Masticada Diaria
Se reúne Sheinbaum con un pato y el rey de España; olvida a madres buscadoras y maestros
El Mundial de 2026 ha dejado una imagen curiosa de la política mexicana. Mientras colectivos de madres buscadoras aprovecharon la atención internacional de la inauguración para exigir justicia por más de 130 mil personas desaparecidas en el país, mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenía movilizaciones en la Ciudad de México exigiendo una reforma al sistema de pensiones, y mientras distintos movimientos sociales buscaban colocar sus demandas en la conversación pública mundialista, la presidenta Claudia Sheinbaum encontró espacio en su agenda para recibir al pato más famoso del torneo.
No es una metáfora.
El pasado 22 de junio, Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Merlín, el pato que se volvió viral durante las celebraciones mundialistas y que incluso comenzó a ser presentado por algunos medios como una suerte de mascota no oficial del torneo. Durante el encuentro, la presidenta destacó la historia de la familia de Karla Gómez, propietaria del animal, y anunció apoyos gubernamentales para ellos. El propio gobierno presentó el episodio como una muestra de "humanismo" y cercanía con la gente.
La historia de Merlín es genuinamente entrañable. Una familia trabajadora que encontró en un pato vestido con la camiseta de la selección mexicana una inesperada fama mundial. El problema no es Merlín.
La pregunta es otra.
¿Por qué resulta más sencillo para el gobierno abrir las puertas de Palacio Nacional a un fenómeno viral que a sectores sociales que llevan años exigiendo diálogo?
La pregunta adquiere relevancia porque apenas unos días antes de la inauguración mundialista, Sheinbaum confirmó que no sostendría reuniones directas con la CNTE pese a que el conflicto magisterial llevaba semanas escalando y amenazaba con convertirse en uno de los principales focos de tensión social durante el torneo.
Al mismo tiempo, las madres buscadoras organizaron movilizaciones y protestas durante la inauguración para recordar que México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones que continúa creciendo año con año. Diversos colectivos aprovecharon precisamente la atención mediática internacional del Mundial para intentar visibilizar una tragedia que frecuentemente queda relegada frente a otras prioridades gubernamentales.
Sin embargo, las imágenes que terminaron dominando buena parte de la narrativa oficial fueron otras.
Primero fue la campaña alrededor del boleto presidencial para la inauguración. Sheinbaum anunció que regalaría la entrada que le había obsequiado la FIFA a una joven mexicana para simbolizar que el Mundial debía ser para el pueblo. La ganadora fue Yolett Cervantes, una joven futbolista de Tlaquilpa, Veracruz. Tras diversas especulaciones en redes sociales sobre su presencia durante la ceremonia, el gobierno difundió posteriormente videos y fotografías que confirmaron que sí asistió al Estadio Azteca y que incluso se fotografió con Gianni Infantino.
Pero incluso esa historia abrió preguntas incómodas.
Porque más allá del gesto simbólico, el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión que el gobierno y la FIFA han evitado responder de fondo: si el Mundial realmente era para los mexicanos, ¿por qué el acceso al torneo terminó dependiendo de concursos, invitaciones especiales y actos simbólicos, mientras los precios reales de los boletos quedaron fuera del alcance de millones de aficionados?
La política de los símbolos volvió a imponerse sobre la política pública.
Y el contraste se hizo todavía más evidente cuando se confirmó que Sheinbaum sostendrá una reunión oficial con el rey Felipe VI de España en el marco del Mundial. El encuentro forma parte del proceso de normalización diplomática entre ambos países y busca fortalecer la relación bilateral después de años de tensiones sobre la memoria histórica de la conquista.
Desde luego, las relaciones internacionales importan.
México debe mantener vínculos sólidos con España y con el resto del mundo.
Pero la imagen resulta inevitablemente llamativa.
Hay tiempo para recibir al pato Merlín.
Hay tiempo para recibir al rey de España.
Hay tiempo para reuniones protocolarias vinculadas al Mundial.
Pero no hubo tiempo para sentarse directamente con los maestros de la CNTE ni para abrir una interlocución política visible con las madres buscadoras que aprovecharon el torneo para recordar que miles de familias siguen buscando a sus hijos.
Desde Palacio Nacional se argumentará que los temas son distintos, que existen canales institucionales para atender cada conflicto y que el gobierno mantiene diálogo permanente con diversos sectores.
Y probablemente sea cierto.
Pero la política también se construye a través de las señales que envía el poder.
Y durante el Mundial de 2026 la señal que muchos mexicanos observaron fue que los gestos simbólicos recibieron más reflectores que las demandas sociales.
Quizá el verdadero debate no sea si Sheinbaum debía recibir a Merlín o reunirse con Felipe VI.
La pregunta es por qué parece mucho más fácil organizar esos encuentros que construir espacios de diálogo político con quienes llevan años exigiendo respuestas.
Porque los símbolos generan buenas fotografías.
Pero los problemas de fondo siguen esperando audiencia.
El T-MEC no se cae: Ebrard. La pregunta sigue siendo para quién funciona integración comercial
Marcelo Ebrard salió a ponerle piso a una de las mayores incertidumbres económicas del sexenio: el T-MEC no desaparecerá en 2026. El secretario de Economía aseguró que, incluso en el peor escenario, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá vigente al menos diez años más. La declaración llega a días de que arranque formalmente la revisión trilateral del acuerdo, prevista para el 1 de julio de 2026, y busca enviar un mensaje de tranquilidad a inversionistas, empresas exportadoras y gobiernos estatales que dependen de la integración productiva con Norteamérica.
El punto técnico es importante. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia de 16 años, es decir, hasta 2036. Pero el tratado incluye una revisión obligatoria cada seis años. Si los tres países acuerdan extenderlo, su vigencia se ampliaría hasta 2042. Si alguno no acepta esa extensión, el tratado no desaparece automáticamente: sigue vigente, pero entra en un esquema de revisiones anuales durante los siguientes diez años. Por eso Ebrard insistió en que hablar de una disolución inmediata es incorrecto. En sus palabras, “el peor escenario es que siga 10 años”.
La aclaración no es menor. Durante meses, Donald Trump ha utilizado el comercio exterior como herramienta de presión política. Ha cuestionado acuerdos multilaterales, ha amenazado con aranceles y ha insistido en que Estados Unidos debe renegociar desde una posición más agresiva frente a sus socios. En ese contexto, México intenta reducir la incertidumbre antes de sentarse a la mesa con Washington y Ottawa. El mensaje de Ebrard es claro: puede haber tensión, puede haber negociación dura, puede haber revisiones sectoriales, pero el tratado no se cae de un día para otro.
La apuesta del gobierno mexicano será extender el acuerdo por 16 años más. Para eso, México presentará el 1 de julio una carta firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum con la posición formal de mantener y ampliar la vigencia del T-MEC. La intención política es evidente: enviar una señal de estabilidad en un momento en el que las empresas están tomando decisiones de inversión vinculadas al nearshoring, la manufactura avanzada, la industria automotriz, los semiconductores, la agroindustria y la relocalización de cadenas de suministro.
Pero aquí empieza la parte que hay que masticar.
Que el T-MEC siga vigente es una buena noticia para la estabilidad económica de México. Sería irresponsable fingir lo contrario. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y buena parte de la industria nacional opera integrada a cadenas productivas regionales. El problema es que la estabilidad comercial no equivale automáticamente a desarrollo nacional. México puede seguir exportando cifras récord, atraer inversión y presumir integración, mientras millones de trabajadores continúan atrapados en salarios bajos, estrés laboral, largas jornadas y regiones enteras que nunca han recibido los beneficios prometidos por la apertura comercial.
Esa es la contradicción central.
Durante treinta años, primero con el TLCAN y después con el T-MEC, se nos dijo que integrarnos a Norteamérica era el camino inevitable hacia la prosperidad. Y sí: México se volvió una potencia exportadora. Pero también se consolidó un modelo donde el norte industrial crece mucho más que el sur, donde las grandes empresas capturan la mayor parte del valor agregado y donde el país sigue dependiendo enormemente del ciclo económico y político de Estados Unidos.
Por eso la revisión de 2026 no debería tratarse solamente de evitar que Trump rompa el tratado. También debería servir para preguntarnos qué tipo de integración queremos.
Una integración que sólo garantice certidumbre a las grandes corporaciones no alcanza. Una integración que convierta a México únicamente en plataforma manufacturera barata tampoco. Una integración verdaderamente útil tendría que traducirse en política industrial, mejores salarios, energía suficiente, infraestructura moderna, innovación tecnológica, derechos laborales efectivos y desarrollo regional. De lo contrario, seguiremos celebrando que el tratado vive mientras muchos mexicanos siguen sin sentir que esa integración también trabaja para ellos.
La paradoja política es poderosa. Un gobierno mexicano de izquierda está defendiendo hoy el libre comercio norteamericano frente al nacionalismo proteccionista de Trump. Y tiene sentido hacerlo, porque romper el T-MEC tendría costos enormes para México. Pero defenderlo no debería significar aceptarlo como dogma ni dejar intactas sus desigualdades.
El T-MEC no se acaba.
La verdadera pregunta es si México va a usar los próximos diez o dieciséis años para cambiar su lugar dentro de la región o si simplemente va a seguir presumiendo exportaciones mientras la mayoría mira desde lejos cómo otros se quedan con la parte más rentable del negocio.
Porque la certidumbre comercial importa.
Pero el desarrollo no se mide sólo en contenedores cruzando la frontera.
El efecto Mamdani llega a Washington: izquierda socialista gana en Nueva York y manda señal al Partido Demócrata
Hace apenas unos meses, buena parte del establishment político estadounidense intentaba presentar la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York como una anomalía local. Un fenómeno limitado a una ciudad progresista, diversa y excepcionalmente liberal. Las elecciones primarias celebradas esta semana demostraron algo distinto: el proyecto político que llevó a Mamdani al gobierno de la ciudad más importante de Estados Unidos no sólo sigue vivo, sino que comienza a expandirse hacia el Congreso federal.
Tres candidatos respaldados por Mamdani obtuvieron victorias importantes en las primarias demócratas para la Cámara de Representantes. Brad Lander derrotó al congresista Dan Goldman en el distrito 10; Claire Valdez ganó la nominación en el distrito 7; y Darializa Ávila Chevalier logró una de las sorpresas de la jornada al derrotar al veterano congresista Adriano Espaillat en el distrito 13. Los tres llegarán como favoritos a las elecciones generales de noviembre en distritos históricamente demócratas.
La noticia importa mucho más allá de Nueva York.
Porque estas elecciones no fueron simplemente una disputa entre candidatos. Fueron una disputa entre dos visiones distintas del Partido Demócrata.
Por un lado se encontraban figuras respaldadas por el aparato tradicional del partido, grandes donantes y sectores moderados. Por el otro aparecía una nueva generación de candidatos vinculados al movimiento que llevó a Mamdani a la alcaldía, cercano a organizaciones progresistas, sindicatos, movimientos por la vivienda asequible y sectores que consideran que el Partido Demócrata ha perdido conexión con las preocupaciones económicas cotidianas de millones de trabajadores estadounidenses.
Lo interesante es que el eje de la campaña no giró principalmente alrededor de Donald Trump.
Giró alrededor del costo de vida.
Mientras durante años los estrategas demócratas apostaron por construir campañas centradas en la defensa de las instituciones frente al trumpismo, los candidatos apoyados por Mamdani insistieron en hablar de rentas, vivienda, transporte público, salud universal, salarios y acceso a servicios básicos. En otras palabras, volvieron a colocar la economía cotidiana en el centro del debate político.
La figura de Mamdani ayuda a entender el fenómeno.
Electo alcalde de Nueva York en noviembre de 2025, se convirtió en el primer alcalde musulmán y de origen asiático en la historia de la ciudad. Su victoria fue interpretada como una señal de que una nueva generación de políticos progresistas podía competir exitosamente incluso después del desgaste sufrido por sectores de la izquierda estadounidense tras la salida de figuras como Bernie Sanders del centro del escenario nacional.
Lo ocurrido esta semana sugiere que esa lectura era correcta.
Los triunfos de Lander, Valdez y Ávila Chevalier representan una ampliación de la influencia política de Mamdani más allá de la alcaldía. Por primera vez desde la irrupción de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez en 2018, el ala progresista del Partido Demócrata parece estar construyendo una nueva generación de liderazgos con capacidad real para disputar espacios institucionales.
La victoria de Ávila Chevalier resulta especialmente significativa.
La candidata derrotó a Espaillat, un congresista con cinco mandatos y una de las figuras más consolidadas de la política dominicana en Nueva York. Durante su discurso de victoria afirmó que "la política del pasado termina hoy" y prometió una representación centrada en vivienda, justicia económica y servicios públicos. Su triunfo recuerda inevitablemente a la derrota que Ocasio-Cortez infligió a Joe Crowley en 2018, cuando una figura prácticamente desconocida desplazó a uno de los hombres más poderosos del Partido Demócrata.
Por supuesto, no todos los resultados favorecieron a los progresistas.
Sectores moderados conservaron varias candidaturas importantes en distritos competitivos y mantienen una presencia significativa dentro del partido. La coalición demócrata continúa siendo amplia y diversa. Pero la señal política es difícil de ignorar: el ala izquierda ganó las batallas más observadas de la jornada.
Desde una perspectiva chiclosa, quizá la lección más interesante sea otra.
Durante años escuchamos que las propuestas progresistas eran electoralmente inviables en Estados Unidos. Que hablar de vivienda pública, regulación corporativa, derechos laborales, salud universal o impuestos a los más ricos alejaba a los votantes. Sin embargo, buena parte de los candidatos que ganaron esta semana hicieron exactamente eso.
No ganaron escondiendo sus posiciones.
Ganaron defendiendo abiertamente una agenda económica más ambiciosa.
Eso no significa que Estados Unidos esté girando automáticamente hacia la izquierda.
Significa algo más interesante.
Que en un momento marcado por la desigualdad, el costo de vida y la concentración de riqueza, cada vez más votantes parecen estar buscando respuestas que van más allá de la simple administración del statu quo.
Y ahí aparece la pregunta que probablemente más preocupa al establishment demócrata.
Si el efecto Mamdani sigue creciendo en Nueva York, ¿cuánto tiempo pasará antes de que empiece a influir también en la política nacional?
Porque las elecciones de esta semana no definieron únicamente candidaturas para el Congreso.
También ofrecieron una pista sobre el futuro del Partido Demócrata.
Y ese futuro parece mucho más progresista de lo que muchos esperaban.
