Masticada diaria
Sheinbaum alista regulación de celulares en escuelas: el debate ya no es la tecnología, sino quién protege la atención de niñas y niños
El Gobierno de México presentará a finales de agosto una propuesta nacional para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas de educación básica. Así lo anunció este lunes 3 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la iniciativa estará lista antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el 31 de agosto. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia que también busca establecer criterios para el uso de redes sociales entre menores de edad y fortalecer la protección de la salud mental infantil.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en que el objetivo no es prohibir los celulares por decreto ni imponer una medida unilateral. Según explicó, el gobierno busca construir una decisión colectiva con especialistas en educación, neurociencias, salud mental, docentes, madres y padres de familia. "Lo importante es que haya conciencia de los impactos y que los jóvenes no sientan que es una imposición", afirmó. La mandataria también sostuvo que el problema no son únicamente los dispositivos, sino el diseño de plataformas digitales cuyos algoritmos están orientados a mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible.
El anuncio es la continuación de un proceso que comenzó hace varias semanas. En julio, la Secretaría de Educación Pública inició una serie de foros con investigadores nacionales e internacionales para analizar la evidencia científica sobre el impacto de las pantallas en niñas, niños y adolescentes. En esas mesas participaron especialistas que expusieron investigaciones sobre los efectos del uso intensivo de redes sociales en la atención, el aprendizaje, el sueño, la ansiedad y la salud emocional. La intención del gobierno es que la regulación esté respaldada por evidencia y no únicamente por criterios disciplinarios.
Aunque el documento final aún no ha sido presentado, el Ejecutivo ha adelantado algunos de los ejes que podrían formar parte de la propuesta. Entre ellos se encuentra establecer lineamientos nacionales para el uso de celulares durante la jornada escolar, impulsar campañas de alfabetización digital para familias y docentes y abrir el debate sobre la edad mínima para acceder a determinadas plataformas digitales. La regulación también buscaría involucrar a las propias empresas tecnológicas, bajo el argumento de que los riesgos asociados al uso excesivo de redes sociales no pueden recaer exclusivamente en la responsabilidad de las familias o de las escuelas.
México no llega tarde a una discusión aislada. En los últimos dos años varios países han endurecido sus políticas sobre dispositivos móviles en las aulas. Francia prohibió el uso de teléfonos inteligentes en escuelas primarias y secundarias y recientemente anunció restricciones más severas para el acceso de menores de 15 años a redes sociales. Países como Países Bajos, Italia y algunas regiones de España también han adoptado medidas similares, mientras Australia avanza en regulaciones para limitar el acceso de menores a determinadas plataformas digitales. El debate internacional ha dejado de centrarse en si la tecnología debe estar presente en la educación y se ha desplazado hacia una pregunta más específica: bajo qué condiciones y con qué límites.
Al mismo tiempo, la discusión plantea una tensión importante. Durante la última década, los gobiernos promovieron la digitalización de la educación como una herramienta para reducir desigualdades y ampliar el acceso al conocimiento. De hecho, documentos oficiales del propio Estado mexicano siguen considerando prioritario cerrar la brecha digital y fomentar el acceso seguro de niñas, niños y adolescentes a las tecnologías de la información. El reto consiste ahora en equilibrar ese objetivo con la evidencia creciente sobre los efectos del uso compulsivo de plataformas diseñadas para capturar la atención.
Desde una perspectiva Chiclosa, el cambio más interesante no está en la posibilidad de restringir los celulares dentro de las escuelas. Está en reconocer que la atención de millones de niñas y niños se convirtió en un mercado. Durante años se presentó el uso excesivo de pantallas como un problema de disciplina familiar, como si bastara con que madres y padres dijeran "guarda el teléfono". Hoy sabemos que detrás de cada notificación, de cada video recomendado y de cada desplazamiento infinito existen modelos de negocio construidos precisamente para prolongar el tiempo de conexión.
Eso cambia completamente la discusión. Si los algoritmos están diseñados para competir por la atención de los menores, entonces el problema deja de ser exclusivamente privado y se convierte también en un asunto de política pública. Del mismo modo que el Estado regula alimentos, tabaco o publicidad dirigida a la infancia cuando existe evidencia de riesgos para la salud, también puede preguntarse qué responsabilidades deben asumir las plataformas digitales cuyo modelo económico depende de captar la atención de menores durante horas.
La clave estará en no confundir regulación con prohibición. Prohibir sin educar difícilmente resolverá el problema. Pero tampoco basta con promover el uso responsable si el diseño mismo de las plataformas incentiva comportamientos adictivos. El verdadero desafío consiste en construir una política que proteja el desarrollo de niñas y niños sin renunciar a las oportunidades educativas que ofrecen las nuevas tecnologías.
En el fondo, la discusión ya no trata sobre teléfonos celulares. Trata sobre quién controla el recurso más valioso de la economía digital: nuestra atención. Y sobre si las escuelas seguirán siendo espacios para aprender o terminarán compitiendo, en condiciones profundamente desiguales, contra algoritmos diseñados para que nadie quiera levantar la vista de la pantalla.
¿Censura o convivencia democrática? El choque entre el INE y el PRI reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en política
A menos de un año del arranque formal del proceso electoral de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a colocarse en el centro de una controversia política. La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigente nacional, Alejandro "Alito" Moreno, retirar de sus redes sociales una serie de publicaciones en las que calificaban a Morena como "narcopartido", "narcogobierno", "narcodictadura" y utilizaban expresiones similares para referirse al partido en el poder. La resolución fue emitida como medida cautelar, es decir, mientras el fondo del asunto continúa siendo analizado por la autoridad electoral.
La decisión respondió a una queja presentada por Morena, que argumentó que esas publicaciones no constituían únicamente una crítica política, sino la imputación de delitos sin que existiera una resolución judicial que los acreditara. La Comisión estimó, de manera preliminar, que los mensajes podrían vulnerar la normativa electoral al atribuir conductas criminales de forma categórica y ordenó su retiro mientras se resuelve el procedimiento. La medida también alcanzó algunas publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales del PRI.
La respuesta del dirigente priista fue inmediata. Alejandro Moreno calificó la resolución como un acto de censura, sostuvo que el INE busca proteger al partido gobernante y anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A su juicio, llamar "narcopartido" a Morena forma parte del debate político y está protegido por la libertad de expresión, especialmente cuando la oposición cuestiona la estrategia de seguridad del gobierno y los presuntos vínculos de algunos actores políticos con grupos del crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente la actuación del Instituto. Señaló que las autoridades electorales tienen la obligación de aplicar la legislación vigente y sostuvo que existe una diferencia entre ejercer una crítica política y realizar imputaciones que presentan como hechos consumados delitos que no han sido acreditados judicialmente. También recordó que la resolución corresponde a una medida cautelar y que el caso aún deberá resolverse en el fondo por las instancias electorales competentes.
El episodio ocurre en un contexto de creciente polarización política. Durante los últimos meses, la oposición ha intensificado el uso del término "narcopartido" para referirse a Morena, especialmente tras diversas investigaciones periodísticas y procesos judiciales relacionados con funcionarios o exfuncionarios de distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, dirigentes morenistas han denunciado que esa narrativa busca construir una generalización sobre millones de militantes y simpatizantes a partir de casos individuales, mientras dentro del propio partido algunas voces, como la del diputado Ricardo Monreal, han reconocido la necesidad de fortalecer los filtros internos para evitar candidaturas con posibles vínculos criminales y recuperar la confianza ciudadana.
El debate jurídico tampoco es nuevo. En distintos procesos electorales, el Tribunal Electoral ha sostenido que la libertad de expresión en materia política goza de una protección reforzada porque el debate público debe ser amplio, intenso e incluso incómodo. Sin embargo, también ha establecido que esa protección no es absoluta cuando las expresiones pueden constituir calumnia electoral, entendida como la imputación directa de delitos a personas o partidos sin respaldo suficiente y con potencial para afectar la equidad de la contienda. Precisamente esa es la discusión que ahora deberá resolverse en el fondo.
Desde una perspectiva Chiclosa, el problema no debería reducirse a una falsa disyuntiva entre censura o libertad absoluta. La pregunta más interesante es otra: ¿qué tipo de debate político queremos construir rumbo a 2027? En una democracia resulta indispensable que los partidos denuncien posibles actos de corrupción, vínculos con el crimen organizado o abusos de poder. Pero esas denuncias adquieren mayor fuerza cuando descansan en investigaciones, procesos judiciales o evidencia verificable, no únicamente en etiquetas diseñadas para dominar la conversación pública.
Al mismo tiempo, tampoco conviene normalizar que las medidas cautelares se conviertan en un mecanismo para retirar sistemáticamente expresiones incómodas del debate político. Si las autoridades electorales intervienen de manera excesiva, existe el riesgo de generar un efecto inhibidor sobre la crítica pública. Si no intervienen nunca, las campañas pueden degradarse hasta convertirse en una competencia de acusaciones sin sustento.
En el fondo, el caso revela un fenómeno más amplio. La política mexicana se ha desplazado del terreno de las propuestas hacia el de las narrativas. Hoy buena parte de la disputa consiste en imponer una etiqueta que resuma al adversario: "narcopartido", "dictadura", "conservadores", "traidores", "populistas". El problema es que cuando las consignas sustituyen a la evidencia, el debate democrático pierde profundidad y los ciudadanos terminan discutiendo eslóganes en lugar de hechos.
Por eso la discusión que resolverán el INE y, eventualmente, el Tribunal Electoral va mucho más allá de una publicación en redes sociales. Lo que está en juego es dónde se dibuja la línea entre la crítica política legítima y la imputación de delitos durante una campaña. Una frontera que será cada vez más importante conforme México se acerque a un nuevo proceso electoral.
Buscan romper relaciones entre México e Israel por genocidio en Gaza
La discusión sobre el agua en Chihuahua dejó de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un tema de política internacional. El pasado fin de semana, organizaciones ambientalistas, colectivos feministas, defensores del agua y grupos de solidaridad con Palestina se movilizaron en distintas ciudades del país para exigir la cancelación del convenio de cooperación hídrica firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y la agencia israelí de cooperación internacional Mashav. Las protestas, realizadas de manera simultánea en entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Tijuana, Querétaro, Mérida y Aguascalientes, colocaron en el centro del debate una pregunta que trasciende la gestión del agua: ¿debe un gobierno mexicano mantener acuerdos de cooperación con el Estado de Israel en medio de la guerra en Gaza?
El convenio que hoy genera controversia no es nuevo. Fue firmado el 23 de febrero de 2023 entre la JCAS y Mashav, la agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, con vigencia hasta 2027. Su objetivo formal consiste en intercambiar conocimientos y experiencias sobre administración del agua, tratamiento de aguas residuales, tecnologías de riego y gestión hídrica en zonas con estrés hídrico, un campo en el que Israel es considerado uno de los países con mayor desarrollo tecnológico debido a sus sistemas de desalinización, reúso de agua y riego por goteo.
La polémica, sin embargo, no gira únicamente alrededor del contenido técnico del acuerdo. Los colectivos que convocaron las movilizaciones sostienen que mantener un convenio de cooperación con instituciones israelíes resulta incompatible con las denuncias internacionales sobre la ofensiva militar en Gaza. Además, cuestionan la falta de transparencia en torno al documento y afirman que el plan de cooperación no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como establece la legislación mexicana para este tipo de instrumentos internacionales.
El gobierno de Chihuahua rechaza esas acusaciones. El director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, ha insistido en que el convenio no implica inversión extranjera, privatización del agua, concesiones, construcción de infraestructura por parte de empresas israelíes ni participación de personal extranjero en la administración del recurso. Según explicó, la cooperación se limita al intercambio de conocimiento técnico mediante cursos, asesorías y capacitación, la mayoría de ellos realizados de forma virtual. También sostiene que el acuerdo se encuentra respaldado por el Tratado de Cooperación Técnica entre México e Israel, vigente desde 1966, y que la SRE dio seguimiento administrativo al procedimiento correspondiente.
La controversia se desarrolla además en un contexto especialmente sensible para Chihuahua. El estado atraviesa una de las sequías más severas de las últimas décadas y enfrenta conflictos recurrentes por la distribución del agua entre uso agrícola, consumo urbano y compromisos internacionales derivados del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. En ese escenario, cualquier decisión relacionada con la gestión hídrica adquiere una dimensión política mucho mayor que la de un simple acuerdo de cooperación técnica.
Desde una perspectiva Chiclosa, sería un error reducir esta historia a un falso dilema entre "tecnología israelí" o "ideología". La verdadera discusión tiene al menos dos niveles distintos. El primero es jurídico e institucional: cualquier convenio internacional suscrito por autoridades locales debe cumplir plenamente con los mecanismos de transparencia y control previstos por la legislación mexicana. Si existen dudas sobre su registro o sobre el procedimiento seguido para su celebración, corresponde a las autoridades aclararlas con documentos públicos y no únicamente mediante declaraciones políticas.
El segundo nivel es ético y geopolítico. En los últimos dos años, universidades, gobiernos locales, fondos de inversión y organizaciones sociales en distintas partes del mundo han revisado sus vínculos institucionales con entidades israelíes como consecuencia de la guerra en Gaza y de las resoluciones de organismos internacionales que cuestionan la actuación del gobierno de Benjamin Netanyahu. En ese contexto, las movilizaciones en México forman parte de un debate global sobre si la cooperación científica, tecnológica o económica puede separarse completamente de las responsabilidades políticas de los Estados.
Al mismo tiempo, tampoco conviene simplificar el problema suponiendo que todo intercambio tecnológico implica respaldo político. Israel ha desarrollado algunas de las tecnologías de gestión hídrica más avanzadas del mundo y numerosos países mantienen programas de cooperación técnica en esa materia. La cuestión que hoy plantean los manifestantes no es si esas tecnologías funcionan, sino si las circunstancias internacionales actuales modifican el marco ético en el que deben sostenerse ese tipo de acuerdos.
En el fondo, la discusión refleja cómo el agua dejó de ser únicamente un recurso natural para convertirse también en un tema de soberanía, diplomacia y derechos humanos. Lo que comenzó como un convenio de cooperación técnica terminó insertándose en una conversación mucho más amplia sobre transparencia pública, política exterior y la responsabilidad que asumen los gobiernos cuando deciden con quién cooperan y bajo qué condiciones.
