Masticada diaria
Sheinbaum busca regular celulares y redes sociales en las escuelas: el reto no es prohibir, sino recuperar la libertad de nuestras infancias
El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere abrir uno de los debates educativos más importantes de los últimos años: cómo regular el uso de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes sin convertir esa discusión en un ejercicio de censura. La presidenta reiteró este lunes que su intención no es imponer una prohibición desde el gobierno, sino construir un consenso con especialistas, docentes, madres, padres de familia, estudiantes e incluso con las propias empresas tecnológicas para diseñar una propuesta que pueda traducirse posteriormente en una iniciativa de ley.
La discusión no parte de cero. Desde junio, Sheinbaum había planteado la necesidad de debatir el impacto de las pantallas y de la inteligencia artificial en el desarrollo de niñas y niños, y la semana pasada la Secretaría de Educación Pública anunció una serie de foros nacionales para recoger evidencia científica y experiencias internacionales antes de presentar una propuesta al Congreso. La presidenta ha insistido en que el objetivo no es "prohibir por prohibir", sino entender cómo el uso intensivo de dispositivos afecta el sueño, la salud mental, la convivencia familiar y el aprendizaje.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que dejar toda la responsabilidad en las familias resulta insuficiente cuando las plataformas digitales compiten por la atención de los menores mediante algoritmos diseñados para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible. También advirtió que existen contenidos relacionados con violencia, abuso y otras conductas dañinas que hoy circulan prácticamente sin regulación y planteó que las propias empresas tecnológicas deberían participar en la discusión pública sobre los límites de sus plataformas.
El gobierno llega además a un escenario en el que varias entidades federativas ya han comenzado a restringir el uso de celulares en las escuelas de educación básica. De acuerdo con la SEP y la Presidencia, dieciséis estados han adoptado algún tipo de regulación y la tendencia también se observa a nivel internacional. Datos presentados por la UNESCO muestran que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países analizados, cuentan ya con políticas nacionales que limitan el uso de teléfonos inteligentes en los planteles escolares, aunque los modelos son muy distintos entre sí: algunos dejan la decisión a cada escuela, otros prohíben los celulares únicamente durante las clases y otros los excluyen completamente de la jornada escolar.
Desde una perspectiva Chiclosa, la discusión resulta especialmente interesante porque durante años se presentó la adicción digital como un problema exclusivamente familiar. Se repetía que bastaba con que madres y padres pusieran límites al tiempo frente a la pantalla, como si estuvieran compitiendo únicamente contra la voluntad de sus hijos. Hoy sabemos que enfrente existe una industria multimillonaria que utiliza enormes cantidades de datos, inteligencia artificial y equipos especializados para diseñar plataformas capaces de capturar la atención de millones de personas. Pedir que cada familia resuelva sola ese problema equivale a enfrentar individualmente un fenómeno que también tiene causas estructurales.
Eso no significa que la única respuesta posible sea prohibir los teléfonos. La evidencia internacional muestra que restringir el uso durante la jornada escolar puede mejorar la concentración y reducir distracciones, pero también deja abiertas preguntas importantes sobre alfabetización digital, privacidad, acceso a la información y desigualdad tecnológica. Una regulación que simplemente retire los celulares de las aulas sin enseñar a las nuevas generaciones a utilizar críticamente la tecnología difícilmente resolverá el problema de fondo.
La propuesta del gobierno parece reconocer precisamente esa complejidad. Además de discutir posibles límites al uso de dispositivos, la SEP ha planteado fortalecer la educación digital y promover un uso responsable de las plataformas. El desafío será encontrar un equilibrio entre proteger a las infancias y evitar respuestas simplistas frente a un fenómeno mucho más amplio que el teléfono que un estudiante lleva en la mochila.
En las últimas semanas hemos visto cómo países como Francia han endurecido las restricciones al acceso de menores de edad a las redes sociales y cómo distintos gobiernos comienzan a cuestionar el modelo de negocio de plataformas que monetizan la atención infantil. México parece sumarse ahora a esa conversación global, aunque con una diferencia importante: antes de legislar quiere construir un consenso público sobre el problema.
Quizá ahí se encuentre la parte más valiosa de la propuesta. Durante mucho tiempo el debate giró alrededor de si los celulares eran buenos o malos para la educación. Hoy la pregunta es distinta. Lo que está en discusión no es únicamente un dispositivo tecnológico, sino quién tiene el control sobre el tiempo, la atención y el desarrollo de millones de niñas y niños. Si las escuelas existen para formar ciudadanos y no consumidores permanentes de contenido, entonces regular el espacio que ocupan los algoritmos dentro de ellas deja de ser una ocurrencia y se convierte en una conversación que vale la pena dar.
Porque al final la verdadera disputa no es entre el pizarrón y el teléfono. Es entre una educación que busca desarrollar pensamiento crítico y una economía digital que obtiene ganancias precisamente cuando dejamos de prestar atención a todo lo demás.
Sheinbaum rechaza condicionar el voto con un examen: “Es regresivo y conservador”
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las propuestas que plantean condicionar el derecho al voto a la aprobación de un examen de conocimientos políticos o limitar el sufragio a un solo integrante por familia, al considerar que ambas representan una visión "regresiva, conservadora y antidemocrática". La mandataria sostuvo que detrás de este tipo de planteamientos existe una idea de fondo según la cual sólo una élite debería decidir el rumbo del país, una lógica que, dijo, contradice el principio mismo de la democracia.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre dos propuestas que generaron polémica en los últimos días. La primera provino de la abogada y profesora de Derecho Constitucional Natalia Torres, quien planteó inicialmente que el Instituto Nacional Electoral pudiera impartir cursos y aplicar un examen como requisito para obtener la credencial para votar. La segunda correspondió al joven panista Javier Albarrán, quien propuso un modelo de "voto por familia", inspirado en corrientes conservadoras estadounidenses que plantean que un solo miembro del hogar represente políticamente a toda la familia.
La presidenta respondió uniendo ambos planteamientos bajo una misma crítica. Recordó que el sufragio femenino fue una conquista relativamente reciente en México y cuestionó que hoy vuelvan a aparecer propuestas que, directa o indirectamente, buscan restringir quién puede participar en las elecciones. "¿Cuál libertad hay si las mujeres no pueden votar? ¿Cuál libertad hay para ejercer la democracia si se tiene que hacer un examen antes del voto?", preguntó durante la conferencia. Para Sheinbaum, estas ideas reflejan "un odio al pueblo" y la intención de que el país sea gobernado exclusivamente por una minoría considerada más preparada.
La polémica también reavivó el debate sobre las declaraciones originales de Natalia Torres. Aunque posteriormente aclaró que su intención no era excluir ciudadanos del padrón electoral y reformuló su propuesta como un programa obligatorio de educación cívica antes de tramitar la credencial de elector, el video inicial abrió una discusión mucho más amplia sobre los límites entre promover una ciudadanía informada y convertir el conocimiento en un requisito para ejercer derechos políticos.
Vale la pena separar dos discusiones que suelen mezclarse. La primera es completamente legítima: México necesita una ciudadanía mucho mejor informada. Basta observar el nivel de desinformación que circula durante cada proceso electoral para reconocer que fortalecer la educación cívica debería ser una prioridad nacional. La segunda discusión es mucho más delicada: si el Estado puede decidir quién está suficientemente preparado para votar. Ahí es donde la historia democrática ofrece varias advertencias.
Durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, numerosos países condicionaban el voto a la propiedad, la alfabetización, el nivel educativo, el pago de impuestos o, simplemente, al hecho de ser hombre. Casi todas esas restricciones se justificaban con el mismo argumento: que determinadas personas no tenían la preparación necesaria para decidir sobre los asuntos públicos. El sufragio universal nació precisamente para romper con esa lógica y reconocer que la ciudadanía no depende del patrimonio, los estudios o la posición social, sino de la igualdad política entre todos los integrantes de una comunidad.
Por eso resulta llamativo que este tipo de propuestas resurjan en distintos sectores conservadores al mismo tiempo. En Estados Unidos han ganado visibilidad movimientos que cuestionan el sufragio individual mediante esquemas de "voto por hogar" o household voting, mientras en México aparecen planteamientos para condicionar el voto a un examen o para concentrar la representación política de una familia en una sola persona. No son propuestas idénticas, pero comparten una premisa: que el problema de la democracia radica en que vota demasiada gente o en que votan las personas "equivocadas".
La paradoja es que una democracia necesita ciudadanos mejor informados, pero no porque sólo ellos deban participar, sino porque todos deberían contar con mejores herramientas para ejercer sus derechos. Convertir la educación cívica en un requisito para votar supone trasladar al individuo la responsabilidad de un problema que también es institucional: un sistema educativo insuficiente, campañas políticas pobres en propuestas y un ecosistema digital donde la desinformación circula con enorme facilidad.
La discusión, en el fondo, obliga a responder una pregunta incómoda. Si aceptáramos que alguien debe decidir quién está capacitado para votar, inevitablemente tendríamos que responder quién diseña ese examen, quién fija el nivel mínimo de conocimientos y quién controla los criterios de exclusión. La historia demuestra que, una vez abierta esa puerta, rara vez permanece limitada al conocimiento. Muy pronto aparecen otros filtros: la riqueza, la ideología, la religión, el género o el origen social.
La democracia siempre será imperfecta porque los ciudadanos también lo somos. Pero precisamente por eso el principio de "una persona, un voto" sigue siendo una de las conquistas más importantes de la política moderna. La tarea no consiste en reducir el número de quienes pueden decidir, sino en ampliar las condiciones para que todos decidan mejor.
Presidente argentino acusa a los mexicanos de orquestar campaña en su contra
El presidente argentino Javier Milei volvió a colocar a su gobierno en el centro de una controversia internacional al acusar, sin presentar evidencia, a los gobiernos de México y Brasil, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos, de financiar una supuesta campaña en redes sociales para desprestigiar a Argentina durante el Mundial de 2026. Las declaraciones llegan en uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia, apenas horas después de que el gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Argentina por los insultos que el mandatario argentino dirigió contra Luiz Inácio Lula da Silva.
En una entrevista con Radio Mitre, Milei aseguró que el gobierno brasileño aportó "el 25 por ciento de los recursos" de esa presunta campaña y añadió que México y el Partido Demócrata estadounidense también participaron en el financiamiento. Sin ofrecer documentos, investigaciones o pruebas que respaldaran sus afirmaciones, sostuvo que los ataques obedecen a que Argentina "es un faro de la libertad" y que los sectores progresistas buscan impedir que "las ideas de la libertad funcionen".
Según el mandatario, esa campaña habría impulsado narrativas que circularon durante el Mundial, como las acusaciones de que Argentina fue favorecida por los árbitros, las críticas por el comportamiento de algunos jugadores y aficionados, o los cuestionamientos internacionales tras las expresiones racistas e incidentes violentos protagonizados por sectores de su afición. Sin embargo, Milei no explicó cómo llegó a la conclusión de que existió un financiamiento coordinado desde gobiernos extranjeros ni presentó información que permitiera verificar sus acusaciones.
Las declaraciones se produjeron apenas un día después de que Milei viajara a São Paulo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante ese acto calificó a Lula como "ladrón" y "presidiario" y lanzó descalificaciones contra integrantes del Supremo Tribunal Federal brasileño. La respuesta de Brasil fue inmediata: el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, una medida diplomática poco frecuente que refleja el deterioro de la relación bilateral entre los dos principales socios comerciales de Sudamérica.
Desde una perspectiva Chiclosa, conviene separar dos cuestiones distintas. Una es que durante el Mundial efectivamente existieron fuertes críticas internacionales hacia Argentina. Hubo debates sobre el comportamiento de parte de su afición, acusaciones de racismo, polémicas arbitrales alimentadas en redes sociales y discusiones por el respaldo de dirigentes israelíes a la selección argentina en medio de la guerra en Gaza. Todo eso ocurrió y fue ampliamente documentado por medios de distintos países. Otra muy diferente es afirmar que esas conversaciones fueron financiadas por gobiernos extranjeros mediante una operación coordinada.
La diferencia importa porque las acusaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. En los últimos años se ha vuelto cada vez más común que distintos líderes políticos atribuyan las críticas que reciben a conspiraciones internacionales, campañas financiadas por adversarios o supuestas operaciones de desinformación dirigidas desde el extranjero. En ocasiones esas operaciones existen y pueden documentarse; en otras, las afirmaciones terminan funcionando más como una explicación política que como una hipótesis respaldada por pruebas.
Paradójicamente, Milei ha construido buena parte de su discurso público alrededor de la denuncia contra la supuesta intervención del Estado en la vida económica y política. Sin embargo, al atribuir las críticas hacia Argentina a un complot internacional financiado por gobiernos progresistas, adopta una narrativa que desplaza el debate desde los hechos concretos hacia una confrontación entre bloques ideológicos. En lugar de responder a cada cuestionamiento, la crítica se explica como parte de una ofensiva coordinada contra su proyecto político.
México, por su parte, no ha emitido hasta ahora una respuesta oficial a los señalamientos. Brasil sí reaccionó, aunque principalmente por los insultos dirigidos contra Lula y no específicamente por las acusaciones relacionadas con el Mundial. Mientras tanto, Milei tampoco ha presentado información adicional que permita corroborar sus dichos.
Más allá del fútbol, el episodio refleja cómo los grandes eventos deportivos se han convertido en escenarios de disputa política. Las redes sociales amplifican narrativas nacionales, exacerban rivalidades históricas y, en ocasiones, sirven como vehículo para trasladar conflictos ideológicos al terreno deportivo. El problema comienza cuando esas narrativas dejan de apoyarse en evidencia y pasan a sostenerse únicamente en la lógica de que toda crítica debe ser producto de una conspiración. En una democracia, cuestionar a un gobierno o a una selección puede formar parte del debate público; convertir automáticamente ese desacuerdo en una operación internacional exige pruebas que, hasta ahora, el presidente argentino no ha presentado.
