Masticada diaria
Asesores de Trump allanan el camino para intervención militar en México
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lanzó una de las declaraciones más duras de la administración de Donald Trump contra México desde el regreso del republicano a la presidencia. Durante una ceremonia en el Pentágono para condecorar a militares estadounidenses destacados en la frontera sur, aseguró que "el sistema judicial, el sistema político y el sistema legal" mexicanos no funcionan porque amplias zonas del país están bajo el control de los cárteles del narcotráfico, a los que Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
Miller sostuvo que los grupos criminales "matan, secuestran, extorsionan o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino" y afirmó que esa realidad explica el deterioro institucional de México. También aseguró que los cárteles no sólo exportan drogas hacia Estados Unidos, sino que buscan "desestabilizar la democracia estadounidense" mediante redes criminales que operan a ambos lados de la frontera. En su discurso comparó a las organizaciones mexicanas con ISIS y Al Qaeda, insistiendo en que la diferencia es que estas últimas se encuentran a miles de kilómetros, mientras que los cárteles operan "a sólo unos metros" de territorio estadounidense.
Las declaraciones no ocurrieron en un vacío. Fueron pronunciadas durante la entrega de la llamada Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, una condecoración rescatada por la administración Trump que originalmente fue creada por el Congreso estadounidense para reconocer a los soldados que participaron en la expedición militar contra Pancho Villa entre 1916 y 1917. El simbolismo no pasó desapercibido: recuperar una medalla vinculada a una intervención militar en México mientras se equipara a los cárteles con organizaciones terroristas internacionales refuerza una narrativa de guerra que la Casa Blanca ha venido construyendo desde hace meses.
Stephen Miller tampoco es un funcionario cualquiera. Es considerado el principal arquitecto de la política migratoria de Trump y una de las voces que con mayor insistencia ha defendido ampliar las capacidades del gobierno estadounidense para actuar contra los cárteles mexicanos. En distintos momentos, integrantes de la administración han planteado la posibilidad de utilizar herramientas propias de la lucha antiterrorista para combatir a estas organizaciones, una discusión que en México ha despertado preocupación por sus implicaciones para la soberanía nacional.
Desde una perspectiva Chiclosa, conviene distinguir dos planos distintos. El primero corresponde a un hecho ampliamente documentado: en diversas regiones de México existen organizaciones criminales con enorme capacidad de violencia, influencia territorial y penetración institucional. Negarlo sería ignorar una realidad que afecta diariamente a millones de personas. El segundo plano es el salto que hace Miller al concluir que, por ello, el sistema político, judicial y legal mexicano simplemente "no funciona". Esa afirmación ya no describe únicamente un problema de seguridad; construye un diagnóstico integral sobre el Estado mexicano con importantes consecuencias políticas.
Ese matiz importa porque las palabras crean marcos de acción. Si un país deja de ser presentado como un Estado que enfrenta una grave crisis de seguridad para convertirse en un territorio dominado por organizaciones terroristas incapaz de ejercer autoridad, el argumento para ampliar la intervención estadounidense cambia radicalmente. No se trata sólo de reforzar la cooperación bilateral, sino de justificar medidas extraordinarias bajo el lenguaje de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.
La narrativa tampoco es nueva. En los últimos meses funcionarios estadounidenses han insistido en vincular el combate al fentanilo con la necesidad de endurecer la política fronteriza y ampliar las herramientas disponibles contra los cárteles. Hace apenas unas semanas, el director de la DEA también generó tensiones al sugerir una supuesta conexión entre organizaciones criminales y el Estado mexicano, afirmaciones que fueron rechazadas por el Gabinete de Seguridad de México.
Por su parte, el gobierno mexicano ha sostenido una posición distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido una estrategia basada en la cooperación con Estados Unidos "sin subordinación", insistiendo en que el combate al crimen organizado debe realizarse respetando la soberanía nacional y mediante procesos judiciales, no a través de acciones unilaterales. Además, ha destacado que las detenciones de integrantes de grupos criminales y la reducción de homicidios forman parte de una estrategia distinta a la confrontación militar directa.
El debate de fondo, entonces, no consiste únicamente en determinar si los cárteles representan una amenaza grave —pocas personas lo discutirían—, sino en analizar qué narrativa se construye a partir de esa realidad y qué tipo de políticas busca legitimar. Porque cuando un gobierno comienza a describir al país vecino como un Estado prácticamente capturado por organizaciones terroristas, la discusión deja de ser exclusivamente sobre seguridad. Empieza a ser también sobre soberanía, política exterior y los límites de la intervención internacional.
Sheinbaum rechaza que México sea usado como munición electoral en Estados Unidos
Claudia Sheinbaum decidió no responder directamente a Stephen Miller, pero sí desmontar el marco político desde el cual habló. Después de que el subjefe de gabinete de Donald Trump asegurara que los cárteles controlan partes de México y que el sistema judicial, político y legal del país no funciona, la presidenta atribuyó esas declaraciones al proceso electoral estadounidense y advirtió que México no debe convertirse nuevamente en el adversario conveniente de una campaña interna.
Durante su conferencia matutina de este martes 28 de julio, Sheinbaum sostuvo que su gobierno trabaja diariamente por la seguridad y la paz, que existen resultados y que México mantiene una amplia coordinación con Estados Unidos. Sin embargo, rechazó entrar en una confrontación personal con Miller y resumió su posición en una frase que también funciona como respuesta política: en México gobierna el pueblo y nadie más.
La reacción llegó un día después de que Miller afirmara que los cárteles mexicanos controlan territorio, matan, extorsionan y secuestran a quienes se interponen en su camino, y que esa presencia criminal explica el supuesto fracaso de las instituciones mexicanas. El funcionario también equiparó legalmente a esas organizaciones con ISIS y Al Qaeda y las presentó como una amenaza directa para la democracia estadounidense.
Sheinbaum no negó la existencia ni la gravedad del crimen organizado. Su respuesta apuntó hacia otro lugar: la manera en que ese problema es utilizado políticamente desde Washington. Recordó que Estados Unidos se encuentra en campaña para las elecciones de noviembre y señaló que los partidos estadounidenses deberían definir sus diferencias a partir de sus propios problemas, no utilizando a México como recurso electoral.
La advertencia tiene antecedentes conocidos. Durante años, Donald Trump convirtió a México, la migración y el narcotráfico en piezas centrales de su narrativa electoral. La frontera fue presentada como un espacio permanentemente sitiado, los migrantes como una amenaza interna y el gobierno mexicano como un socio incapaz o poco dispuesto a resolver el problema. Ese lenguaje no sólo ayudó a movilizar a una parte del electorado republicano: también creó las condiciones políticas para medidas más agresivas contra México.
Con Stephen Miller, esa narrativa ha adquirido una dimensión todavía más amplia. El funcionario ha sido uno de los principales arquitectos de la estrategia de presión sobre México y uno de los promotores del concepto de “narcoterrorismo”, una redefinición que permite trasladar el problema de las drogas desde el terreno policial hacia el de la guerra y la seguridad nacional. Esa estrategia ha incluido la designación de cárteles como organizaciones terroristas y la defensa de instrumentos militares para combatirlos.
Por eso las declaraciones de Miller no pueden leerse únicamente como una crítica sobre seguridad. Presentar a México como un Estado incapaz de ejercer soberanía y dominado por organizaciones terroristas puede servir para justificar acciones unilaterales, operaciones militares o una mayor injerencia estadounidense. El diagnóstico no es neutral: abre un campo de posibilidades políticas y legales para Washington.
Sheinbaum respondió además señalando la parte del problema que suele desaparecer del discurso estadounidense. Estados Unidos es el mayor mercado de consumo de drogas, alberga redes de distribución y lavado de dinero y constituye una fuente fundamental de armas que terminan en manos de organizaciones criminales mexicanas. Por ello, afirmó que Washington debe mirarse a sí mismo y asumir la responsabilidad que le corresponde dentro de una economía criminal que funciona a ambos lados de la frontera.
La presidenta mantuvo, sin embargo, una línea cuidadosa: cooperación, pero sin subordinación. México y Estados Unidos pueden compartir inteligencia, coordinar operaciones y combatir redes transnacionales, pero cada país debe actuar dentro de su propio territorio. Esa distinción pretende evitar que la agenda de seguridad se convierta en una autorización implícita para intervenir en México.
Desde una perspectiva Chiclosa, sería un error responder a Miller negando la penetración del crimen organizado o reduciendo todo a una campaña de desprestigio. En distintas regiones del país, los cárteles sí disputan territorios, controlan economías locales, extorsionan comunidades y buscan capturar instituciones. Reconocerlo no significa aceptar la narrativa estadounidense. Significa entender que una crisis real puede ser utilizada para construir conclusiones interesadas.
El problema aparece cuando Washington transforma esa realidad en una historia donde Estados Unidos es únicamente la víctima y México el origen de todos sus males. Esa versión borra la demanda estadounidense de drogas, el flujo de armas, las redes financieras y las decisiones internas que sostienen el negocio criminal. También convierte un fenómeno binacional en un argumento para responsabilizar unilateralmente al vecino.
La respuesta de Sheinbaum, por tanto, no fue simplemente diplomática. Fue una advertencia sobre el riesgo de que México vuelva a convertirse en combustible electoral para la derecha estadounidense. Porque cuando un país necesita un enemigo externo para explicar su propia crisis, la frontera deja de ser únicamente un espacio de cooperación y se convierte en un escenario de propaganda.
Estados Unidos tiene derecho a debatir su seguridad, su política migratoria y su epidemia de drogas. Lo que no debería hacer es construir ese debate a partir de una caricatura de México que borre sus propias responsabilidades y prepare el terreno para la intervención. La cooperación entre vecinos exige combatir al crimen organizado, pero también impedir que el miedo se convierta en doctrina de política exterior.
Por primera vez en dos décadas, China supera a Estados Unidos en imagen global
Durante buena parte del siglo XXI, la competencia entre Estados Unidos y China se midió en indicadores como crecimiento económico, gasto militar o desarrollo tecnológico. Ahora, un nuevo estudio del Pew Research Center sugiere que la disputa también está cambiando en un terreno menos visible, pero igualmente estratégico: la opinión pública mundial. Por primera vez desde que la organización comenzó a medir estas percepciones hace alrededor de veinte años, China es vista más favorablemente que Estados Unidos en la mayoría de los países encuestados.
La investigación, realizada entre febrero y mayo de 2026 con más de 42 mil personas en 36 países y territorios, encontró que en 25 de ellos la imagen de China supera actualmente a la de Estados Unidos. Entre esos países se encuentran aliados históricos de Washington como Canadá, México, Francia, Alemania y Reino Unido. En contraste, Estados Unidos conserva una mejor valoración únicamente en seis países: India, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Polonia e Israel.
El cambio también alcanza a los líderes de ambas potencias. En 22 de los 36 países analizados, los encuestados expresaron mayor confianza en Xi Jinping que en Donald Trump para actuar correctamente en los asuntos internacionales. Eso no significa que Xi goce de altos niveles de aprobación; de hecho, la confianza en ambos dirigentes sigue siendo relativamente baja en muchas regiones. Lo significativo es que la percepción internacional sobre Trump cayó aún más rápidamente durante su segundo mandato.
Los investigadores de Pew identifican dos procesos simultáneos. Por un lado, la imagen de China se ha recuperado gradualmente conforme la pandemia de COVID-19 dejó de ocupar el centro de la agenda internacional. Por otro, la reputación de Estados Unidos se ha deteriorado a raíz de las tensiones con aliados tradicionales, la política comercial de la administración Trump y la percepción de que Washington contribuye menos a la estabilidad internacional que en años anteriores. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán durante el periodo en que se levantó la encuesta también aparece como un elemento que influyó en las percepciones globales.
Uno de los casos más ilustrativos es Canadá. En 2023, el 57% de los canadienses tenía una opinión favorable de Estados Unidos, mientras apenas el 14% veía positivamente a China. Tres años después, la relación prácticamente se invirtió: sólo un tercio mantiene una imagen favorable de Estados Unidos y el respaldo hacia China se ha triplicado. Los investigadores vinculan ese cambio con la política arancelaria de Trump y con sus reiteradas declaraciones sugiriendo que Canadá debería convertirse en el "estado número 51".
En América Latina también se observa una transformación importante. El estudio muestra que México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina registran una valoración ligeramente más positiva de China que de Estados Unidos. En buena medida, ese cambio no responde únicamente a una mejor imagen de Pekín, sino a un deterioro de la percepción sobre Washington. Al mismo tiempo, China ha consolidado su presencia económica en la región mediante comercio, inversión en infraestructura y financiamiento de proyectos estratégicos.
Eso no significa que China haya resuelto todas las dudas que genera en el mundo. La encuesta muestra que Estados Unidos continúa siendo percibido como un país que respeta más las libertades individuales que China. Sin embargo, esa ventaja también se ha reducido de manera significativa en comparación con años anteriores. En numerosos países disminuyó el porcentaje de personas que consideran que el gobierno estadounidense protege las libertades civiles, mientras aumentó ligeramente el de quienes creen que China las respeta.
Desde una perspectiva Chiclosa, quizá el dato más relevante no sea que China haya mejorado espectacularmente su reputación, sino que Estados Unidos haya perdido parte del enorme capital político que acumuló durante décadas. Durante mucho tiempo, Washington no sólo era visto como la principal potencia económica y militar del planeta; también era percibido por muchos como el garante del orden internacional liberal. Hoy esa imagen aparece mucho más fragmentada.
El estudio también invita a cuestionar una idea que suele darse por sentada en Occidente: que el liderazgo global depende exclusivamente del poder económico o militar. La legitimidad internacional también se construye mediante la confianza, la previsibilidad y la percepción de que un país contribuye a la estabilidad global. Cuando aliados históricos comienzan a considerar que otra potencia es un socio más confiable, el equilibrio geopolítico empieza a cambiar incluso antes de que cambien los mapas del comercio o de la seguridad.
La competencia entre Estados Unidos y China ya no se libra únicamente por el dominio de los semiconductores, la inteligencia artificial o las cadenas de suministro. También se disputa en el terreno de la credibilidad. Y si algo muestra este nuevo estudio de Pew es que la batalla por la opinión pública internacional está entrando en una nueva etapa, una en la que el prestigio ya no puede darse por garantizado y en la que la influencia se construye tanto con políticas internas como con la forma en que un país decide relacionarse con el resto del mundo.
