trata de proteger a ciudadanos mexicanos frente a presuntas violaciones de derechos humanos en el extranjero.
Las declaraciones ocurren apenas un día después de que el gobierno mexicano formalizara denuncias penales ante autoridades estadounidenses por la muerte de 17 connacionales y anunciara una estrategia jurídica que incluye acciones civiles contra empresas que administran centros de detención migratoria, así como gestiones ante organismos internacionales de derechos humanos.
La oposición respondió con una lectura distinta.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó al gobierno de intentar utilizar políticamente la tragedia de los migrantes y calificó el llamado presidencial como una "manzana envenenada". Desde el PAN, Jorge Romero expresó respaldo a la defensa de los derechos humanos de los mexicanos, pero cuestionó que el gobierno buscara construir una unidad nacional sin haber abierto previamente espacios de diálogo con las fuerzas políticas. Movimiento Ciudadano también manifestó apoyo a la exigencia de investigar las muertes, aunque marcó distancia respecto de la estrategia política del oficialismo.
Desde una perspectiva chiclosa, el episodio deja una pregunta incómoda.
¿Existen temas que deberían quedar por encima de la competencia partidista?
En prácticamente todas las democracias, la política exterior suele ofrecer momentos donde gobierno y oposición construyen posiciones comunes frente a amenazas externas, desastres internacionales o agresiones contra sus ciudadanos. Eso no significa suspender el debate democrático ni renunciar a fiscalizar al gobierno. Significa reconocer que hay circunstancias en las que el Estado representa a toda la sociedad, no únicamente al partido que ocupa el poder.
La muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia de una agencia federal extranjera parece pertenecer a esa categoría.
Eso no obliga a respaldar todas las decisiones de la administración Sheinbaum.
Sí permite preguntarse si la prioridad inmediata debería ser discutir quién obtiene ventaja política o exigir que se esclarezcan las responsabilidades por la muerte de los connacionales.
También conviene evitar simplificaciones.
La oposición tiene derecho a cuestionar la estrategia del gobierno, pedir mayor transparencia o señalar errores diplomáticos. Esa es precisamente su función en una democracia. Del mismo modo, el Ejecutivo puede buscar construir consensos nacionales cuando enfrenta un conflicto internacional que involucra derechos humanos.
El desafío consiste en que ambas cosas puedan ocurrir al mismo tiempo.
Criticar al gobierno no tendría por qué impedir respaldar la defensa de los migrantes.
Y defender a los migrantes tampoco debería convertirse en un escudo para evitar el escrutinio sobre la política exterior.
El problema aparece cuando la discusión cambia de eje.
Cuando el foco deja de estar en las familias que perdieron a un hijo, un padre o un hermano bajo custodia del ICE y pasa a concentrarse exclusivamente en el intercambio de acusaciones entre partidos.
Porque mientras oficialismo y oposición disputan el relato político, las investigaciones siguen abiertas, las familias continúan esperando respuestas y la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años.
La verdadera prueba no será quién ganó la discusión en la conferencia matutina.
Será si México logra que las muertes de esos 17 connacionales sean investigadas con seriedad y si el Estado mexicano consigue establecer un precedente de protección efectiva para millones de personas que viven, trabajan o migran al otro lado de la frontera.
Porque antes que un debate entre Morena, PRI o PAN, este caso debería recordar algo más sencillo.
Los derechos humanos de los mexicanos no cambian de color según el partido al que pertenezcan.
Y su defensa tampoco debería hacerlo.
