Masticada diaria
Marruecos abre la llave del flujo migratorio a España como presión política
La madrugada del jueves 30 de julio, Ceuta vivió la mayor crisis migratoria de su historia reciente. Decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español en pocas horas, desbordando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. La magnitud del episodio reabrió inmediatamente una pregunta que en España parecía enterrada desde 2021: ¿está utilizando Marruecos el control de los flujos migratorios como una herramienta de presión política sobre España y la Unión Europea?
Aunque el Gobierno español ha evitado responsabilizar directamente al rey Mohammed VI o al Ejecutivo marroquí de haber organizado la entrada masiva, numerosos responsables políticos, analistas y medios españoles sostienen que un movimiento de esa escala difícilmente habría sido posible sin una relajación deliberada de los controles fronterizos del lado marroquí. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llegó incluso a afirmar que Marruecos "ha demostrado que no es fiable" y pidió a Madrid y a Bruselas exigir respeto a la integridad territorial española.
La discusión tiene un antecedente imposible de ignorar. En mayo de 2021, más de 10 mil personas cruzaron hacia Ceuta en apenas 48 horas después de que Marruecos redujera drásticamente la vigilancia fronteriza, en medio de una grave crisis diplomática provocada por la decisión del Gobierno español de permitir la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella crisis terminó meses después con un giro histórico de la política exterior española: en marzo de 2022, Pedro Sánchez reconoció públicamente el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental como la propuesta "más seria, creíble y realista", un cambio que Rabat interpretó como una victoria diplomática.
Precisamente por ese antecedente, la nueva avalancha migratoria ha despertado sospechas dentro de España. De acuerdo con distintas reconstrucciones periodísticas, durante varias horas la vigilancia marroquí fue insuficiente para contener un movimiento masivo que terminó movilizando a decenas de miles de personas hacia la frontera. Sin embargo, los primeros análisis de los servicios de inteligencia españoles apuntan a un matiz importante: hasta ahora no existen evidencias de que Rabat hubiera planificado previamente una operación de esa magnitud. La conclusión preliminar es distinta: Marruecos habría permitido o tolerado temporalmente la salida de personas y reaccionó tarde, pero no habría organizado directamente la movilización.
Rabat rechaza esa interpretación. El Gobierno marroquí sostiene que la crisis fue consecuencia de la difusión de información falsa en redes sociales, de la actuación de redes de tráfico de personas y de la reciente sentencia del Tribunal Supremo español que limitó las llamadas "devoluciones en caliente" de migrantes interceptados en el mar. Marruecos insiste además en que sigue siendo un "socio fiable y responsable" en materia de control migratorio y recuerda que posteriormente colaboró con España para contener los cruces y facilitar numerosos retornos.
Lo cierto es que el contexto jurídico cambió pocas semanas antes de la crisis. A principios de julio, el Tribunal Supremo español estableció que las personas interceptadas en el mar frente a Ceuta y Melilla no pueden ser devueltas automáticamente a Marruecos sin un procedimiento administrativo y sin la posibilidad de solicitar protección internacional. Esa resolución incrementó el atractivo de la ruta marítima y trasladó buena parte de la capacidad de contención a las autoridades marroquíes, cuyo nivel de vigilancia resulta determinante para controlar los flujos.
Desde una perspectiva Chiclosa, el episodio ilustra un fenómeno cada vez más frecuente en la política internacional: la instrumentalización de la migración como herramienta de presión geopolítica. No se trata únicamente de personas buscando una vida mejor. También se trata de Estados que descubren que controlar —o dejar de controlar— una frontera puede convertirse en un poderoso mecanismo de negociación frente a sus vecinos.
Eso no significa ignorar la dimensión humana de la tragedia. Decenas de personas murieron durante la crisis y miles más arriesgaron su vida intentando llegar a Europa. Reducir todo el episodio a un tablero de ajedrez diplomático invisibiliza el drama de quienes cruzan porque enfrentan pobreza, falta de oportunidades o violencia. Pero ignorar la dimensión política sería igualmente ingenuo. Cuando un Estado posee la capacidad material para abrir o cerrar una frontera en cuestión de horas, esa capacidad termina formando parte de su arsenal de política exterior.
La gran incógnita ahora es si esta crisis provocará un nuevo reajuste en la relación entre España y Marruecos, como ocurrió en 2021, o si la Unión Europea responderá endureciendo todavía más su política fronteriza. Lo que parece claro es que la migración ha dejado de ser únicamente un desafío humanitario. En el Mediterráneo occidental se ha convertido también en una moneda de negociación entre Estados, donde el control de las fronteras puede traducirse en influencia diplomática.
Porque cuando miles de personas se convierten, voluntaria o involuntariamente, en el centro de una disputa entre gobiernos, la frontera deja de ser sólo una línea en el mapa. Se transforma en un instrumento de poder.
Popularidad de Trump se desploma
A poco más de año y medio de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump atraviesa el momento político más complicado de su segundo mandato. Diversas encuestas publicadas durante las últimas semanas muestran que su aprobación cayó a los niveles más bajos desde que volvió a la presidencia, en un contexto marcado por el encarecimiento del costo de vida, el desgaste por la guerra con Irán, la incertidumbre económica y una creciente percepción de que la Casa Blanca está priorizando conflictos políticos antes que los problemas cotidianos de los estadounidenses.
De acuerdo con el promedio de encuestas recopilado por diversos agregadores y con sondeos recientes de CBS News/YouGov, CNN/SSRS, AP-NORC y Quinnipiac University, menos de cuatro de cada diez estadounidenses aprueban actualmente la gestión del presidente, mientras que alrededor de seis de cada diez la desaprueban. Algunas mediciones sitúan su respaldo incluso entre 32% y 34%, niveles comparables a los peores momentos de su primer mandato y cercanos a los registrados por Richard Nixon durante la crisis de Watergate.
La caída no responde a un solo acontecimiento. Durante los últimos meses, la administración Trump ha enfrentado un creciente desgaste por la intervención militar contra Irán, una decisión que dividió a la opinión pública y elevó los precios internacionales de la energía. Al mismo tiempo, buena parte del electorado considera que el gobierno no ha logrado contener el aumento en el costo de bienes básicos, mientras las tensiones comerciales, los nuevos aranceles y la incertidumbre sobre acuerdos como el T-MEC han alimentado preocupaciones sobre el rumbo de la economía estadounidense.
Uno de los cambios más llamativos aparece precisamente en el terreno económico. Durante años, la principal fortaleza política de Trump fue la percepción de que administraba mejor la economía que sus adversarios. Hoy esa ventaja comienza a erosionarse. Encuestas recientes muestran que la aprobación de su manejo económico también cayó a mínimos históricos, con una mayoría de estadounidenses expresando pesimismo sobre la situación financiera del país y sobre sus propias perspectivas económicas.
El deterioro también alcanza a los votantes independientes, el segmento que suele definir las elecciones intermedias en Estados Unidos. Diversos estudios muestran que el respaldo de este grupo ha disminuido de manera constante desde el inicio del segundo mandato, una señal que preocupa especialmente al Partido Republicano a poco más de tres meses de las elecciones legislativas de noviembre. Históricamente, cuando un presidente llega a los comicios de medio mandato con niveles de aprobación por debajo del 40%, su partido suele perder un número importante de escaños en el Congreso.
Pese a ello, Trump mantiene una base republicana extraordinariamente sólida. Más de ocho de cada diez votantes identificados con el Partido Republicano siguen respaldando su gestión, lo que explica por qué el presidente conserva un fuerte control sobre su partido incluso cuando su imagen entre el conjunto del electorado continúa deteriorándose. Esa polarización hace que convivan dos realidades políticas distintas: para buena parte de sus simpatizantes, Trump sigue cumpliendo las promesas con las que regresó al poder; para una mayoría del país, su gobierno ha perdido el rumbo.
Desde una perspectiva Chiclosa, el dato más interesante no es únicamente que Trump sea impopular. Lo verdaderamente significativo es por qué está perdiendo apoyo. Buena parte de su éxito político se construyó alrededor de la promesa de mejorar la vida material de los estadounidenses: controlar la inflación, fortalecer la economía, recuperar empleos industriales y devolver estabilidad al país. Sin embargo, conforme avanzó su segundo mandato, la agenda pública comenzó a girar hacia otros frentes: confrontaciones comerciales, deportaciones masivas, conflictos internacionales y guerras culturales. El resultado es que muchos votantes sienten que los temas que afectan su bolsillo quedaron relegados.
Eso no significa que Trump esté políticamente derrotado. La historia estadounidense muestra que presidentes con bajos niveles de aprobación pueden recuperar terreno si la economía mejora o si logran cambiar la conversación pública. Pero también demuestra que las elecciones intermedias suelen funcionar como un referéndum sobre el gobierno en turno. Si las tendencias actuales se mantienen, los republicanos podrían enfrentar un escenario mucho más competitivo del que imaginaban hace apenas unos meses.
La caída de la popularidad presidencial también envía un mensaje más amplio. Durante la campaña de 2024, Trump prometió que su experiencia empresarial le permitiría resolver simultáneamente la inflación, la migración, los conflictos internacionales y el crecimiento económico. Hoy descubre el mismo límite que enfrentaron muchos de sus predecesores: gobernar una potencia global implica administrar prioridades que con frecuencia compiten entre sí. Cuando la atención del gobierno se concentra en una guerra o en una confrontación geopolítica, los ciudadanos suelen seguir evaluándolo con una pregunta mucho más sencilla: ¿mi vida cotidiana está mejor que hace un año?
Y, por ahora, las encuestas sugieren que una mayoría creciente de estadounidenses responde que no.
Aceptados de la UNAM se niegan a someterse a segunda prueba
La crisis del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un nuevo giro este lunes 3 de agosto. Un grupo de aspirantes que obtuvo un lugar en el concurso de ingreso a licenciatura rechazó la posibilidad de presentar una segunda evaluación presencial y pidió a las autoridades universitarias respetar los resultados originales, al considerar que no pueden ser responsabilizados por las fallas de un sistema que ellos no diseñaron ni administraron.
La postura surge apenas unos días después de que la Comisión Técnica creada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas recomendara aplicar un "examen de control" presencial a los aspirantes con resultados atípicamente altos y a quienes, con base en los puntajes históricos de cada carrera, aún podrían alcanzar un lugar. La medida busca dar certeza a un proceso que quedó bajo sospecha tras detectarse anomalías estadísticas y posibles casos de uso indebido de inteligencia artificial durante el primer examen de admisión completamente en línea en la historia de la universidad.
Los estudiantes que hoy se oponen a una nueva evaluación argumentan que dedicaron meses a prepararse, siguieron todas las reglas establecidas por la convocatoria y aprobaron un examen cuya validez fue garantizada inicialmente por la propia institución. Desde su perspectiva, volver a examinarlos significaría trasladar a los aspirantes el costo de un problema institucional. "No tenemos que demostrar otra vez que nos ganamos ese lugar", ha sido una de las consignas que comenzó a repetirse entre quienes exigen que la universidad distinga entre quienes actuaron conforme a las reglas y quienes eventualmente pudieron haber incurrido en irregularidades.
La dimensión del problema ayuda a entender por qué la decisión se ha vuelto tan compleja. En el proceso de admisión 2026 se registraron 191 mil 306 personas; 158 mil 712 presentaron efectivamente el examen y sólo 21 mil 962 obtuvieron un lugar. Es decir, apenas el 13.8% de los aspirantes logró ingresar. En un sistema tan competitivo, unos cuantos puntos pueden definir el futuro académico de miles de jóvenes, por lo que cualquier duda sobre la integridad del proceso termina afectando a toda una generación.
La controversia comenzó después de la publicación de resultados el pasado 17 de julio. Investigadores y especialistas detectaron un incremento inusual en el número de calificaciones sobresalientes, especialmente en carreras de alta demanda como Medicina. Paralelamente, comenzaron a circular testimonios en redes sociales sobre el posible uso de herramientas de inteligencia artificial y asistencia externa durante el examen remoto. Aunque la UNAM canceló aproximadamente el 2% de las evaluaciones por detectar conductas contrarias a la convocatoria, las anomalías observadas llevaron al rector a suspender temporalmente las inscripciones y ordenar una revisión integral del proceso.
La universidad enfrenta ahora un dilema sin una solución perfecta. Si mantiene intactos los resultados, corre el riesgo de que permanezca la sospecha sobre la legitimidad del concurso. Si obliga a repetir el examen a un grupo de aspirantes, también afecta a estudiantes que pudieron haber obtenido su lugar de manera completamente legítima. Y si decidiera repetir la evaluación para todos, tendría que reorganizar uno de los procesos de admisión más grandes de América Latina, con el consecuente retraso del calendario escolar y un enorme costo logístico.
Desde una perspectiva Chiclosa, la discusión comienza a revelar algo más profundo que un posible fraude. Durante los primeros días de la crisis, el debate se concentró en quienes pudieron haber utilizado inteligencia artificial para obtener una ventaja indebida. Hoy el centro de la conversación cambió. La pregunta ya no es únicamente quién hizo trampa, sino cómo proteger a quienes sí respetaron las reglas.
Ese cambio importa porque toda institución pública vive de la confianza. La UNAM no sólo certifica conocimientos; también distribuye oportunidades. Cuando un joven obtiene un lugar después de competir contra más de 150 mil personas, espera que ese resultado sea producto de su esfuerzo y que la propia universidad pueda defender la legitimidad del proceso que organizó. Si esa certeza desaparece, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en institucional.
La inteligencia artificial fue el detonante de esta crisis, pero no necesariamente su causa principal. Lo que quedó al descubierto es que las reglas con las que las universidades mexicanas evalúan el mérito fueron diseñadas para un contexto que cambió más rápido que ellas. La respuesta no puede consistir únicamente en repetir exámenes o endurecer los sistemas de vigilancia. También exige replantear qué significa evaluar conocimiento en una época donde la inteligencia artificial será una herramienta cotidiana para estudiar, investigar y trabajar.
La decisión que tome la UNAM en los próximos días marcará un precedente para todo el sistema de educación superior del país. No sólo porque definirá el futuro inmediato de miles de aspirantes, sino porque responderá una pregunta que ninguna universidad podrá seguir posponiendo: ¿cómo preservar la confianza en el mérito cuando la tecnología cambió para siempre la forma en que aprendemos?
