Masticada Diaria
México tiene cada vez menos nacimientos: el país entra en una nueva etapa demográfica que transformará la economía y el Estado
México está dejando atrás una de las características que definieron buena parte de su historia contemporánea: el rápido crecimiento de su población. La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), informó que el país registra una tasa de crecimiento poblacional inferior al 1% anual y una fecundidad promedio de apenas 1.6 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2.1 hijos. El dato confirma que México atraviesa una profunda transición demográfica cuyas consecuencias marcarán las próximas décadas.
Durante la sesión ordinaria del Conapo, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobierno advirtió que el país enfrenta una nueva realidad poblacional: nacen menos niñas y niños, los hogares son más pequeños y la población envejece a un ritmo acelerado. Lo que durante décadas fue una preocupación por el crecimiento demográfico hoy comienza a convertirse en el desafío contrario: cómo sostener el desarrollo económico y el Estado de bienestar con una población cada vez más envejecida.
Las cifras reflejan un cambio histórico.
México pasó buena parte del siglo XX preocupado por el crecimiento acelerado de su población. En los años setenta, las políticas públicas buscaban reducir la fecundidad mediante campañas de planificación familiar bajo el lema de que "la familia pequeña vive mejor". Ese objetivo se cumplió con creces.
Hoy la tasa de fecundidad se ubica en 1.6 hijos por mujer, una cifra comparable con la de muchos países desarrollados que enfrentan procesos de envejecimiento poblacional.
Desde una perspectiva chiclosa, la noticia obliga a evitar dos errores frecuentes.
El primero consiste en presentar la caída de la natalidad como una crisis moral.
El segundo, en celebrarla automáticamente como una buena noticia ambiental o económica.
La realidad es mucho más compleja.
Que las mujeres tengan menos hijos no significa necesariamente que exista un problema.
Puede reflejar mayores niveles educativos, acceso a anticonceptivos, incorporación al mercado laboral y una mayor libertad para decidir sobre la maternidad.
Eso constituye un avance en derechos.
Pero también puede reflejar otra realidad menos optimista.
Muchas personas simplemente ya no pueden costear formar una familia.
La vivienda es más cara.
Los empleos son más precarios.
Los salarios alcanzan para menos.
Los sistemas públicos de cuidados siguen siendo insuficientes.
Y criar hijos implica costos económicos y de tiempo que muchas parejas consideran imposibles de asumir.
En ese sentido, la baja natalidad no sólo habla de decisiones individuales.
También habla del modelo económico.
Porque cuando una generación posterga indefinidamente la maternidad o la paternidad por falta de ingresos, vivienda o estabilidad laboral, el problema deja de ser exclusivamente demográfico.
Se convierte en una discusión sobre desigualdad.
Las consecuencias serán profundas.
Una población con menos nacimientos implica que, con el paso del tiempo, habrá proporcionalmente menos personas en edad de trabajar para sostener sistemas de salud, pensiones y cuidados dirigidos a una población adulta mayor cada vez más numerosa.
Conapo estima que hacia la próxima década México tendrá más personas mayores de 60 años que niñas y niños menores de 12, una inversión histórica de la pirámide poblacional.
Eso obligará a replantear prácticamente todas las políticas públicas.
Habrá que pensar cómo financiar las pensiones.
Cómo reorganizar el sistema de salud para atender enfermedades crónicas.
Cómo construir un Sistema Nacional de Cuidados que permita atender a millones de adultos mayores.
Y cómo mantener el crecimiento económico cuando la población en edad productiva deje de expandirse al ritmo de décadas anteriores.
También existe una dimensión regional.
La transición demográfica no ocurre igual en todo el país.
Mientras entidades como la Ciudad de México presentan niveles de fecundidad similares a los de varios países europeos, otros estados mantienen tasas considerablemente más altas debido a diferencias en pobreza, acceso a servicios de salud, educación sexual y oportunidades laborales. Eso significa que el envejecimiento también avanzará de manera desigual entre regiones.
La discusión internacional ofrece una advertencia.
Países como Japón, Corea del Sur, Italia o España llevan años intentando revertir la caída de la natalidad mediante subsidios, apoyos económicos o incentivos fiscales.
Los resultados han sido limitados.
Porque tener hijos no depende únicamente de un bono gubernamental.
Depende de que exista tiempo.
Estabilidad.
Vivienda.
Servicios de cuidado.
Y la expectativa de que la siguiente generación vivirá mejor que la anterior.
Ése quizá sea el verdadero reto para México.
No convencer a las personas de tener más hijos.
Sino construir un país donde formar una familia vuelva a ser una posibilidad real y no un lujo reservado para quienes pueden pagarlo.
Porque detrás de cada estadística demográfica hay una decisión profundamente humana.
Y cuando millones de personas deciden tener menos hijos —o no tenerlos— la pregunta no debería ser únicamente cuántos nacimientos hacen falta.
La pregunta también es qué condiciones sociales, económicas y laborales están haciendo cada vez más difícil imaginar un proyecto de vida con hijos.
La transición demográfica ya comenzó.
La cuestión ahora es si México llegará preparado para enfrentarla.
El único testigo directo del asesinato de Lorenzo Salgado sigue detenido por el ICE: la institución acusada también controla a quien puede contradecirla
Víctor Salgado vio morir a su hermano. Según su testimonio, se encontraba dentro de la camioneta cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos disparó contra Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo realizado el 7 de julio de 2026 en Houston, Texas. Hoy, mientras las autoridades investigan si el uso de la fuerza fue legal, Víctor permanece recluido en un centro de detención migratoria bajo control del mismo aparato federal al que pertenece el agente señalado.
La situación contiene una contradicción difícil de ignorar: uno de los testigos más importantes para esclarecer la muerte está detenido por la institución cuya versión debe ser investigada.
Lorenzo Salgado Araujo, trabajador de la construcción de 52 años y residente de Houston desde hacía más de tres décadas, no era el objetivo original del operativo. Autoridades estadounidenses admitieron que los agentes lo confundieron con otra persona debido a la semejanza del vehículo y de su apariencia. El ICE sostiene que Lorenzo utilizó la camioneta como arma, embistió un vehículo oficial e intentó atropellar a un agente, quien habría disparado en defensa propia.
Pero los hombres que viajaban con él cuentan otra historia.
Víctor Salgado y otros dos trabajadores afirman que los vehículos del ICE les cerraron el paso, que los agentes no se identificaron claramente y que ninguno de ellos se encontraba frente a la camioneta cuando comenzó el tiroteo. Según su versión, los disparos provinieron desde un costado del vehículo, una ubicación que pondría en duda el argumento de que el agente estaba a punto de ser atropellado.
No existen grabaciones de cámaras corporales o del tablero de los vehículos oficiales que permitan despejar fácilmente la contradicción. Los agentes del ICE involucrados no llevaban cámaras corporales durante la operación, por lo que los testimonios presenciales, los peritajes balísticos y la trayectoria de los disparos adquieren una importancia decisiva. El Instituto Forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio por herida de arma de fuego en el torso, una categoría médica que no determina por sí misma la responsabilidad penal, pero confirma que Lorenzo murió por la acción de otra persona.
Víctor no sólo es un testigo.
Es el hermano de la víctima.
Está atravesando un duelo mientras enfrenta la posibilidad de ser deportado y permanece encerrado en el Centro de Procesamiento de Montgomery, en Texas. Su abogada ha advertido que mantenerlo detenido dificulta su participación en las investigaciones, limita el contacto con su defensa y añade una presión migratoria extraordinaria sobre la persona que puede aportar uno de los relatos más directos acerca del momento del disparo.
La situación también afecta a los otros dos trabajadores que acompañaban a Lorenzo. Los tres han solicitado protección mediante una Visa U, mecanismo migratorio destinado a víctimas o testigos de ciertos delitos que colaboran con las autoridades. La Fiscalía del condado de Harris certificó que son testigos relevantes, pero el trámite puede tardar años y no garantiza por sí solo una liberación inmediata.
Un juez federal ordenó impedir temporalmente su deportación mientras se determina su papel en las investigaciones. Esa medida resulta fundamental: expulsarlos del país antes de que rindan declaraciones completas podría debilitar el esclarecimiento de los hechos y dejar la investigación dependiendo, en buena medida, de la propia versión institucional del ICE.
Desde una perspectiva chiclosa, el problema no consiste únicamente en que los testigos sean migrantes indocumentados.
El problema es el conflicto de poder.
Una agencia federal participó en una operación equivocada.
Uno de sus agentes mató a un hombre que no era el objetivo.
La agencia sostuvo que actuó en defensa propia.
Quienes contradicen esa versión fueron detenidos por la misma fuerza migratoria.
Y el testigo más cercano permanece bajo su custodia.
Aunque no exista todavía prueba pública de que el ICE esté intentando silenciarlo, la estructura del caso genera una apariencia evidente de intimidación y conflicto de interés. Una investigación creíble no puede depender únicamente de la buena voluntad de la institución cuestionada. Necesita autoridades independientes, acceso pleno de los testigos a sus abogados y garantías de que su situación migratoria no será utilizada para condicionar lo que declaren.
Eso no significa que un testigo deba recibir inmunidad automática por cualquier infracción migratoria.
Significa que la búsqueda de la verdad y la preservación de evidencia deben tener prioridad sobre una deportación apresurada.
Cuando el Estado necesita el testimonio de una persona para investigar una posible actuación ilegal de sus agentes, debe protegerla, no colocarla en una situación donde colaborar pueda acelerar su expulsión.
La congresista demócrata Sylvia García visitó a Víctor y a los demás testigos en el centro de detención después de que inicialmente se dificultara su acceso. Tras escucharlos, afirmó que sus relatos difieren sustancialmente de la explicación del ICE y pidió una investigación independiente. También buscó confirmar que no estuvieran siendo presionados para aceptar una salida voluntaria del país.
El caso ya es investigado por autoridades del condado de Harris, los Texas Rangers y agencias federales. México, por su parte, incluyó la muerte de Lorenzo entre los casos por los que presentó acciones legales ante autoridades estadounidenses, dentro de una ofensiva más amplia para exigir responsabilidades por la muerte de connacionales durante operativos o bajo custodia migratoria.
Pero el tiempo importa.
Cada día de detención dificulta que Víctor reconstruya los hechos en condiciones adecuadas, participe en inspecciones, se reúna extensamente con investigadores o procese la muerte de su hermano fuera de un espacio carcelario. Su encarcelamiento puede tener efectos concretos sobre la calidad y disponibilidad de la prueba, incluso si formalmente conserva el derecho a declarar.
Además, la ausencia de cámaras vuelve especialmente delicada cualquier pérdida de testimonio.
Sin una grabación directa del momento del disparo, la justicia deberá comparar relatos, posiciones físicas, impactos de bala, daños en los vehículos y evidencia forense. Deportar, aislar o mantener bajo presión a quienes estaban dentro de la camioneta podría alterar irreversiblemente esa reconstrucción.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a si Víctor tiene o no documentos migratorios.
La pregunta principal es otra:
¿puede Estados Unidos investigar de manera independiente la muerte de un mexicano cuando el testigo central permanece bajo el control de la agencia acusada?
La justicia requiere algo más que abrir un expediente.
Requiere condiciones para que los testigos hablen sin miedo.
Requiere que ninguna amenaza de deportación pese sobre cada palabra.
Y requiere que el ICE no tenga la capacidad práctica de administrar simultáneamente la versión oficial, la custodia de los testigos y el destino migratorio de quienes la contradicen.
Víctor Salgado no debería permanecer detenido como un infractor prescindible mientras su testimonio resulta indispensable para esclarecer la muerte de su hermano.
Porque cuando el único testigo directo está encerrado por la misma institución que debe rendir cuentas, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió aquella mañana en Houston.
La pregunta es si el sistema realmente quiere saberlo.
Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por una pancarta sobre las Malvinas
La semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra terminó hace apenas unas horas, pero la polémica ya se trasladó del terreno de juego a la diplomacia internacional. El primer ministro británico, Keir Starmer, respaldó la petición de que la FIFA investigue a la selección argentina después de que varios jugadores celebraran su clasificación a la final exhibiendo una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", una referencia directa al histórico conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las islas del Atlántico Sur.
La escena ocurrió al finalizar la victoria argentina por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta. Mientras los futbolistas festejaban el pase a la final, algunos de ellos desplegaron la pancarta reivindicando la soberanía argentina sobre las islas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands y en Argentina como Islas Malvinas. El gesto fue inmediatamente interpretado por el gobierno británico como una violación a las reglas de la FIFA que prohíben manifestaciones políticas durante las competencias oficiales.
Aunque Starmer no pidió directamente una sanción deportiva, sí respaldó las declaraciones de su secretario de Negocios, Peter Kyle, quien calificó la acción como una "violación grave" de los reglamentos y sostuvo que la FIFA debe investigar lo ocurrido. Downing Street fue todavía más explícito al afirmar que "el Mundial quizá no sea nuestro, pero las Islas Falkland definitivamente sí lo son", reiterando la posición británica de que la soberanía corresponde a la voluntad de los habitantes del archipiélago.
El episodio revive una disputa que supera por mucho al futbol.
Argentina reclama la soberanía sobre las Malvinas desde el siglo XIX y considera que fueron ocupadas ilegalmente por el Reino Unido en 1833. En 1982 ambos países libraron una guerra de 74 días que dejó más de 900 muertos, de los cuales alrededor de 649 fueron argentinos y 255 británicos. Desde entonces, el diferendo continúa abierto en el plano diplomático, mientras Londres sostiene que el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas legitima la permanencia de la soberanía británica.
No es la primera vez que el futbol se cruza con este conflicto.
En 2014 la selección argentina también mostró una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia y la Asociación del Fútbol Argentino recibió una multa de la FIFA por utilizar un encuentro oficial para difundir un mensaje político. Ese antecedente explica por qué ahora el gobierno británico considera que existe una posible reincidencia.
Desde una perspectiva chiclosa, el caso abre una discusión mucho más amplia que una simple sanción disciplinaria.
La FIFA insiste desde hace décadas en que el futbol debe mantenerse al margen de la política.
Pero la realidad cuenta otra historia.
Los mundiales se utilizan para proyectar poder nacional.
Los gobiernos aparecen en inauguraciones.
Los jefes de Estado entregan trofeos.
Las federaciones organizan campañas diplomáticas para conseguir sedes.
Y los propios torneos se convierten en vitrinas geopolíticas.
En otras palabras, el futbol nunca ha estado completamente separado de la política.
La verdadera pregunta es otra.
¿La FIFA aplica el mismo criterio para todos?
En los últimos años ha enfrentado críticas por respuestas desiguales frente a distintos mensajes políticos. Desde brazaletes de apoyo a la comunidad LGBTQ+ hasta expresiones relacionadas con Palestina, Ucrania o protestas antirracistas, las decisiones del organismo han sido objeto de debate por la aparente inconsistencia con la que interpreta sus propios reglamentos.
Eso significa que el problema no es únicamente la pancarta argentina.
También es la credibilidad de la FIFA para aplicar reglas iguales en contextos políticos muy distintos.
Por supuesto, también existe la otra cara del debate.
Para millones de argentinos, las Malvinas no representan una consigna partidista.
Representan una causa nacional respaldada por prácticamente todo el espectro político del país y reconocida en su Constitución. Desde esa perspectiva, el mensaje no sería propaganda electoral sino una reivindicación histórica de soberanía.
Pero precisamente ahí aparece la dificultad.
Lo que para un país constituye una reivindicación nacional, para otro representa una provocación política.
Y la FIFA termina atrapada en una discusión que trasciende el deporte.
Mientras tanto, Argentina jugará la final del Mundial frente a España con la incertidumbre de si el organismo abrirá un procedimiento disciplinario y si ese proceso tendrá consecuencias antes o después del partido. Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado sanciones formales, aunque el gobierno británico insiste en que el caso debe investigarse conforme al reglamento.
El episodio recuerda que los grandes eventos deportivos nunca ocurren en un vacío.
En la cancha se disputan goles.
Fuera de ella, muchas veces también se disputan memorias, identidades nacionales y conflictos que llevan décadas —o incluso siglos— sin resolverse.
Y quizá esa sea la paradoja del futbol moderno.
Todos repiten que el deporte debe separar a la política.
Pero basta una pancarta levantada durante unos segundos para demostrar que, muchas veces, el balón sigue cargando el peso de la historia.
