Masticada diaria
Morena corrige en fast track la reforma judicial que también aprobó en fast track
El Senado inició este 28 de mayo la discusión de una nueva reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum para aplazar hasta 2028 la elección judicial originalmente prevista para 2027. Apenas horas antes, la Cámara de Diputados ya había aprobado el cambio con la mayoría de Morena y sus aliados. Oficialmente, el argumento es “mejorar” la organización del proceso, corregir problemas técnicos y evitar la saturación electoral que implicaría combinar elección judicial, elecciones intermedias y revocación de mandato.
Pero políticamente el mensaje es mucho más chicloso: el oficialismo está teniendo que corregir sobre la marcha una reforma judicial que también fue aprobada con prisas, bajo presión política y prácticamente sin discusión técnica profunda. Apenas un año después de venderla como “transformación histórica”, Morena ya necesita nuevos parches constitucionales porque el diseño original comenzó a mostrar problemas operativos enormes.
La propia narrativa oficial lo admite implícitamente. Legisladores de Morena reconocieron en tribuna que la elección judicial de 2027 presentaba una “complejidad inédita” y que era necesario “perfeccionar metodologías”, reducir aspirantes y rediseñar mecanismos de selección. Parece ser que el signo del gobierno de Sheinbaum es intentar corregir todos los errores y fracasos del gobierno de López Obrador.
Es decir: después de impulsar una de las reformas constitucionales más radicales en décadas —que convirtió a México en el primer país del mundo en elegir prácticamente a todos sus jueces mediante voto popular— el gobierno ahora reconoce que buena parte del modelo no estaba completamente aterrizado.
La ironía es evidente. Durante 2024, Morena acusó a la oposición y al Poder Judicial de intentar frenar “la democratización de la justicia”. La reforma avanzó entre sesiones maratónicas, protestas, toma del Senado y votaciones aceleradas donde incluso opositores denunciaron que muchos legisladores oficialistas no habían leído completamente el paquete constitucional que estaban aprobando.
Ahora el mismo bloque legislativo vuelve a utilizar lógica de fast track para aprobar otra reforma que modifica elementos centrales de aquella reforma “histórica”. Y no se trata solamente de mover una fecha. El nuevo paquete también incluye cambios sobre selección de candidatos, reelección de magistrados electorales, coordinación institucional y nuevas reglas para empatar la elección judicial con la revocación presidencial.
De hecho, la discusión ya provocó tensiones internas incluso dentro del oficialismo. Algunas modificaciones aprobadas en Diputados permiten que magistrados electorales cercanos a Morena puedan buscar permanecer hasta 2034, algo que generó críticas tanto de oposición como de legisladores oficialistas incómodos con la contradicción frente al discurso antirreeleccionista y antinepotismo del movimiento.
La oposición resume el problema de manera más simple: Morena construyó una reforma gigantesca priorizando velocidad política sobre diseño institucional serio. Claudia Ruiz Massieu lo dijo directamente en tribuna: el gobierno reconoce errores, pero no está corrigiendo el fondo del problema.
Y quizá ahí está el verdadero debate. Porque más allá de si la elección judicial debe ocurrir en 2027 o 2028, lo que comienza a exhibirse es una forma de gobernar: reformas constitucionales enormes aprobadas con mayoría absoluta y narrativa de urgencia política, para después irlas corrigiendo sobre la marcha mediante nuevos paquetes legislativos improvisados.
Primero se aprobó una reforma judicial que transformaba completamente el sistema de selección de jueces. Después apareció la necesidad de modificar fechas porque el calendario era inviable. Luego surgieron nuevos filtros, ajustes técnicos y mecanismos de corrección institucional. Ahora vienen cambios sobre magistrados electorales y reglas de coordinación política. Todo esto mientras el nuevo sistema judicial ni siquiera termina de implementarse completamente.
La pregunta empieza a ser inevitable: si una reforma constitucional necesita múltiples “cirugías” apenas meses después de aprobarse, entonces quizá el problema no era únicamente el calendario electoral… sino la manera en que toda la reforma fue construida desde el principio.
Déficit energético amenaza futuro industrial de México
El 27 de mayo de 2026, durante el Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) en Santa Fe, Ciudad de México, empresarios del sector logístico e industrial lanzaron una advertencia que resume uno de los principales cuellos de botella de la economía mexicana: el déficit energético ya amenaza directamente el boom del nearshoring, la movilidad eléctrica y la automatización industrial.
La alerta vino de compañías que hoy están apostando miles de millones de pesos al crecimiento industrial en México. Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, confirmó que la empresa planea duplicar su capacidad logística entre 2026 y 2029 mediante la construcción de 80 nuevos almacenes y centros de distribución. Pero reconoció también un problema inesperado: México ni siquiera tiene suficiente infraestructura energética para operar eficientemente flotillas eléctricas básicas.
DHL invirtió recientemente 10 millones de dólares en 200 vehículos eléctricos para operaciones en el país. Sin embargo, Arranz admitió que la red eléctrica actual está dificultando la carga y operación cotidiana de esa flotilla.
La contradicción es enorme. México atraviesa uno de los mayores ciclos de relocalización industrial desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994. Desde 2022, empresas asiáticas, estadounidenses y europeas comenzaron a mover producción hacia México para aprovechar el T-MEC y reducir dependencia de China. Según la Secretaría de Economía, entre enero de 2023 y marzo de 2026 se anunciaron más de 110 mil millones de dólares en inversiones ligadas al nearshoring.
Pero mientras el gobierno celebra inversiones récord y presume el potencial manufacturero del país, la infraestructura energética comienza a mostrar señales claras de saturación. El problema dejó de ser hipotético desde mayo de 2024, cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró estado operativo de emergencia tras apagones y márgenes mínimos de reserva eléctrica durante una ola de calor extrema.
Ahora, empresarios aseguran que el problema ya afecta directamente nuevas inversiones industriales. Sergio Argüelles, presidente de FINSA, explicó durante el evento del 27 de mayo que gran parte de la capacidad energética disponible sigue concentrándose en el sur del país, mientras la demanda industrial explotó en el norte y el Bajío gracias al nearshoring. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato enfrentan creciente presión sobre redes de transmisión y disponibilidad energética.
Y el problema no afecta solamente a fábricas tradicionales. También amenaza dos pilares de la nueva economía industrial global: automatización y movilidad eléctrica. Arranz explicó que los nuevos centros logísticos automatizados requieren enormes cantidades de electricidad para robots, sistemas inteligentes y procesamiento de datos. Mientras China instaló más de 276 mil robots industriales tan solo en 2024, México todavía enfrenta dificultades para garantizar suministro estable en parques industriales estratégicos.
Los costos energéticos muestran también la magnitud de la presión. Desarrolladores industriales señalaron que el costo de capacidad eléctrica pasó de aproximadamente 100 dólares por KVA hace algunos años a más de 750 dólares en 2026 debido a saturación de redes y falta de nueva infraestructura de transmisión.
La situación además comienza a generar alertas internacionales. Desde 2025, agencias como Fitch Ratings y Moody’s han advertido que la insuficiente inversión en generación y transmisión eléctrica podría convertirse en uno de los principales límites estructurales para el crecimiento económico mexicano durante la próxima década.
La ironía es desconsoladora. México vive probablemente su mejor oportunidad industrial en décadas gracias a la reconfiguración geopolítica global y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El país podría consolidarse como uno de los grandes centros manufactureros del planeta. Pero mientras el discurso oficial habla de soberanía energética y potencia industrial, la realidad empieza a mostrar algo mucho más básico: México todavía no logra garantizar suficiente electricidad para mover la economía del futuro que quiere construir.
Ex-futbolista inglés del Chelsea, John Terry engorda las filas de la ultraderecha británica
El ex capitán del Chelsea FC, John Terry, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de aparecer vinculado a figuras, discursos y espacios cercanos a la nueva extrema derecha británica. En semanas recientes, en la prensa inglesa se ha destacado cómo Terry forma parte de una generación de exfutbolistas europeos que han comenzado a acercarse cada vez más a narrativas nacionalistas, antiwoke y ultraconservadoras alimentadas por el ecosistema mediático de la derecha radical contemporánea.
El caso de Terry no aparece aislado. En distintos países europeos, figuras del futbol profesional han comenzado a funcionar como vehículos culturales de una política reaccionaria que mezcla nostalgia nacionalista, rechazo al multiculturalismo y ataques constantes contra movimientos feministas, antirracistas o de diversidad sexual. El futbol —históricamente uno de los grandes espacios populares de identidad colectiva— se ha convertido también en territorio de disputa ideológica dentro de la crisis política europea.
Y quizá nadie simboliza mejor esa deriva que el propio Terry. Durante años fue celebrado como emblema del “liderazgo inglés tradicional”: agresividad competitiva, patriotismo futbolero y defensa del orgullo nacional británico. Pero esa misma construcción cultural también terminó conectando fácilmente con discursos identitarios cada vez más radicalizados dentro del Reino Unido posterior al Brexit.
La ironía es que el futbol también ha producido exactamente el rostro opuesto. Porque frente a figuras como Terry aparece alguien como Eric Cantona, probablemente uno de los casos más emblemáticos de un futbolista que utilizó su fama para defender causas progresistas, migrantes y trabajadores.
Cantona —ídolo histórico del Manchester United F.C.— lleva décadas posicionándose públicamente contra el racismo, el autoritarismo y el poder financiero. Durante la crisis bancaria de 2010 impulsó campañas de desobediencia financiera contra grandes bancos europeos. Más recientemente ha defendido públicamente derechos de migrantes, refugiados y causas sociales en Francia y Reino Unido. Mientras Terry representa la nostalgia conservadora del nacionalismo futbolero, Cantona encarna una visión completamente distinta del deporte: solidaridad, irreverencia política y conciencia social.
La diferencia entre ambos revela algo mucho más profundo sobre el futbol contemporáneo. Porque el deporte más popular del planeta nunca ha sido políticamente neutral. El futbol puede convertirse en plataforma de xenofobia, ultranacionalismo y culto autoritario… o en espacio de solidaridad popular, antifascismo y resistencia cultural. Históricamente ha sido ambas cosas al mismo tiempo.
De hecho, las hinchadas europeas llevan años mostrando esa disputa. Mientras grupos ultras de extrema derecha crecieron en clubes de Italia, Europa del Este o Inglaterra, también surgieron movimientos antifascistas profundamente ligados al futbol popular. Clubes como FC St. Pauli o Rayo Vallecano se transformaron en símbolos de resistencia cultural contra racismo, homofobia y nacionalismo extremo dentro del propio ecosistema futbolero.
Por eso el caso de Terry importa más allá del chisme político británico. Habla de una batalla cultural global donde celebridades deportivas funcionan cada vez más como actores ideológicos. Y también de cómo la extrema derecha entendió algo fundamental: el futbol sigue siendo uno de los espacios más poderosos para construir identidad emocional y sentido de pertenencia colectiva.
Frente a eso, figuras como Cantona representan otra posibilidad. Un futbol capaz de hablar de comunidad, derechos sociales y dignidad humana sin caer en discursos de odio o nacionalismo reaccionario. Un futbol que entiende que el deporte popular no tiene por qué terminar inevitablemente convertido en plataforma política de la extrema derecha.
Porque al final, el problema no es solamente John Terry. El problema es qué tipo de cultura política está creciendo alrededor del futbol europeo y quiénes están disputando hoy el significado social del deporte más popular del planeta.
