Masticada diaria
Jóvenes aceptados a la UNAM protestan en Rectoría: la crisis ya no enfrenta sólo a rechazados, sino también a quienes sí obtuvieron un lugar
La crisis provocada por el examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entró este martes en una nueva etapa. Si en los últimos días las protestas habían sido encabezadas principalmente por aspirantes que no obtuvieron un lugar y exigían la reposición presencial del examen, ahora fueron los propios estudiantes aceptados quienes tomaron la Torre de Rectoría para exigir que la universidad respete los resultados y les dé certeza sobre su ingreso.
Los manifestantes sostienen que realizaron el examen de manera honesta y consideran injusto que las sospechas sobre el uso de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes pongan en riesgo el esfuerzo de miles de jóvenes que sí cumplieron con las reglas. Su principal demanda es que la UNAM anuncie cuanto antes cómo resolverá la crisis y evite prolongar una incertidumbre que mantiene suspendidas las inscripciones y amenaza el inicio del semestre previsto para agosto.
La polémica comenzó después de que la universidad detectara resultados atípicos en el primer proceso de admisión completamente en línea para licenciatura. Ante las denuncias de posibles trampas mediante herramientas de inteligencia artificial, el rector Leonardo Lomelí ordenó suspender temporalmente las inscripciones y creó una comisión técnica integrada por especialistas para revisar el procedimiento, los sistemas tecnológicos utilizados y los resultados del concurso de selección.
La decisión dejó atrapados a dos grupos de estudiantes con intereses aparentemente opuestos, pero atravesados por la misma incertidumbre. Los aspirantes rechazados sostienen que las irregularidades alteraron artificialmente los puntajes de ingreso y exigen que el examen se repita de forma presencial para garantizar condiciones equitativas. Los estudiantes aceptados, en cambio, argumentan que no deben cargar con las consecuencias de un problema que corresponde detectar y resolver a la institución. Ambos coinciden, sin embargo, en una exigencia: transparencia.
El dilema para la UNAM no es menor. Este año cerca de 158 mil aspirantes presentaron el examen para disputar poco más de 21 mil lugares asignados mediante concurso. Si la universidad decide repetir la prueba para todos, afectará a miles de jóvenes que consideran legítimos sus resultados. Si mantiene las calificaciones originales sin ofrecer una explicación convincente sobre las anomalías detectadas, corre el riesgo de debilitar la credibilidad del proceso de admisión más importante del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó intervenir directamente en la controversia y recordó que la UNAM es una institución autónoma. No obstante, expresó su confianza en que la universidad encontrará una solución pronta que brinde certidumbre a los aspirantes y permita reanudar el proceso de inscripción.
Desde una perspectiva Chiclosa, la discusión va mucho más allá de un examen. La inteligencia artificial llegó antes de que las instituciones educativas terminaran de diseñar reglas para convivir con ella. Durante años, las universidades prepararon mecanismos para evitar copiar respuestas de internet o intercambiar acordeones en un salón de clases. Hoy enfrentan herramientas capaces de responder preguntas en tiempo real desde cualquier computadora, obligando a replantear qué significa evaluar conocimientos de manera remota.
El problema tampoco se resuelve simplemente regresando al papel y lápiz. La educación superior tendrá que encontrar formas de evaluar competencias en un mundo donde la inteligencia artificial será una herramienta cotidiana para estudiar, investigar y trabajar. La pregunta ya no es sólo cómo impedir que alguien haga trampa, sino cómo construir procesos de evaluación que sigan siendo confiables cuando la tecnología cambia mucho más rápido que los reglamentos universitarios.
Por eso lo que ocurra en la UNAM sentará un precedente que rebasa a la propia institución. La decisión que tome la comisión técnica no sólo definirá el futuro inmediato de miles de jóvenes; también marcará el camino para otras universidades que muy pronto enfrentarán exactamente el mismo desafío: cómo preservar el mérito, la confianza y la igualdad de oportunidades en la era de la inteligencia artificial.
La economía mexicana se contrajo en 20 estados en el inicio de 2026
La desaceleración económica que comenzó a sentirse a nivel nacional ya tiene un reflejo claro en los estados. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el INEGI, durante el primer trimestre de 2026 la actividad económica cayó en 20 de las 32 entidades federativas, mientras sólo 12 registraron crecimiento respecto al trimestre anterior. El dato acompaña la contracción de 0.6% del Producto Interno Bruto nacional entre enero y marzo y confirma que el debilitamiento de la economía no se concentra en una sola región del país.
Los retrocesos más pronunciados ocurrieron en Sinaloa, cuya economía se redujo 4.5% frente al trimestre previo; Oaxaca cayó 3.1%; la Ciudad de México, 2.9%; Zacatecas, 2.4%; Tabasco, 2.1%; y Nayarit, 2%. En contraste, Colima encabezó el crecimiento con un avance trimestral de 3%, seguido por Michoacán (1.7%), Baja California Sur (1.6%), Durango (1.2%) y Tlaxcala (1%).
Sin embargo, la fotografía cambia cuando la comparación se realiza contra el mismo periodo del año anterior. En términos anuales, la economía mexicana todavía mostró un crecimiento de 0.4%, impulsado principalmente por Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco y Puebla. Es decir, el país aún crece respecto a hace un año, pero comenzó 2026 perdiendo dinamismo frente al cierre de 2025.
El reporte también revela que no basta con observar qué estados crecieron más. Algunas economías tienen un peso mucho mayor dentro del producto nacional. Por ello, entidades como Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo y Nuevo León fueron las que más contribuyeron al crecimiento agregado del país, mientras que Coahuila, Campeche, Baja California, Jalisco y Oaxaca fueron las que más restaron al desempeño nacional. La Ciudad de México, pese a representar cerca de una sexta parte de la economía mexicana, prácticamente no aportó crecimiento durante el periodo.
La información del ITAEE también ayuda a entender por qué los indicadores nacionales han mostrado señales encontradas en los últimos meses. Mientras la inflación ha continuado desacelerándose y permanece cerca del objetivo del Banco de México, la actividad productiva ha perdido fuerza, especialmente en la industria, que continúa siendo el principal freno para la economía mexicana.
Buena parte de esa debilidad responde a factores externos e internos. La incertidumbre derivada de la revisión del T-MEC, la menor actividad manufacturera, la desaceleración de la construcción y un entorno internacional menos dinámico han reducido el ritmo de crecimiento de varias regiones altamente integradas a las cadenas de suministro norteamericanas. Al mismo tiempo, algunos estados continúan beneficiándose de inversiones industriales, infraestructura o actividades vinculadas al comercio exterior.
Desde una perspectiva Chiclosa, quizá el dato más importante no sea que veinte estados hayan registrado caídas en un trimestre. Las economías nacionales atraviesan ciclos de expansión y desaceleración de manera natural. Lo relevante es que la recuperación comienza a ser cada vez más desigual entre regiones. Mientras algunas entidades logran atraer inversión, desarrollar infraestructura o diversificar su actividad productiva, otras permanecen mucho más expuestas a la debilidad de sectores específicos o a problemas estructurales de competitividad.
Esa fragmentación plantea un desafío para la política económica. Un mismo instrumento difícilmente resolverá realidades tan distintas como las de Hidalgo, Sinaloa o la Ciudad de México. El crecimiento nacional ya no depende únicamente de cuánto produce el país en conjunto, sino también de qué tan capaces son los estados de generar nuevas fuentes de inversión, empleo y productividad.
El ITAEE recuerda precisamente eso: detrás del dato agregado del PIB existen treinta y dos economías distintas, con ritmos, fortalezas y problemas propios. Entender esas diferencias será indispensable si México quiere recuperar un crecimiento sostenido en un contexto internacional cada vez más incierto.
Trump desdeña el T-MEC: más que una negociación comercial, Estados Unidos busca sobajar a México
Donald Trump volvió a poner en duda el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense aseguró que no le interesa renovar el acuerdo comercial y sostuvo que son México y Canadá quienes realmente lo necesitan. "No me importa. La verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es", afirmó.
Las declaraciones llegan en un momento particularmente delicado. Apenas la semana pasada concluyó en Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones de la revisión conjunta del T-MEC, un proceso previsto por el propio tratado para evaluar su funcionamiento seis años después de su entrada en vigor. Aunque el acuerdo sigue vigente hasta 2036, Washington decidió no extender automáticamente su duración por otros dieciséis años, lo que obliga a realizar revisiones anuales mientras continúan las negociaciones.
Lo llamativo es que fue el propio Trump quien promovió el T-MEC durante su primer mandato como el tratado comercial "más moderno" y "más justo" para Estados Unidos, sustituyendo al TLCAN. Seis años después, el mismo acuerdo es presentado como un instrumento que beneficia principalmente a México y Canadá y que ya no responde a los intereses estadounidenses. Más que una contradicción, el cambio refleja una transformación profunda en la política comercial de Washington: el objetivo ya no es simplemente negociar mejores reglas, sino reducir la dependencia económica de cualquier socio, incluso de sus aliados más cercanos.
En realidad, las palabras de Trump forman parte de una estrategia más amplia. Durante las últimas semanas su administración ha vinculado la revisión del T-MEC con temas que tradicionalmente estaban fuera del ámbito comercial, como seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, migración, agua y política industrial. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, incluso advirtió que será difícil renovar el tratado si México no coopera en todos esos frentes.
Al mismo tiempo, Washington ha endurecido su política arancelaria. Aunque las exportaciones que cumplen plenamente con las reglas del T-MEC permanecen protegidas en varios casos, la administración Trump ha recurrido cada vez más a investigaciones comerciales, aranceles sectoriales y medidas unilaterales para presionar tanto a México como a Canadá. La lógica ya no es exclusivamente fortalecer el libre comercio regional, sino utilizar el acceso al mercado estadounidense como herramienta de negociación política.
Para México, el T-MEC continúa siendo el pilar de su economía. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y millones de empleos dependen de cadenas de suministro profundamente integradas entre los tres países. La industria automotriz es quizá el mejor ejemplo: un vehículo ensamblado en Norteamérica puede cruzar la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final, incorporando componentes producidos en México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, también sería un error asumir que Estados Unidos no obtiene beneficios del tratado. Las empresas estadounidenses dependen de proveedores mexicanos para reducir costos, mantener la competitividad frente a China y garantizar cadenas de suministro más resilientes. Buena parte del proceso de relocalización industrial —el llamado nearshoring— sólo tiene sentido porque existe un marco comercial relativamente estable entre los tres países. Deshacer ese entramado tendría costos importantes para las industrias de toda Norteamérica, no únicamente para México.
Desde una perspectiva Chiclosa, quizá el cambio más importante no sea jurídico, sino político. Durante décadas, la integración económica fue presentada como un objetivo compartido: producir más juntos para competir mejor frente al resto del mundo. Hoy esa lógica está siendo reemplazada por otra donde el comercio se convierte en un instrumento de presión y la interdependencia comienza a verse como una vulnerabilidad estratégica.
Eso explica por qué la revisión del T-MEC ya no gira únicamente alrededor de reglas de origen, acero o contenido regional. Ahora incorpora debates sobre migración, seguridad, fentanilo, agua, subsidios industriales e incluso geopolítica frente a China. El tratado dejó de ser solamente un acuerdo comercial para convertirse en el principal espacio donde se negocia la relación integral entre México y Estados Unidos.
Las declaraciones de Trump, por tanto, no significan necesariamente que el T-MEC vaya a desaparecer mañana. Pero sí confirman que la integración económica norteamericana atraviesa una nueva etapa. Una en la que el acceso al mercado más grande del mundo ya no se presenta como un compromiso permanente, sino como una concesión política que Washington está dispuesto a utilizar como herramienta de negociación. Esa incertidumbre, más que cualquier arancel aislado, es hoy el mayor desafío para las empresas y los gobiernos de la región.
