Masticada diaria
¿Con Maru o con Rocha? La nueva polarización de una derecha que pasó años denunciando la polarización
El 30 de mayo, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón reaparecieron públicamente en Chihuahua para respaldar a la gobernadora Maru Campos durante el evento panista "Yo con Maru", organizado en medio de las investigaciones y señalamientos relacionados con la polémica incursión de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Junto a ellos estuvieron dirigentes nacionales del PAN como Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán y Jorge Romero.
El mensaje político del acto fue claro: cerrar filas alrededor de Maru Campos y presentar cualquier investigación en su contra como un acto de persecución política impulsado por Morena.
Sin embargo, la reacción de buena parte de la oposición también revela una ironía difícil de ignorar.
Durante años, Fox, Calderón y numerosos liderazgos de la derecha mexicana acusaron a Andrés Manuel López Obrador de dividir al país entre "buenos y malos", de gobernar desde la polarización y de reducir debates complejos a bandos enfrentados. Pero frente a la crisis política actual, una parte importante de esa misma oposición parece estar construyendo exactamente la misma lógica binaria que criticaba.
Porque el debate ya no parece girar alrededor de preguntas legítimas sobre soberanía nacional, cooperación internacional o responsabilidades institucionales. La narrativa se está transformando en algo mucho más simple: o estás con Maru Campos o estás con Rubén Rocha Moya.
Una dicotomía artificial donde cualquier cuestionamiento a la actuación del gobierno de Chihuahua se interpreta automáticamente como respaldo a Rocha Moya, y donde cualquier crítica al gobernador sinaloense se convierte en una defensa automática de Maru Campos.
El problema es que ambos casos son distintos y merecen análisis independientes. Por un lado, existe una discusión legítima sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados dentro de México y las implicaciones que eso tiene para la soberanía nacional. Por otro, existe la controversia alrededor de las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rocha Moya. Son debates diferentes, con hechos distintos y responsabilidades distintas.
Pero la lógica de la polarización necesita simplificar.
Por eso resulta llamativo que quienes durante años pidieron "menos confrontación" y "más matices" ahora parezcan impulsar una narrativa donde el país debe escoger entre dos trincheras políticas. El propio evento de Chihuahua fue construido alrededor de esa lógica de cierre de filas partidista, convirtiendo una investigación en una batalla identitaria entre bloques políticos.
La paradoja es aún mayor porque Fox y Calderón representan precisamente una generación política que durante décadas defendió instituciones fuertes, división de poderes y autonomía de las fiscalías. Hoy, sin esperar conclusiones judiciales definitivas, presentan cualquier actuación institucional contra una gobernadora panista como evidencia automática de persecución política.
Eso no significa que no puedan existir motivaciones políticas detrás de ciertas investigaciones. Significa que la discusión debería sostenerse sobre pruebas y procedimientos, no sobre lealtades partidistas.
Al final, lo más preocupante no es el respaldo de Fox y Calderón a una gobernadora de su espacio político. Eso es perfectamente normal. Lo preocupante es que la derecha mexicana parezca caer en la misma dinámica que durante años denunció: reducir problemas complejos a una guerra de bandos donde cada ciudadano debe elegir automáticamente un equipo.
Porque México no tendría que escoger entre Maru Campos y Rocha Moya.
La verdadera discusión debería ser si las instituciones funcionan igual para todos, si la soberanía nacional se respeta sin importar colores partidistas y si las investigaciones se realizan con evidencia y debido proceso.
Todo lo demás es simplemente otra versión de la polarización que tanto dijeron combatir.
Sheinbaum apunta a Calderón y Fox, pero evita mencionar el caso Rocha Moya
Durante su informe por el segundo aniversario de su triunfo electoral, realizado el 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a lanzar una de las críticas más duras que ha hecho contra los gobiernos panistas. Afirmó que los verdaderos “narcogobiernos” fueron los de Vicente Fox y Felipe Calderón, acusó que durante esos años se permitió la injerencia de agencias estadounidenses en México y sostuvo que la alianza entre el gobierno calderonista y el narcotráfico quedó demostrada con el caso de Genaro García Luna.
La crítica tiene fundamentos difíciles de negar. García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico después de que fiscales estadounidenses acreditaran vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ese episodio representa probablemente uno de los mayores escándalos de corrupción y seguridad en la historia reciente de México.
Sin embargo, el problema político para Sheinbaum es que su discurso llega justo cuando Morena enfrenta su propia crisis relacionada con acusaciones de narcotráfico.
Porque mientras la presidenta hablaba de Calderón y Fox, evitó hacer cualquier referencia al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Las acusaciones han provocado una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y llevaron incluso a la apertura de investigaciones por parte de autoridades mexicanas.
Y ahí aparece la contradicción más incómoda para el oficialismo.
Durante años, Morena construyó buena parte de su narrativa política alrededor del caso García Luna. La lógica era sencilla: si el principal responsable de la seguridad durante el gobierno de Calderón terminó condenado por vínculos con el narcotráfico, entonces existía una responsabilidad política inevitable para el expresidente panista.
Hoy, sin embargo, cuando las acusaciones apuntan hacia uno de los gobernadores más importantes de Morena, el discurso cambia. El gobierno federal insiste en que no existen pruebas públicas suficientes, denuncia posibles motivaciones políticas de Washington y llama a respetar la soberanía nacional.
El problema es que ese argumento es exactamente el mismo que durante años utilizó el PAN para defender a Calderón frente a los señalamientos derivados del caso García Luna.
La pregunta entonces es inevitable: si el caso García Luna justificaba hablar de un “narcogobierno”, ¿por qué las acusaciones contra Rocha Moya no ameritan al menos una reflexión pública similar?
Nadie está diciendo que ambos casos sean idénticos. García Luna fue condenado en un tribunal estadounidense, mientras que Rocha Moya continúa negando las acusaciones y hasta ahora no existe una sentencia judicial en su contra. Pero precisamente por eso resulta llamativo que Sheinbaum decidiera dedicar buena parte de su discurso a los escándalos del pasado sin mencionar la principal crisis política que enfrenta su movimiento en el presente.
La omisión es especialmente visible porque las acusaciones contra Rocha giran alrededor de temas muy parecidos a los que Morena utilizó durante años para atacar a Calderón: presuntos acuerdos entre actores políticos y grupos criminales, protección institucional y captura de estructuras gubernamentales por organizaciones del narcotráfico.
Al final, el discurso presidencial deja una sensación extraña. Es perfectamente válido recordar el daño que produjo la estrategia de seguridad de Calderón y el escándalo de García Luna. Pero cuando una fuerza política exige responsabilidades históricas para sus adversarios y al mismo tiempo evita hablar de las acusaciones que afectan a sus propios cuadros, corre el riesgo de convertir una denuncia legítima en una herramienta de conveniencia partidista.
Porque si la vara para medir la relación entre política y crimen organizado cambia dependiendo del color del partido involucrado, entonces el debate deja de tratar sobre justicia y termina pareciéndose demasiado a una disputa entre facciones. Y esa es precisamente la crítica que Morena hizo durante años a sus adversarios.
Colombia votó en primera vuelta: Iván Cepeda frente al peligroso experimento del "Tigre"
La primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026 dejó un escenario de enorme polarización en Colombia. Con el 99.9% de los votos contabilizados, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 43.7% de los sufragios, mientras que el senador progresista Iván Cepeda alcanzó 40.9%. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 21 de junio.
La noticia no es solamente que habrá balotaje. La noticia es que Colombia podría convertirse en el siguiente laboratorio latinoamericano de un fenómeno político que ya hemos visto en Argentina, El Salvador y otros países de la región: el ascenso de liderazgos ultraderechistas construidos alrededor del culto a la personalidad, la confrontación permanente y la promesa de soluciones simples para problemas complejos.
Abelardo de la Espriella ha construido su campaña alrededor de una figura cuidadosamente diseñada. Se hace llamar "El Tigre". Antes fue "El León" de Javier Milei en Argentina. En El Salvador apareció la figura casi mesiánica de Nayib Bukele. Distintos países, distintos contextos, pero una misma estrategia de marketing político: animales fuertes, líderes providenciales, discursos de mano dura y la promesa de que un solo hombre puede rescatar a toda una nación.
La estética tampoco es casual. La barba cuidadosamente diseñada, los videos virales, la comunicación agresiva en redes sociales, el desprecio por los intermediarios políticos tradicionales y la constante construcción de enemigos internos forman parte de un mismo manual político que hoy recorre América Latina.
Pero detrás del personaje existe un proyecto político mucho más preocupante.
Durante la campaña, De la Espriella se presentó como admirador de Donald Trump y de Nayib Bukele. Ha prometido políticas de seguridad extraordinariamente agresivas y ha construido buena parte de su discurso alrededor de la confrontación cultural contra la izquierda colombiana. Incluso durante la jornada electoral lanzó un mensaje que generó polémica al llamar a defender la democracia "por la razón o por la fuerza".
No es difícil identificar los riesgos. América Latina ya conoce demasiado bien a los líderes que prometen orden absoluto, concentración de poder y soluciones rápidas. Históricamente, esos experimentos terminan debilitando instituciones democráticas, reduciendo contrapesos y concentrando cada vez más poder en una sola figura política.
Frente a ese modelo aparece Iván Cepeda.
La diferencia entre ambos perfiles no podría ser más clara.
Cepeda no surgió del marketing político ni de las redes sociales. Es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994. Ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad para las víctimas del conflicto armado y la construcción de procesos de paz. Su trayectoria política está ligada a movimientos sociales, organizaciones de víctimas y trabajo legislativo, no a la construcción de una marca personal.
