Masticada diaria
Sheinbaum acusa a Trump de proteger a grupos terroristas.
La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada sigue generando consecuencias diplomáticas casi dos años después de ocurrida. Este 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó uno de sus cuestionamientos más duros contra el gobierno de Estados Unidos al señalar una contradicción de fondo: si Washington considera a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿por qué habría protegido a integrantes de esos mismos grupos durante la operación que terminó con el traslado de Zambada a territorio estadounidense? 
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que la embajada estadounidense entregó información oficial sobre el caso, pero aseguró que esos documentos “no tienen nada que ver con lo que realmente ocurrió”, a la luz de las recientes revelaciones periodísticas que apuntan a una participación más activa de agencias estadounidenses, particularmente del FBI, en la operación realizada en julio de 2024. La mandataria anunció que el gobierno mexicano hará públicos esos documentos para contrastarlos con la información difundida en días recientes y responder una pregunta central: ¿quién mintió? 
El origen de la polémica está en la forma en que Zambada llegó a Estados Unidos.
Desde su detención, el histórico líder del Cártel de Sinaloa ha sostenido que fue secuestrado en Culiacán, obligado a subir a un avión privado y trasladado contra su voluntad a El Paso, Texas. En la aeronave viajaba también Joaquín Guzmán López, quien posteriormente se entregó a las autoridades estadounidenses. Durante meses, Washington sostuvo que se trató de una entrega realizada por Guzmán López sin participación operativa de agentes estadounidenses dentro de territorio mexicano. Sin embargo, nuevas publicaciones periodísticas han puesto en duda esa versión y sugieren que agencias de Estados Unidos tuvieron un papel más directo en la operación. 
Para Sheinbaum, el problema trasciende el caso de un narcotraficante.
“Nadie va a defender a un delincuente”, aclaró la presidenta. Pero inmediatamente agregó que otra cosa muy distinta es permitir que un gobierno extranjero actúe dentro del territorio nacional sin autorización expresa del Estado mexicano. “La colaboración no puede justificar la invasión ni la injerencia”, afirmó, insistiendo en que cualquier cooperación en materia de seguridad debe respetar plenamente la soberanía nacional. 
Desde una perspectiva chiclosa, aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su administración ha endurecido el discurso contra los cárteles mexicanos, llegando incluso a clasificarlos como organizaciones terroristas y a reservarse la posibilidad de actuar unilateralmente si considera que representan una amenaza para la seguridad estadounidense. Al mismo tiempo, si las versiones sobre el caso Zambada terminan confirmándose, significaría que Washington habría coordinado o facilitado una operación con integrantes de una organización criminal para capturar a otro integrante de esa misma organización.
En otras palabras, el gobierno que afirma combatir el terrorismo habría terminado negociando —o al menos cooperando tácticamente— con personas pertenecientes al grupo que califica como terrorista.
Esa es precisamente la contradicción que Sheinbaum busca colocar en el centro del debate. No para defender a Zambada. Sino para cuestionar la coherencia de la política estadounidense.
Porque si el combate al narcotráfico permite operaciones unilaterales dentro de otro país, utilización de actores criminales como fuentes o colaboradores y acciones que no son informadas al gobierno del Estado donde ocurren, la discusión deja de ser exclusivamente sobre seguridad. Se convierte en una discusión sobre soberanía.
No es la primera vez que México enfrenta un dilema de este tipo. La historia bilateral está llena de episodios donde la cooperación en seguridad ha convivido con acusaciones de espionaje, operaciones encubiertas e intervenciones extraterritoriales. Desde la desaparición del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en los años ochenta hasta los programas de intercambio de inteligencia posteriores a la Iniciativa Mérida, la frontera entre cooperación e injerencia ha sido motivo permanente de tensión.
Hoy esa discusión regresa con fuerza y lo hace en un contexto particularmente delicado: una relación bilateral marcada por disputas comerciales, revisiones del T-MEC, diferencias sobre migración y crecientes presiones estadounidenses para intervenir más directamente en el combate a los cárteles.
La gran pregunta ya no es únicamente cómo fue capturado “El Mayo”.
La pregunta es cuáles son los límites de la cooperación entre dos países cuando uno de ellos considera que sus prioridades de seguridad justifican actuar más allá de sus propias fronteras.
Porque capturar a un capo puede ser un objetivo compartido. Pero permitir que otro Estado decida cómo hacerlo dentro de territorio nacional es una discusión completamente distinta. Y esa discusión apenas comienza.
Trump embauca con su criptomoneda mientras se enriquece
Donald Trump prometió hacer de Estados Unidos la capital mundial de las criptomonedas. Pero mientras impulsaba una agenda favorable para los activos digitales desde la Casa Blanca, otro negocio florecía en paralelo: el suyo.
Un informe de la firma de análisis Nansen, retomado por The New York Times y difundido por La Jornada, revela que 988 mil 905 inversionistas que compraron la memecoin $TRUMP acumularon pérdidas por 3 mil 810 millones de dólares hasta finales de junio. Al mismo tiempo, Trump, su familia y las empresas que controlan la mayor parte de los tokens obtuvieron ganancias multimillonarias gracias a comisiones, ventas iniciales y la apreciación temprana del activo. 
La historia ilustra perfectamente cómo funcionan muchas de las llamadas memecoins.
A diferencia de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, cuyo valor suele asociarse a una infraestructura tecnológica específica, las memecoins dependen casi exclusivamente de la popularidad de una figura pública, una comunidad digital o un fenómeno viral. Su precio puede dispararse en cuestión de horas impulsado por la expectativa de nuevos compradores, pero también desplomarse con la misma velocidad cuando desaparece el entusiasmo inicial. Eso fue exactamente lo que ocurrió con $TRUMP.
El token alcanzó un valor extraordinario tras su lanzamiento, impulsado por la enorme atención mediática alrededor del regreso de Trump a la presidencia y por el entusiasmo de miles de pequeños inversionistas que esperaban obtener ganancias rápidas. Sin embargo, conforme el mercado perdió impulso y comenzaron las ventas masivas, el precio se desplomó, dejando pérdidas para cientos de miles de personas que compraron cuando la moneda ya cotizaba cerca de sus máximos. 
Lo más llamativo no son únicamente las pérdidas. Es quién ganó.
Según el análisis, cerca de 500 mil billeteras digitales obtuvieron alrededor de 4 mil millones de dólares en ganancias. Sin embargo, la distribución estuvo lejos de ser equitativa: un pequeño grupo de compradores tempranos y los promotores originales del proyecto concentraron buena parte de esos beneficios, mientras la inmensa mayoría de los inversionistas minoristas terminó absorbiendo las pérdidas. 
¿Puede un presidente beneficiarse personalmente de un activo financiero cuyo valor depende, en buena medida, de las decisiones que él mismo toma desde el gobierno?
Ese es precisamente el debate que ha comenzado a abrirse en Estados Unidos.
Expertos en ética y organizaciones de vigilancia pública han advertido que el caso representa un conflicto de interés sin precedentes. Mientras la administración Trump impulsa regulaciones más favorables para el ecosistema cripto y promueve públicamente a Estados Unidos como potencia mundial en este sector, la familia presidencial mantiene importantes intereses económicos vinculados a ese mismo mercado. No se trata únicamente de una discusión jurídica. También es una discusión sobre confianza.
Los mercados financieros funcionan porque quienes participan creen que todos juegan bajo las mismas reglas. Pero cuando quien diseña parte de esas reglas también participa como empresario en el mismo mercado, la frontera entre interés público e interés privado comienza a difuminarse. La defensa de Trump ha sido consistente. Sus representantes sostienen que los activos se encuentran administrados por un fideicomiso controlado por sus hijos y que no existe un conflicto directo. Sin embargo, para numerosos especialistas en ética gubernamental esa separación resulta insuficiente cuando el apellido del presidente es precisamente la marca que da valor comercial al activo financiero. Hay además otra dimensión que pocas veces se discute.
Las memecoins venden una narrativa de democratización financiera: cualquiera puede comprar unas cuantas monedas y convertirse en el próximo millonario. Pero la realidad suele parecerse mucho más a un viejo patrón conocido en los mercados especulativos.
Quienes entran primero suelen ganar. Quienes llegan cuando el fenómeno ya es viral suelen financiar esas ganancias.
No es una casualidad. Es el funcionamiento mismo del modelo. Por eso el caso $TRUMP trasciende el universo de las criptomonedas.
Habla de una nueva forma de hacer política. Una donde la figura presidencial ya no sólo recauda votos.
También puede convertirse en un activo financiero. Donde la popularidad se tokeniza. Donde los seguidores dejan de ser únicamente electores y pasan a ser inversionistas.
Y donde una decisión tomada desde la Casa Blanca puede terminar impactando, directa o indirectamente, el patrimonio de casi un millón de personas. Quizá esa sea la lección más importante.
La promesa de las criptomonedas era descentralizar el poder financiero.
Pero cuando una memecoin gira alrededor del hombre más poderoso del planeta, el resultado termina pareciéndose mucho menos a una revolución tecnológica y mucho más a una vieja historia de concentración de riqueza con herramientas nuevas.
¿Más bebés para hacer grande a Estados Unidos? Trump promueve programa pronatalista ultraconservador
La administración de Donald Trump está impulsando una nueva política que, en apariencia, busca apoyar a las madres estadounidenses. El portal Moms.gov, presentado oficialmente como una plataforma para orientar a mujeres embarazadas y familias con hijos pequeños, ofrece información sobre embarazo, fertilidad, adopción, beneficios fiscales y programas sociales. Sin embargo, para numerosas investigadoras y organizaciones feministas, el sitio representa algo mucho más profundo: el intento de convertir la maternidad en un deber patriótico al servicio del Estado. 
El concepto detrás de esta estrategia tiene un nombre: pronatalismo.
Se trata de un conjunto de políticas destinadas a incrementar la tasa de natalidad. A lo largo de la historia, distintos gobiernos han utilizado incentivos económicos, campañas culturales o restricciones al acceso a métodos anticonceptivos para promover que las mujeres tengan más hijos. La justificación suele ser similar: envejecimiento poblacional, caída de la fuerza laboral, crisis demográfica o necesidad de fortalecer a la nación.
Estados Unidos atraviesa precisamente ese escenario. La tasa de fecundidad del país se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional desde hace varios años. Al mismo tiempo, el discurso de buena parte de la derecha estadounidense ha comenzado a presentar esa caída como una amenaza existencial para el futuro del país, vinculándola con la inmigración, el declive económico y una supuesta crisis de valores familiares. 
Es en ese contexto donde aparece Moms.gov. Aunque el portal ofrece información útil para mujeres embarazadas, también promueve centros de embarazo vinculados al movimiento antiaborto, enfatiza tratamientos de fertilidad y adopción, mientras minimiza o excluye información sobre anticoncepción y derechos reproductivos. Para sus críticos, el mensaje implícito es claro: la maternidad deja de presentarse como una elección individual para convertirse en una responsabilidad cívica. 
El problema no es que un gobierno quiera apoyar a las madres. Al contrario. México, Estados Unidos y prácticamente cualquier país necesitan mejores políticas de cuidados, licencias parentales, guarderías públicas, atención médica materna y protección laboral para quienes deciden tener hijos. La pregunta es otra.
¿El objetivo es apoyar la decisión libre de formar una familia?
¿O convencer a más mujeres de que tengan hijos porque el Estado considera que hacen falta más nacimientos?
La diferencia parece sutil. Pero es enorme. Porque una cosa es ampliar derechos. Otra muy distinta es orientar la política pública hacia un ideal específico de familia.
El debate también deja al descubierto una contradicción dentro del propio trumpismo.
Mientras la Casa Blanca habla constantemente de fortalecer a las familias estadounidenses, sus críticos recuerdan que el gobierno ha impulsado recortes o restricciones a programas de asistencia social, subsidios para cuidado infantil y otros apoyos que precisamente facilitan criar hijos en uno de los países donde el costo de la maternidad resulta más elevado. La retórica celebra la maternidad; las políticas económicas no siempre acompañan ese discurso. 
No es casualidad que buena parte de este nuevo pronatalismo aparezca acompañado por organizaciones conservadoras como Moms for Liberty, que en los últimos años han adquirido una enorme influencia dentro del Partido Republicano promoviendo agendas contra contenidos sobre diversidad sexual, derechos LGBTQ+, educación sexual y libros relacionados con género en las escuelas. Para muchas investigadoras, todas estas iniciativas forman parte de una misma visión cultural sobre el papel de las mujeres, la familia y el Estado. Pero quizá la pregunta más importante sea otra.
¿Por qué están naciendo menos niños?
La explicación que suele ofrecer la derecha es moral: las mujeres priorizan sus carreras, cambian sus valores o retrasan la maternidad.
La explicación que ofrecen numerosos economistas y demógrafos es mucho más sencilla. La vivienda cuesta más. La educación cuesta más. La salud cuesta más.
Criar un hijo cuesta más. Y millones de jóvenes sienten que simplemente no pueden permitírselo. Desde esa perspectiva, el problema no sería una crisis de valores. Sería una crisis de asequibilidad.
No hacen falta campañas patrióticas para convencer a las personas de tener hijos. Hace falta construir condiciones materiales para que formar una familia deje de sentirse como un lujo. Por eso el debate alrededor de Moms.gov trasciende a Estados Unidos.
Cada vez más países enfrentan el mismo desafío demográfico. La gran diferencia estará en cómo decidan responder. Algunos apostarán por ampliar derechos, fortalecer los sistemas de cuidados y facilitar la conciliación entre trabajo y familia.
Otros intentarán convertir la maternidad en una obligación moral al servicio de la nación.
Porque cuando un gobierno comienza a hablar de los vientres como recurso estratégico para el futuro del país, la discusión deja de ser únicamente demográfica. Se convierte en una discusión sobre autonomía, libertad y quién decide, al final del día, sobre el cuerpo de las mujeres.
