Masticada diaria
Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por delincuencia organizada: de símbolo del mito de la transición a detenido
Ernesto Ruffo Appel, una de las figuras históricas de la transición democrática mexicana y primer gobernador de oposición reconocido después de décadas de hegemonía priista, enfrentará formalmente un proceso penal acusado de participar en una presunta organización dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México. Después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas, una jueza federal determinó que la Fiscalía General de la República presentó elementos suficientes para procesar al exgobernador de Baja California y a otros siete coacusados por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico ilegal de hidrocarburos.
La resolución fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ruffo permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano junto con Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez. Otros dos acusados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, podrán continuar el proceso bajo prisión domiciliaria debido a sus condiciones de salud, mientras Adriana Magali Bárcenas Guillén seguirá recluida en un centro penitenciario del Estado de México.
La vinculación a proceso no significa que Ruffo haya sido declarado culpable. En el sistema penal mexicano esta resolución implica que la jueza encontró datos suficientes para considerar razonable que los delitos investigados pudieron haberse cometido y que los acusados pudieron haber participado en ellos. La responsabilidad penal tendrá que probarse posteriormente. Sin embargo, la decisión judicial representa un paso significativo porque permite que la Fiscalía continúe formalmente una investigación que apunta hacia una estructura empresarial y logística mucho más compleja que la imagen tradicional del robo de combustible en México.
La FGR sostiene que Ruffo y sus coacusados participaron en un entramado que utilizaba empresas, permisos de importación, documentación aduanera y transporte ferroviario para introducir hidrocarburos desde Estados Unidos evitando el pago correcto de impuestos. Según la investigación presentada ante la jueza, el esquema habría operado mediante al menos once compañías que simulaban operaciones comerciales o declaraban ante las autoridades cantidades de combustible diferentes de las que realmente ingresaban al país.
En el centro de la investigación aparece Ingemar, empresa vinculada empresarialmente con Ruffo y que, según la Fiscalía, habría desempeñado un papel relevante como consignataria de cargamentos procedentes de Estados Unidos. La acusación sostiene que la organización realizó al menos nueve embarques desde Deer Park, Texas, donde se encuentra la refinería propiedad de Pemex, para trasladar combustible hacia México mediante ferrocarril. En esas operaciones, Ingemar aparecía como consignataria y la empresa Internacional de Fundentes figuraba como destinataria final de los hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, el mecanismo habría permitido introducir al país más combustible del que oficialmente se declaraba ante las autoridades. Internacional de Fundentes había recibido permisos para importar diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbosina, pero las investigaciones señalan que habría falsificado documentación para ingresar cantidades distintas de las autorizadas o declaradas. La Fiscalía calcula que el esquema investigado involucró, en una de sus vertientes, más de 18 millones de litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.
El caso comenzó a tomar forma después de uno de los mayores aseguramientos de combustible registrados durante el actual gobierno. Un operativo realizado en Coahuila permitió localizar 129 carrotanques que transportaban aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos. A partir de ese decomiso, las autoridades comenzaron a reconstruir una red de empresas, intermediarios, operadores logísticos y movimientos financieros que presuntamente conectaba la compra de combustible en Estados Unidos con su ingreso irregular y posterior comercialización en México.
Investigaciones posteriores han dimensionado todavía más el posible tamaño de la operación. De acuerdo con información del expediente citada por El País, la red investigada habría movilizado más de 800 millones de litros de gasolina y diésel durante aproximadamente 15 meses, generando un daño fiscal estimado en al menos 5 mil 400 millones de pesos. Las autoridades investigan además posibles mecanismos de triangulación financiera entre las empresas involucradas, particularmente la relación entre Ingemar y Crismón Hidrocarburos y Derivados, una de las comercializadoras vinculadas con el combustible asegurado.
La dimensión del caso ayuda también a entender cómo ha cambiado el fenómeno del huachicol en México. Durante años, el robo de combustible estuvo asociado principalmente con tomas clandestinas perforadas en ductos de Pemex, pipas que transportaban gasolina robada y organizaciones criminales que controlaban territorios atravesados por infraestructura petrolera. El llamado huachicol fiscal opera de manera diferente: puede utilizar combustible adquirido legalmente en el extranjero, pero obtiene sus ganancias mediante contrabando, subvaluación, documentación falsa o evasión de impuestos al momento de introducirlo al país.
Eso requiere una infraestructura mucho más sofisticada. Para mover millones de litros de combustible no basta con una organización criminal escondida alrededor de un ducto. Se necesitan empresas legalmente constituidas, agentes aduanales, permisos, documentos de importación, transporte ferroviario o marítimo, terminales de almacenamiento, compradores y mecanismos financieros capaces de procesar enormes cantidades de dinero. Por eso el expediente contra Ruffo resulta relevante más allá de su figura política: si las acusaciones de la Fiscalía se sostienen, estaríamos frente a una estructura empresarial de contrabando capaz de operar a escala industrial a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
La defensa del exgobernador rechaza que su participación empresarial demuestre que conociera o dirigiera actividades ilegales. Ruffo ha sostenido que Ingemar realizaba servicios relacionados con operaciones aduaneras y que su condición de accionista no significa que tuviera conocimiento de irregularidades en cada cargamento gestionado por la compañía. Esa será precisamente una de las cuestiones centrales que deberá resolver el proceso judicial: no basta con demostrar que una empresa vinculada con Ruffo participó en determinadas operaciones; la Fiscalía tendrá que acreditar cuál fue concretamente su intervención, qué conocía sobre los movimientos investigados y si efectivamente participó en una organización creada para cometer delitos.
La FGR sostiene una tesis mucho más grave. De acuerdo con la investigación, Ruffo habría desempeñado un papel estratégico dentro de la estructura empresarial relacionada con el contrabando. La Fiscalía busca penas que podrían alcanzar entre 20 y 40 años de prisión por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. La audiencia en la que se resolvió su vinculación fue declarada privada porque, según las autoridades, durante la presentación de las pruebas aparecieron nombres de otras personas involucradas que todavía no han sido detenidas, lo que indica que la investigación continúa abierta y podría producir nuevas órdenes de aprehensión.
La relevancia política del caso es inevitable porque Ruffo no es un personaje secundario en la historia contemporánea de México. En 1989 ganó la gubernatura de Baja California como candidato del PAN y se convirtió en el primer gobernador opositor reconocido electoralmente después de décadas de dominio prácticamente absoluto del PRI sobre los gobiernos estatales. Su victoria ocurrió once años antes de que Vicente Fox lograra la primera alternancia presidencial y convirtió a Ruffo en uno de los símbolos de la apertura democrática que comenzó a erosionar el régimen de partido hegemónico.
Precisamente por esa trayectoria, su detención provocó una reacción inmediata de sectores de la oposición, que han cuestionado una posible utilización selectiva de la justicia. El PAN y figuras como el expresidente Felipe Calderón han señalado que el gobierno actúa con mayor rapidez contra personajes opositores mientras investigaciones o acusaciones relacionadas con políticos cercanos a Morena parecen avanzar de manera distinta. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado esa interpretación y sostiene que el expediente contra Ruffo deriva de una investigación de más de un año sobre una estructura de contrabando que involucra a alrededor de 25 personas y varias empresas.
Desde una perspectiva chiclosa, ese debate merece atención, pero no debería sustituir la discusión central sobre las pruebas. Si existe justicia selectiva en México, la solución no puede consistir en dejar de investigar a Ernesto Ruffo porque otros políticos no hayan sido investigados con la misma contundencia. La respuesta debería ser exactamente la contraria: investigar con el mismo rigor a cualquier red política o empresarial vinculada con el contrabando de combustible, independientemente del partido al que pertenezcan sus integrantes.
Tampoco debería utilizarse la trayectoria democrática de Ruffo como una presunción automática de inocencia. Haber sido una figura importante de la transición mexicana no demuestra que haya cometido los delitos que ahora se le imputan, pero tampoco puede funcionar como inmunidad histórica frente a una investigación penal. La democracia consiste precisamente en que las biografías, los apellidos y las filiaciones partidistas no sustituyan a las pruebas.
El verdadero tamaño del caso se entenderá conforme avance la investigación. Si una organización pudo movilizar cientos de millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante trenes, empresas y operaciones aduaneras, resulta difícil imaginar que todo el esquema pudiera funcionar únicamente gracias a ocho personas. Un carrotanque no cruza clandestinamente la frontera escondido en la noche. Deja documentos, permisos, registros ferroviarios, declaraciones aduaneras, facturas, movimientos bancarios y compradores finales. Una operación de esa magnitud necesariamente genera una cadena extensa de responsabilidades.
Por eso el expediente Ruffo debería servir para mirar mucho más lejos que Ruffo.
¿Quién autorizaba las importaciones? ¿Quién revisaba los cargamentos? ¿Cómo podían declararse cantidades distintas de combustible sin que los sistemas aduaneros detectaran las inconsistencias? ¿Quién compraba finalmente esos millones de litros? ¿Qué empresas distribuían el producto dentro de México? ¿Dónde terminaban las ganancias obtenidas mediante la evasión fiscal? Y, sobre todo, ¿existieron funcionarios públicos o redes de corrupción que permitieran que semejantes volúmenes atravesaran la frontera sin ser detectados?
La vinculación a proceso del exgobernador es apenas el comienzo de esas respuestas. La Fiscalía tendrá ahora que demostrar ante un tribunal que la estructura criminal que describe realmente existió y cuál fue el papel concreto de cada acusado. Ruffo y sus coacusados tendrán derecho a controvertir las pruebas y sostener su inocencia.
Pero si las autoridades realmente quieren desmantelar el huachicol fiscal, el éxito de esta investigación no puede medirse simplemente por haber detenido a un exgobernador famoso. Tendrá que medirse por la capacidad del Estado para reconstruir toda la cadena que hizo posible el negocio.
Porque 800 millones de litros de combustible no desaparecen entre papeles.
Se compran, cruzan fronteras, viajan en trenes, se almacenan, se venden y producen miles de millones de pesos.
Y si todo eso ocurrió frente a los ojos del Estado, entonces la pregunta más importante no es solamente qué sabía Ernesto Ruffo.
La pregunta es quién más sabía.
Y quién permitió que siguiera ocurriendo.
Derecha mexicana cierra filas con el detenido Ernesto Ruffo
La detención de Ernesto Ruffo Appel ha comenzado a convertirse en algo más que un expediente judicial sobre contrabando de combustible. El caso del exgobernador de Baja California, acusado por la Fiscalía General de la República de participar en una presunta red de huachicol fiscal y delincuencia organizada, abrió rápidamente un nuevo frente político en el que dirigentes del PAN, figuras históricas de la oposición y el recién creado partido Somos México han salido en su defensa, cuestionando la actuación de las autoridades y denunciando una posible utilización selectiva de la justicia por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La reacción comenzó prácticamente desde que Ruffo fue detenido. Kenia López Rabadán, una de las figuras más visibles del PAN, pidió respeto a la presunción de inocencia y advirtió que el proceso no debía convertirse en un instrumento de persecución política. El expresidente Felipe Calderón fue más lejos y acusó al gobierno de aplicar una justicia “discriminatoria” y “selectiva”, mientras Somos México, partido en cuyo Consejo Nacional participa el exgobernador, exigió inicialmente su liberación “inmediata e incondicional” y calificó la actuación de la Fiscalía como un “atropello inaudito”.
La defensa política de Ruffo tiene una explicación que va mucho más allá de su militancia partidista. No se trata de cualquier exgobernador panista. En 1989 se convirtió en el primer candidato de oposición reconocido como ganador de una gubernatura después de décadas de hegemonía del PRI, cuando conquistó Baja California y abrió una grieta histórica en el régimen de partido dominante. Su triunfo ocurrió once años antes de la llegada de Vicente Fox a la Presidencia y convirtió a Ruffo en uno de los símbolos de la transición democrática mexicana.
Precisamente por esa biografía, su detención ha sido interpretada por una parte de la oposición como un mensaje político.
Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, ha sido uno de sus defensores más enfáticos. La organización rechazó guardar silencio por “prudencia” y sostuvo que abandonar a Ruffo ante las acusaciones sería una cobardía. Desde su perspectiva, responsabilizarlo de encabezar una estructura de huachicol fiscal carecería de sustento y su detención formaría parte de una operación política más amplia.
Somos México incluso vinculó inicialmente el caso con otra crisis que ocurría simultáneamente en Baja California: la controversia alrededor de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y sus contactos con autoridades estadounidenses. El partido sostuvo que la detención de Ruffo podía funcionar como una “cortina de humo” para desplazar la atención pública de ese escándalo.
La coincidencia temporal existe y resulta legítimo analizar políticamente el contexto en el que ocurrió la detención. Sin embargo, afirmar que una investigación constituye una cortina de humo no responde por sí mismo al contenido del expediente judicial.
Y ese expediente se ha vuelto considerablemente más serio desde que comenzaron los respaldos políticos.
Este 23 de julio, después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas, una jueza federal vinculó a proceso a Ruffo y a otros siete acusados por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustible mediante operaciones ferroviarias desde Estados Unidos hacia México. Seis de los procesados permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación.
La vinculación a proceso no significa que Ruffo haya sido declarado culpable y esa diferencia es fundamental. La Fiscalía todavía deberá demostrar sus acusaciones durante el proceso y el exgobernador conserva plenamente su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la resolución judicial sí significa que una jueza consideró que existen elementos suficientes para continuar formalmente un proceso penal por acusaciones extraordinariamente graves.
La investigación de la FGR sostiene que una red empresarial habría utilizado documentación aduanera irregular y declaraciones falsas sobre los volúmenes transportados para introducir grandes cantidades de gasolina y diésel desde Estados Unidos evitando el pago correspondiente de impuestos. Uno de los operativos que detonó el expediente permitió asegurar 129 carrotanques ferroviarios que transportaban aproximadamente 15 millones de litros de combustible, mientras investigaciones posteriores han reconstruido una estructura que presuntamente habría movilizado cientos de millones de litros durante más de un año.
En el centro del expediente aparece Ingemar, empresa de la que Ruffo ha reconocido ser accionista y que participaba en operaciones relacionadas con trámites aduaneros. La Fiscalía investiga su relación con otras compañías involucradas en la importación y comercialización del combustible y sostiene que el esquema habría utilizado documentos falsos o declaraciones incorrectas para introducir hidrocarburos al país.
Ruffo ha rechazado las acusaciones y sostiene que su participación empresarial no demuestra que conociera o dirigiera operaciones ilegales. Su defensa deberá demostrar precisamente eso: que la actividad de Ingemar dentro de la cadena logística no implica que el exgobernador tuviera conocimiento de un esquema de contrabando.
Ese punto es esencial porque una democracia no puede convertir una acusación en una sentencia anticipada.
Pero tampoco puede convertir una trayectoria política en un certificado de inocencia.
Y ahí comienza la parte más interesante del caso desde una perspectiva chiclosa.
La reacción de una parte de la oposición reproduce un comportamiento profundamente arraigado en la política mexicana: nuestra confianza en la justicia suele depender demasiado de quién está siendo investigado. Cuando el acusado pertenece al adversario, las investigaciones son presentadas como evidencia contundente de corrupción; cuando pertenece al propio espacio político, la primera explicación suele ser la persecución.
El oficialismo tampoco escapa de esa lógica.
Morena ha utilizado rápidamente el caso Ruffo como arma política y algunos de sus dirigentes han comenzado incluso a extender las sospechas hacia Somos México. Ignacio Mier, coordinador morenista en el Senado, pidió al Instituto Nacional Electoral investigar si recursos obtenidos mediante las presuntas actividades ilícitas atribuidas a Ruffo pudieron terminar financiando al nuevo partido.
Hasta ahora no se ha presentado públicamente evidencia que demuestre que dinero proveniente del supuesto huachicol fiscal haya financiado a Somos México.
Ruffo forma parte del Consejo Nacional del partido, pero esa relación política no demuestra por sí sola que la organización haya recibido recursos ilegales.
Morena tiene derecho a solicitar una investigación.
Lo que no debería hacer es presentar una sospecha como si ya fuera una conclusión.
Porque entonces terminaría incurriendo exactamente en el mismo vicio que critica en sus adversarios: decidir primero quién es culpable y buscar después cómo demostrarlo.
El caso Ruffo se ha convertido así en una especie de espejo incómodo para ambos lados de la política mexicana.
Somos México exige prácticamente su exoneración política antes de que concluya el proceso porque considera que Ruffo es víctima de una persecución.
Morena comienza a insinuar que el dinero del presunto huachicol pudo contaminar al nuevo partido antes de presentar pruebas públicas que demuestren esa conexión.
Entre ambas posiciones existe un espacio que parece cada vez más difícil de defender en México: esperar las pruebas.
La crítica de Felipe Calderón sobre la existencia de una justicia selectiva tampoco puede descartarse simplemente porque provenga de un adversario político del gobierno. México arrastra desde hace décadas un problema evidente de aplicación desigual de la ley y el actual gobierno no está exento de esa discusión. Existen investigaciones y señalamientos relacionados con personajes cercanos al oficialismo cuyo avance ha sido cuestionado, mientras otros expedientes parecen desarrollarse con una velocidad considerablemente mayor.
La propia Claudia Sheinbaum respondió a Calderón negando categóricamente que exista justicia selectiva, mientras Omar García Harfuch aseguró que la orden de aprehensión contra Ruffo fue producto de una investigación que llevaba más de un año en curso.
Ambas cosas pueden discutirse al mismo tiempo.
Es perfectamente legítimo preguntar por qué determinadas investigaciones contra personajes del poder avanzan lentamente y exigir que se aplique la misma vara a Morena, al PAN, al PRI o a cualquier otra fuerza política.
Pero una injusticia no corrige otra.
Si existen políticos oficialistas que deberían ser investigados y no lo están siendo, la respuesta no debería ser dejar de investigar a Ruffo.
Debería ser investigar también a los demás.
Ese es precisamente el punto que debería separar la defensa del debido proceso de la defensa política automática.
Kenia López Rabadán tiene razón cuando exige presunción de inocencia y garantías procesales. Felipe Calderón tiene derecho a cuestionar si la justicia se aplica selectivamente. Somos México puede acompañar a uno de sus dirigentes y exigir que no existan abusos.
Pero ninguna de esas posiciones responde a las preguntas que plantea el expediente.
¿Qué sabía Ruffo sobre las operaciones de Ingemar?
¿Cuál era exactamente la relación de la empresa con las compañías que importaban y comercializaban el combustible?
¿Cómo podían ingresar millones de litros mediante operaciones ferroviarias sin que las irregularidades fueran detectadas?
¿Quién autorizaba los trámites?
¿Quién compraba finalmente el combustible?
¿Y qué funcionarios públicos, empresarios o intermediarios permitieron que una estructura de esa magnitud pudiera funcionar?
Esas preguntas importan mucho más que la filiación partidista del acusado.
El huachicol fiscal no funciona como el robo tradicional de combustible mediante una toma clandestina. Para mover millones de litros a través de una frontera internacional se necesitan empresas, permisos, agentes aduanales, ferrocarriles, terminales de almacenamiento, facturas, compradores y movimientos financieros. Si la acusación de la Fiscalía es correcta, estamos frente a una estructura económica mucho más sofisticada que un grupo criminal robando gasolina de un ducto.
Por eso sería un error reducir todo el caso a la figura de Ernesto Ruffo.
También sería un error utilizarlo únicamente como trofeo político.
Si la FGR realmente está desmantelando una gran estructura de huachicol fiscal, la investigación debería continuar independientemente de los partidos políticos que aparezcan en el camino. Si existen vínculos con empresarios cercanos al PAN, deben investigarse. Si aparecen funcionarios de Morena, también. Si existen responsabilidades dentro de las aduanas, las Fuerzas Armadas o cualquier dependencia federal, deben llegar hasta ahí.
La vara debe ser exactamente la misma.
Ruffo merece presunción de inocencia, pero su historia como símbolo de la transición democrática no puede convertirse en inmunidad. El gobierno merece ser vigilado para evitar una utilización política de la Fiscalía, pero la sospecha de persecución tampoco puede borrar automáticamente un expediente judicial.
Tal vez ahí esté la parte más pegajosa de toda esta historia.
México lleva décadas cambiando de partidos en el poder, pero todavía no termina de construir una cultura política capaz de separar la justicia de las camisetas partidistas.
Cuando investigan a los nuestros, gritamos persecución.
Cuando investigan a los otros, exigimos cárcel.
Y mientras seguimos discutiendo quién es de qué bando, corremos el riesgo de perder de vista la pregunta verdaderamente importante: cómo pudo operar una presunta red capaz de mover cantidades gigantescas de combustible a través de la frontera sin que el Estado la detuviera antes.
No necesitamos decidir anticipadamente si Ernesto Ruffo es un mártir o un criminal.
Necesitamos algo mucho menos espectacular y mucho más difícil: una investigación sólida, un juicio con garantías, pruebas verificables y exactamente la misma vara para todos.
Porque si la justicia cambia dependiendo del color del partido que aparece en el expediente, entonces no estamos combatiendo la impunidad.
Sólo estamos decidiendo a quién le toca.
La economía mexicana retrocede 0.3% en mayo: la industria vuelve a exhibir el problema de fondo del crecimiento
La economía mexicana perdió impulso durante mayo al registrar una contracción mensual de 0.3%, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica publicado este jueves por el Inegi. El retroceso interrumpió tres meses consecutivos de crecimiento y contrastó particularmente con abril, cuando la actividad había avanzado 1.4%. Aunque una caída mensual no significa que México se encuentre en recesión y la comparación anual todavía muestra un crecimiento de 2%, los datos vuelven a colocar en el centro una discusión que trasciende la coyuntura: la dificultad que ha tenido el país durante décadas para convertir estabilidad macroeconómica, apertura comercial y una enorme capacidad exportadora en un crecimiento económico sostenido.
La composición del indicador permite entender mejor dónde se encuentra la debilidad. Las actividades secundarias, que agrupan sectores fundamentales como la manufactura, la construcción, la minería y la generación de energía, retrocedieron 0.8% respecto a abril, mientras las actividades primarias disminuyeron 0.5%. Los servicios y el comercio consiguieron avanzar 0.2%, pero su crecimiento no fue suficiente para compensar las caídas registradas en el resto de la economía. En comparación con mayo de 2025, el panorama es menos negativo: la actividad económica creció 2%, impulsada principalmente por un incremento anual de 7.7% en las actividades primarias y de 2.6% en las terciarias, mientras la industria permaneció prácticamente estancada.
La fotografía se vuelve más preocupante cuando se amplía el periodo de análisis. Entre enero y mayo de 2026, la economía mexicana creció apenas 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Durante esos cinco meses, las actividades primarias aumentaron 3.9% y los servicios 1.4%, mientras las actividades secundarias acumularon una contracción de 0.4%. Más que el retroceso puntual de mayo, es esta combinación de bajo crecimiento acumulado y debilidad industrial la que debería encender las alertas sobre la capacidad productiva del país.
México no atraviesa una crisis económica comparable con las grandes recesiones de su historia reciente. No existe un desplome generalizado del consumo, una crisis bancaria o una pérdida masiva de empleos que permita hablar de una emergencia económica. Sin embargo, tampoco estamos frente a una economía que esté aprovechando plenamente las condiciones extraordinariamente favorables que se le han presentado durante los últimos años. El país mantiene una posición geográfica privilegiada junto al mercado de consumo más grande del mundo, cuenta con acceso preferencial a Estados Unidos y Canadá mediante el T-MEC, posee una plataforma manufacturera construida durante tres décadas y se encuentra en medio de una reorganización global de las cadenas productivas que, en teoría, debería convertirlo en uno de los principales beneficiarios del llamado nearshoring.
La pregunta incómoda es por qué todas esas ventajas todavía no se traducen en tasas de crecimiento considerablemente mayores.
El problema antecede ampliamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y tampoco puede atribuirse exclusivamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace más de tres décadas, México ha tenido enormes dificultades para sostener tasas elevadas de crecimiento. Después de la crisis de 1994, el país construyó una reputación de estabilidad macroeconómica basada en disciplina fiscal, autonomía del Banco de México, apertura comercial y una integración cada vez mayor con Estados Unidos. Esa estrategia permitió evitar muchas de las crisis recurrentes que caracterizaron buena parte del siglo XX, pero nunca consiguió resolver completamente el problema del crecimiento.
México se convirtió en una potencia exportadora sin convertirse necesariamente en una economía de alta productividad. El país fabrica automóviles, componentes aeroespaciales, dispositivos médicos, maquinaria y productos electrónicos que compiten en algunos de los mercados más sofisticados del planeta, pero esa productividad convive con una enorme economía informal y con millones de trabajadores empleados en actividades que generan poco valor agregado. La consecuencia es una economía profundamente desigual no sólo en términos de ingreso, sino también de productividad: existen empresas mexicanas integradas a cadenas globales de primer nivel junto a millones de pequeños negocios que operan con escaso acceso a crédito, tecnología y capacitación.
La debilidad industrial que muestran los datos de mayo adquiere relevancia precisamente por esa contradicción. México necesita que su plataforma manufacturera no sólo exporte más, sino que genere encadenamientos productivos capaces de incorporar a más empresas nacionales, desarrollar proveedores, transferir tecnología y elevar la productividad del conjunto de la economía. Si el nearshoring se limita a instalar nuevas plantas que importan buena parte de sus insumos, ensamblan productos y posteriormente los exportan a Estados Unidos, el país puede recibir inversiones importantes sin experimentar necesariamente una transformación estructural de su desarrollo.
El gobierno de Sheinbaum ha intentado responder a este desafío mediante el Plan México, una estrategia que busca aumentar la inversión, fortalecer la producción nacional, desarrollar proveedores locales y aprovechar la relocalización de cadenas productivas. El diagnóstico reconoce correctamente que la integración comercial por sí sola no garantiza desarrollo y que México necesita aumentar el contenido nacional de lo que produce y exporta. El verdadero desafío será convertir esa intención en inversiones suficientes en infraestructura, energía, agua, educación, innovación y financiamiento productivo.
Ahí aparece uno de los grandes cuellos de botella de la economía mexicana. Una empresa puede anunciar una nueva fábrica, pero para producir necesita electricidad suficiente y confiable, disponibilidad de agua, carreteras, puertos, ferrocarriles, seguridad y trabajadores capacitados. Cuando esas condiciones no existen, la ventaja de estar junto a Estados Unidos pierde parte de su valor. El crecimiento económico no se construye únicamente atrayendo capital extranjero; requiere un ecosistema productivo capaz de multiplicar los efectos de esa inversión sobre el resto de la economía.
La inversión pública resulta especialmente importante dentro de esa ecuación. México necesita mantener finanzas públicas sostenibles, pero también enfrenta enormes necesidades de infraestructura después de décadas en las que la inversión pública ha sido insuficiente para cerrar las brechas acumuladas. La discusión fiscal no debería reducirse, por tanto, a elegir entre gastar o mantener disciplina, sino a preguntarse cómo construir un Estado capaz de recaudar mejor, invertir estratégicamente y utilizar esos recursos para elevar la productividad de largo plazo.
Este debate resulta todavía más relevante porque el gobierno de Sheinbaum ha descartado, al menos por ahora, una gran reforma fiscal basada en nuevos impuestos generales. La decisión puede ser políticamente comprensible, pero deja abierta una pregunta difícil: cómo financiar simultáneamente programas sociales, pensiones, salud, educación, infraestructura, transición energética y políticas industriales sin ampliar significativamente la capacidad recaudatoria del Estado. México sigue teniendo una recaudación tributaria relativamente baja frente a otros países de la OCDE y de América Latina con niveles similares de desarrollo, lo que limita el margen para realizar las inversiones públicas necesarias para acelerar el crecimiento.
La coyuntura internacional añade otra capa de incertidumbre. La economía mexicana se encuentra profundamente vinculada con Estados Unidos precisamente cuando Donald Trump ha convertido los aranceles y las amenazas comerciales en instrumentos recurrentes de negociación. La revisión del T-MEC, las disputas sobre reglas de origen, la competencia con China y las presiones estadounidenses para limitar la entrada de inversiones asiáticas colocan a México frente a una negociación que puede definir buena parte de su estrategia económica durante la próxima década.
La integración con Estados Unidos representa una enorme ventaja, pero también expone una vulnerabilidad que México nunca ha terminado de resolver. Cerca de cuatro quintas partes de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense, por lo que cualquier desaceleración importante, conflicto comercial o modificación de las reglas de acceso puede transmitirse rápidamente a la industria nacional. Diversificar la economía no significa abandonar América del Norte, algo económicamente poco realista, sino utilizar esa integración como plataforma para desarrollar capacidades propias y reducir la dependencia de un solo mercado.
También sería un error analizar el bajo crecimiento ignorando los cambios sociales ocurridos durante los últimos años. El incremento real del salario mínimo, la expansión de programas sociales y las mejoras en los ingresos laborales han contribuido a elevar el poder adquisitivo de millones de hogares y a reducir algunos indicadores de pobreza. Esos avances cuestionaron una idea que dominó durante décadas buena parte de la política económica mexicana: que aumentar significativamente los salarios necesariamente destruiría empleos o provocaría desequilibrios insostenibles.
Sin embargo, una política redistributiva enfrenta límites si la economía que debe sostenerla crece lentamente. Un país puede repartir de manera más justa el ingreso existente, pero para financiar mejores hospitales, universidades, sistemas de cuidados, transporte público, infraestructura y pensiones también necesita ampliar de manera sostenida la riqueza que genera. La discusión entre crecimiento y distribución suele plantearse como si México tuviera que escoger uno de los dos objetivos, cuando en realidad necesita resolver ambos al mismo tiempo: crecer más y conseguir que los beneficios de ese crecimiento lleguen a una proporción mucho mayor de la población.
Ésa es quizá la lectura más útil del retroceso de mayo. La caída de 0.3% no demuestra por sí sola que la estrategia económica del gobierno haya fracasado, de la misma manera que un mes de fuerte crecimiento tampoco demostraría que los problemas estructurales están resueltos. Los indicadores mensuales fluctúan y deben interpretarse dentro de tendencias más amplias. Lo que sí muestran los primeros cinco meses de 2026 es una economía que avanza lentamente y cuya industria todavía no consigue convertirse en el gran motor que debería ser en un momento internacional particularmente favorable para México.
Desde una perspectiva chiclosa, la discusión no debería caer en la comodidad de dos relatos igualmente simplistas. El gobierno no puede responder a cada dato negativo recordando únicamente que existen estabilidad, inversión extranjera y mejores salarios, porque ninguna de esas variables elimina el problema histórico del bajo crecimiento. La oposición tampoco puede presentar cada retroceso mensual como prueba de una catástrofe económica cuando los propios datos muestran una economía que continúa creciendo en términos anuales y conserva importantes fortalezas.
Lo que México necesita es una conversación económica más ambiciosa que la disputa cotidiana sobre si un indicador sirve para celebrar o atacar al gobierno. Después de tres décadas de apertura comercial, el país debería preguntarse por qué su extraordinario éxito exportador no ha producido un crecimiento igualmente extraordinario; después de años de nearshoring, debería analizar cuánto de esa inversión está generando proveedores nacionales y transferencia tecnológica; y después de importantes aumentos salariales, debería discutir cómo elevar la productividad para que esas mejoras puedan continuar sin depender únicamente de decisiones administrativas.
México tiene muchas de las piezas necesarias para crecer más: una población económicamente activa todavía amplia, una base manufacturera sofisticada, acceso privilegiado a Norteamérica, tratados comerciales, recursos naturales y una ubicación geográfica que se volvió todavía más valiosa con la confrontación económica entre Estados Unidos y China. Lo que sigue faltando es articular esas ventajas dentro de una estrategia de desarrollo capaz de sostener tasas de crecimiento mucho mayores durante décadas.
Por eso el dato de mayo importa, aunque no por la razón más evidente. El problema no es que la economía haya caído 0.3% durante un solo mes, sino que un país con tantas ventajas siga considerando normal discutir si crecer alrededor de 1 o 2% es suficiente. La verdadera prueba para el gobierno de Sheinbaum no será evitar todos los meses negativos, algo imposible en cualquier economía, sino demostrar que México puede finalmente romper con una trayectoria de crecimiento mediocre que ha sobrevivido a gobiernos del PRI, del PAN y de Morena.
Si el Plan México, el nearshoring y la integración norteamericana no consiguen producir ese salto, tendremos que preguntarnos qué falta. Y esa pregunta exige algo más que celebrar inversiones anunciadas o alarmarnos por una décima negativa: exige discutir qué Estado, qué infraestructura, qué política industrial y qué sistema fiscal necesita México para convertir sus ventajas en desarrollo compartido.
Porque después de décadas de administrar la estabilidad, el verdadero reto económico ya no debería ser simplemente evitar otra crisis. Debería ser aprender, por fin, a crecer.
