Masticada diaria
Caso Maru Campos comienza a parecer más persecución política que defensa de la soberanía
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmintió este 26 de mayo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la mandataria asegurara que había recibido una “notificación judicial” relacionada con el caso del exgobernador Javier Corral. Según la fiscalía capitalina, el documento entregado no era una orden de comparecencia ni una acción penal en su contra, sino simplemente una notificación por el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Corral.
Pero el fondo político del asunto ya va mucho más allá del tecnicismo jurídico. En las últimas semanas, el conflicto entre el gobierno federal y Maru Campos escaló rápidamente tras la polémica por la participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. Lo que inicialmente fue presentado desde Palacio Nacional como una defensa de la soberanía mexicana frente a posibles incursiones extranjeras, comienza a mezclarse peligrosamente con disputas partidistas y presiones políticas contra una gobernadora de oposición.
La secuencia resulta difícil de ignorar. Primero vinieron las revelaciones sobre presencia de agentes vinculados a agencias estadounidenses en territorio chihuahuense. Después, los señalamientos desde sectores cercanos a Morena contra Campos y funcionarios estatales. Ahora aparece un nuevo episodio judicial vinculado indirectamente al entorno político de Chihuahua y al viejo conflicto entre Maru Campos y Javier Corral, una disputa que fracturó al PAN estatal.
El problema es que cuando investigaciones sobre soberanía nacional comienzan a cruzarse con litigios políticos locales, el discurso pierde fuerza y gana sospecha pública. Porque defender la soberanía implica transparencia institucional, claridad jurídica y límites claros frente a la injerencia extranjera. Pero cuando el tema deriva en filtraciones, presión mediática y ofensivas judiciales contra actores opositores, la narrativa empieza a parecer otra: uso político de las instituciones bajo la bandera de la soberanía.
La ironía es especialmente delicada para Morena. Durante años, el obradorismo denunció la utilización facciosa de fiscalías y aparatos judiciales contra opositores durante los gobiernos del PRI y el PAN. Ahora enfrenta cuestionamientos similares en un caso donde la frontera entre investigación legítima y presión política comienza a volverse cada vez más borrosa.
Y eso termina debilitando incluso el argumento más importante del gobierno federal: la defensa de la soberanía mexicana frente a Estados Unidos. Porque si la indignación nacionalista termina utilizándose selectivamente según conveniencias partidistas, entonces la discusión deja de centrarse en la injerencia extranjera y se convierte en otra batalla más dentro de la polarización política nacional.
Slim llama “irracional” a Moody’s mientras defiende al gobierno con el que más ha crecido su fortuna
Carlos Slim calificó como “irracional” la reciente baja de perspectiva crediticia de Moody’s sobre México y salió públicamente a defender la estabilidad económica del gobierno de Claudia Sheinbaum. El empresario aseguró este 26 de mayo que no existen fundamentos para deteriorar la percepción financiera del país y sostuvo que México mantiene fortaleza macroeconómica suficiente para conservar confianza internacional.
Pero más que irracional, lo que parece perfectamente racional es la posición del propio Slim. Porque el magnate mexicano se ha convertido durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en uno de los grandes aliados empresariales del obradorismo, acumulando contratos multimillonarios en infraestructura, telecomunicaciones, transporte y construcción pública. Tan solo durante el sexenio pasado, empresas ligadas a Grupo Carso participaron en proyectos estratégicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, tramos carreteros y obras prioritarias del gobierno federal.
Los números muestran además una ironía política notable. Durante el sexenio de López Obrador, la fortuna de Slim alcanzó niveles históricos impulsada por el auge bursátil, contratos de infraestructura y expansión de sus negocios estratégicos. Según Bloomberg Billionaires Index, el empresario superó nuevamente los 100 mil millones de dólares en patrimonio durante 2025, consolidándose como el hombre más rico de América Latina.
Por eso resulta difícil separar sus declaraciones económicas de sus intereses empresariales directos. Defender al gobierno no solo implica estabilidad política para sus inversiones; también garantiza continuidad de contratos públicos y cercanía privilegiada con la administración federal. Slim pasó de ser presentado por López Obrador como símbolo del “capitalismo neoliberal” a convertirse en uno de los interlocutores empresariales más cercanos al oficialismo.
Además, la propia crítica de Slim hacia Moody’s omite elementos centrales de la decisión. La agencia no redujo la calificación soberana de México —que permanece en Baa2— sino que modificó la perspectiva de “estable” a “negativa”. Esa diferencia importa mucho: Moody’s no afirma que México esté en crisis inmediata, sino que observa riesgos crecientes hacia el futuro derivados del deterioro fiscal, menor crecimiento económico, presión sobre Pemex y posible debilitamiento institucional.
De hecho, varios de esos riesgos son ampliamente reconocidos por economistas incluso dentro de organismos financieros internacionales. México enfrenta crecimiento económico desacelerado, alta dependencia comercial de Estados Unidos, presión presupuestal por megaproyectos y un costo financiero creciente derivado de deuda pública y rescates continuos a Pemex. Moody’s advierte particularmente que el margen fiscal del gobierno podría reducirse si el Estado sigue absorbiendo pasivos energéticos y aumentando gasto en infraestructura sin suficientes ingresos tributarios.
Eso no significa necesariamente una catástrofe económica inmediata. Pero sí implica señales de alerta que mercados y calificadoras utilizan para medir riesgos futuros. Y ahí es donde Slim parece equivocado: Moody’s no está actuando “irracionalmente”, sino aplicando exactamente la lógica financiera que históricamente han defendido las élites empresariales mexicanas.
La paradoja es poderosa. Durante décadas, los grandes empresarios mexicanos utilizaron las calificadoras internacionales como instrumentos de presión contra gobiernos considerados “populistas” o fiscalmente riesgosos. Ahora que una calificadora emite advertencias sobre el modelo económico actual, uno de los hombres más ricos del país descalifica el análisis justo cuando sus negocios dependen más que nunca de la estabilidad política del gobierno en turno.
Al final, la discusión revela algo más profundo sobre la relación entre poder económico y poder político en México. Porque detrás del debate técnico sobre perspectivas crediticias aparece una realidad mucho más concreta: las grandes fortunas mexicanas rara vez son neutrales. Y cuando un empresario con contratos multimillonarios sale a defender al gobierno, probablemente no se trate únicamente de patriotismo económico.
Tony Blair pide abandonar metas climáticas y exhibe la crisis ideológica del laborismo británico
Tony Blair encendió una nueva guerra interna en el Partido Laborista británico al pedir que el gobierno de Keir Starmer abandone parte de su agenda de transición energética y “reconsidere” las metas de cero emisiones netas frente al avance político de Donald Trump y la nueva derecha global. En un texto publicado el 26 de mayo, el ex primer ministro argumentó que las políticas climáticas actuales podrían volverse políticamente inviables si siguen percibiéndose como una amenaza para el crecimiento económico y el costo de vida de las familias.
La intervención de Blair revela una fractura mucho más profunda dentro del laborismo. Después de regresar al poder en 2024 tras 14 años de gobiernos conservadores, el partido de Keir Starmer enfrenta una caída acelerada en apoyo popular. Y el problema ya no viene solamente desde la extrema derecha de Reform UK —el partido impulsado por Nigel Farage y respaldado indirectamente por el trumpismo internacional— sino también desde los Verdes, que comienzan a captar votantes jóvenes y progresistas decepcionados con el giro moderado y tecnocrático del laborismo.
Las cifras muestran el deterioro. Encuestas publicadas en mayo colocan a Reform UK cerca o incluso por encima del laborismo en intención de voto en algunas regiones industriales del norte de Inglaterra, mientras el Partido Verde alcanza sus mejores números históricos entre menores de 35 años y votantes urbanos. El resultado es una crisis doble para Starmer: pierde terreno frente a una derecha nacionalista antiinmigrante y también frente a sectores progresistas que consideran que el laborismo abandonó cualquier proyecto transformador real.
En ese contexto, Blair plantea que insistir demasiado en políticas climáticas ambiciosas podría acelerar todavía más la fuga de votantes hacia la derecha populista. El ex primer ministro propone flexibilizar compromisos ambientales, priorizar crecimiento económico y evitar regulaciones que encarezcan energía o transporte. Básicamente, adaptar parte del discurso laborista al nuevo clima político internacional marcado por Trump, el ascenso de la ultraderecha europea y el rechazo creciente a medidas percibidas como “elitistas” o costosas para trabajadores.
Pero la ironía es poderosa: precisamente esa estrategia centrista y moderada es la que también está debilitando al laborismo frente a los Verdes. Muchos votantes jóvenes ven a Starmer como una versión administradora del viejo consenso neoliberal británico, incapaz de responder con ambición real a la crisis climática, el colapso del NHS, la desigualdad y la precarización laboral. Mientras Blair pide moverse más hacia el centro y contener políticas verdes, una parte creciente del electorado progresista exige exactamente lo contrario: más inversión pública, transición ecológica agresiva y ruptura con el modelo económico que dominó Reino Unido desde los años de Thatcher y el propio blairismo.
El debate refleja una crisis más amplia de la centroizquierda occidental. En Francia, Alemania, Estados Unidos y ahora Reino Unido, los partidos socialdemócratas tradicionales están perdiendo capacidad para representar simultáneamente a trabajadores industriales golpeados por inflación y a generaciones jóvenes urbanas preocupadas por clima, vivienda y desigualdad. Intentan contener a la extrema derecha moderando discursos, pero al hacerlo muchas veces terminan vaciándose políticamente y abriendo espacio también para nuevas izquierdas verdes o movimientos antisistema.
