Masticada diaria
Sheinbaum eleva el tono contra Trump: "Lo que está en juego es quién decide en México"
La presidenta Claudia Sheinbaum llevó este 4 de junio el conflicto con Estados Unidos a un nuevo nivel político. Durante su conferencia matutina, aseguró que detrás de las recientes acciones y declaraciones provenientes de Washington no solamente existe una diferencia diplomática, sino una disputa mucho más profunda sobre quién toma las decisiones en México.
"Lo que está en juego es quién decide aquí", afirmó la mandataria al referirse a las investigaciones, declaraciones y presiones que distintas autoridades estadounidenses han realizado en semanas recientes contra funcionarios y actores políticos mexicanos.
La frase no es menor.
Porque por primera vez desde que comenzó esta crisis, el gobierno federal dejó de presentar el conflicto únicamente como un desacuerdo bilateral y comenzó a describirlo como una disputa por la soberanía política del país.
El mensaje es claro: para Palacio Nacional, el problema ya no son solamente las acusaciones contra determinados funcionarios. El problema es que autoridades extranjeras intenten influir en la vida política mexicana.
Y sin embargo, la pregunta que emerge inmediatamente es otra.
¿Quién está intentando decidir realmente sobre México?
Porque el origen de la controversia no surgió de una declaración ideológica ni de una amenaza militar. Surgió de investigaciones estadounidenses que involucran a figuras políticas mexicanas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales.
Primero fue el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.
Después aparecieron los nombres de Alfonso Durazo en Sonora y Américo Villarreal en Tamaulipas.
Más tarde llegaron las declaraciones del embajador Ronald Johnson confirmando la existencia de investigaciones en curso.
Y ahora la respuesta presidencial plantea que el verdadero debate es sobre soberanía nacional.
La estrategia política resulta comprensible.
Ningún gobierno puede permitir que funcionarios extranjeros actúen como árbitros de la política interna nacional. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde Washington utilizó presiones diplomáticas, económicas o incluso militares para moldear gobiernos y decisiones soberanas. Desde Guatemala en 1954 hasta múltiples episodios durante la Guerra Fría, la defensa de la autonomía nacional forma parte de una memoria histórica muy real para América Latina.
Pero precisamente por eso la situación actual resulta tan delicada.
Porque la soberanía puede convertirse fácilmente en una herramienta política de doble filo.
Por un lado, sirve para rechazar legítimamente cualquier intento de intervención extranjera.
Por otro, puede terminar funcionando como una cortina que desplaza la atención de las acusaciones concretas que originaron la crisis.
Y ahí aparece una contradicción que Morena enfrenta cada vez con más dificultad.
Durante años, el movimiento construyó buena parte de su legitimidad alrededor del caso Genaro García Luna.
La narrativa era sencilla: si un exsecretario de Seguridad Pública mexicano había sido condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, entonces era indispensable asumir las consecuencias políticas de ese hecho.
En aquel momento, las investigaciones estadounidenses eran presentadas como evidencia de una verdad que las instituciones mexicanas no habían querido o podido investigar.
Hoy, cuando los señalados pertenecen al movimiento gobernante, la conversación gira en otra dirección.
Ya no se habla principalmente de las investigaciones.
Se habla de soberanía.
Ya no se discute si las acusaciones merecen ser esclarecidas.
Se discute quién tiene derecho a formularlas.
Y aunque ambas cuestiones son importantes, no son exactamente la misma cosa.
La ironía es que la propia Sheinbaum reconoció apenas unos días antes que no considera a Donald Trump responsable de esta supuesta ofensiva. Según la presidenta, detrás de las presiones existirían grupos políticos, medios de comunicación y sectores conservadores tanto en México como en Estados Unidos.
Ahora, sin embargo, la confrontación ya involucra directamente al embajador estadounidense y a instituciones oficiales del gobierno de Washington.
La narrativa comienza a tensarse.
Porque si las investigaciones provienen de agencias estadounidenses, si las declaraciones provienen de representantes oficiales estadounidenses y si las consecuencias podrían afectar la relación bilateral, entonces la crisis difícilmente puede reducirse a una conspiración de actores externos aislados.
Quizá la verdadera pregunta no sea quién decide en México.
Quizá la pregunta sea por qué México sigue dependiendo tan frecuentemente de investigaciones realizadas fuera de sus fronteras para conocer posibles vínculos entre poder político y crimen organizado.
Porque mientras las instituciones mexicanas no logren investigar con plena autonomía, credibilidad y transparencia a sus propias élites políticas, cualquier denuncia proveniente del exterior terminará convirtiéndose en una disputa sobre soberanía nacional.
Y esa es una discusión que beneficia tanto a Washington como a los gobiernos mexicanos.
A Washington porque mantiene capacidad de influencia.
A los gobiernos porque les permite transformar una pregunta sobre rendición de cuentas en una discusión sobre patriotismo.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando respuestas a una pregunta mucho más sencilla:
Si las acusaciones son falsas, que se demuestre.
Y si son verdaderas, que también.
¿Qué tan grave es la crisis para que AMLO tenga que salir a defender a Sheinbaum?
Después de ocho meses prácticamente desaparecido de la vida pública, Andrés Manuel López Obrador reapareció este 4 de junio para enviar un mensaje político que difícilmente puede interpretarse como una casualidad. Desde su retiro en Palenque, el expresidente pidió que "por el bien de todos" regresara "el otro Donald Trump", en referencia al mandatario estadounidense que durante su primer mandato mantuvo una relación relativamente cordial con su gobierno.
La frase llega en uno de los momentos más complicados que ha enfrentado el obradorismo desde que dejó Palacio Nacional.
No solo porque la relación con Estados Unidos atraviesa una crisis inédita derivada de las investigaciones contra gobernadores mexicanos. También porque el discurso soberanista de Claudia Sheinbaum comienza a mostrar señales de desgaste apenas unos días después de que la presidenta intentara relanzarlo en el acto multitudinario realizado en el Monumento a la Revolución.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo estará la situación para que López Obrador haya considerado necesario intervenir personalmente? Porque oficialmente AMLO ya no gobierna. Ya no es dirigente de Morena. Ya no ocupa ningún cargo público. Y sin embargo, en el momento más delicado para el movimiento que construyó, aparece para respaldar tanto a la presidenta como a los gobernadores señalados indirectamente por autoridades estadounidenses. Eso, por sí mismo, dice mucho sobre el momento político que atraviesa el obradorismo.
Durante semanas, el gobierno de Sheinbaum ha intentado convertir las acusaciones provenientes de Estados Unidos en un debate sobre soberanía nacional. Primero apareció el caso de Rubén Rocha Moya. Después se sumaron Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Más tarde llegaron las declaraciones del embajador Ronald Johnson y finalmente la narrativa presidencial de que "lo que está en juego es quién decide en México".
El problema para Palacio Nacional es que la discusión ya no gira exclusivamente alrededor de la soberanía. También gira alrededor de los nombres involucrados. Y esos nombres pertenecen al corazón político del obradorismo.
Alfonso Durazo no es un gobernador cualquiera. Fue secretario de Seguridad Pública de López Obrador y uno de los integrantes más cercanos de su gabinete. Américo Villarreal forma parte de una generación de gobernadores que llegó al poder impulsada por la ola obradorista. Y Rocha Moya fue durante años uno de los aliados políticos más importantes del movimiento en el noroeste del país. Es decir, no estamos hablando de figuras marginales.
Estamos hablando de integrantes centrales del proyecto político construido por López Obrador. Por eso resulta llamativo que la respuesta principal haya sido cerrar filas.
Hasta ahora, ni López Obrador ni Sheinbaum han planteado públicamente la necesidad de investigaciones independientes sobre los señalamientos. El énfasis ha estado en denunciar la intervención extranjera, cuestionar las motivaciones de Washington y defender la soberanía nacional.
La postura contrasta con la actitud que Morena mantuvo durante años frente a acusaciones similares dirigidas contra gobiernos anteriores. Cuando aparecieron los expedientes contra Genaro García Luna, el argumento oficial era que las investigaciones debían llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando se denunciaban posibles vínculos entre políticos opositores y grupos criminales, la exigencia era una sola: investigar.
Hoy, frente a acusaciones que involucran a integrantes del propio movimiento, el mensaje parece distinto. La prioridad ya no es investigar. La prioridad es defender. Y ahí aparece quizá la señal más importante de la reaparición de López Obrador. Porque su mensaje no parece dirigido únicamente a Donald Trump. Parece dirigido a Morena. Parece un llamado a cerrar filas. Parece un recordatorio de que, cuando el movimiento enfrenta una amenaza externa, la disciplina interna debe imponerse sobre cualquier cuestionamiento.
La estrategia de la Presidenta y su Movimiento implica riesgos porque cuanto más se insiste en presentar el conflicto exclusivamente como una agresión extranjera, más difícil se vuelve responder las preguntas legítimas que existen sobre los funcionarios señalados. Y cuanto más interviene su antecesor, López Obrador para defender a sus aliados políticos, más complicado resulta sostener la idea de que la transición presidencial significó realmente una nueva etapa para el país.
Hace apenas unos días, Sheinbaum encabezó un acto político masivo para demostrar liderazgo propio y consolidar una narrativa de defensa nacional frente a las presiones de Washington. Menos de una semana después, es López Obrador quien vuelve a ocupar el centro de la conversación política y eso quizá sea la noticia más importante de todas. Porque si el expresidente siente la necesidad de salir a respaldar públicamente a la presidenta y a los gobernadores de su movimiento, tal vez el problema ya no sea únicamente lo que está ocurriendo en Washington.
Tal vez el problema sea que la narrativa construida desde Palacio Nacional comienza a mostrar dificultades para sostenerse por sí sola frente a una crisis que no deja de crecer.
Y cuando un movimiento político necesita recurrir nuevamente a su fundador para defenderse, inevitablemente surge una pregunta pegajosa: ¿Quién sigue gobernando realmente la conversación política de Moren
Secretario de Estado de Estados Unidos ve posible ataque a su territorio desde México
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum denuncia una ofensiva injerencista desde Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, añadió un nuevo elemento a la narrativa de seguridad que Washington ha venido construyendo alrededor de México: ahora el crimen organizado podría utilizar drones para atacar territorio estadounidense.
Durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 2 de junio, Rubio afirmó que los grupos criminales mexicanos ya utilizan drones en sus enfrentamientos internos y advirtió que Estados Unidos debe asumir que eventualmente podrían emplearlos también contra intereses estadounidenses.
La declaración podría parecer anecdótica. Pero vista en contexto, forma parte de algo mucho más grande. Durante los últimos meses, la administración de Donald Trump ha impulsado una estrategia que busca redefinir a los cárteles latinoamericanos no solamente como organizaciones criminales, sino como amenazas directas a la seguridad nacional estadounidense. El propio Rubio ha promovido designaciones de organizaciones criminales como grupos terroristas y ha defendido una política regional más agresiva contra redes de narcotráfico.
Históricamente en Estados Unidos existe una diferencia enorme entre combatir organizaciones criminales y enfrentar amenazas a la seguridad nacional. Las primeras suelen ser responsabilidad de policías, fiscales y agencias antidrogas. Las segundas suelen justificar la participación de agencias de inteligencia, operaciones militares y medidas extraordinarias de seguridad. Y cuando un secretario de Estado comienza a hablar de posibles ataques con drones sobre territorio estadounidense, la conversación empieza a desplazarse precisamente hacia esa segunda categoría.
La pregunta es si existe evidencia que justifique semejante escenario. Hasta ahora, Rubio no presentó información concreta que indique que los grupos del crimen organizado estén planeando ataques contra Estados Unidos. Lo que planteó fue una hipótesis basada en la rápida expansión del uso de drones por parte de organizaciones criminales. De hecho, los cárteles ya utilizan drones para vigilancia, transporte de mercancías y en algunos casos para lanzar artefactos explosivos contra grupos rivales dentro de México.
Una cosa es utilizar drones en conflictos criminales locales y otra muy distinta es lanzar ataques deliberados contra territorio estadounidense. La diferencia no es menor. Porque el lenguaje utilizado para describir una amenaza suele terminar definiendo la respuesta política frente a ella. La historia reciente ofrece varios ejemplos.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la "guerra contra el terrorismo" permitió una expansión sin precedentes de facultades de seguridad, operaciones militares internacionales y vigilancia gubernamental. Hoy, algunos sectores de Washington parecen interesados en construir una narrativa similar alrededor del crimen organizado.
No es casualidad que Rubio sea una de las figuras más activas dentro de una corriente política que impulsa una política hemisférica más intervencionista. Durante los últimos meses ha respaldado medidas extraordinarias contra gobiernos y organizaciones criminales en América Latina y ha promovido mecanismos de cooperación que otorgan un papel cada vez más amplio a Estados Unidos en asuntos de seguridad regional. Por eso las declaraciones sobre drones llegan en un momento especialmente sensible para México.
Esta misma semana Washington confirmó investigaciones contra gobernadores mexicanos. El embajador estadounidense Ronald Johnson intervino públicamente en temas políticos internos. Sheinbaum respondió denunciando una ofensiva contra la soberanía nacional. Y ahora aparece una nueva narrativa que presenta a los cárteles mexicanos como una posible amenaza aérea para Estados Unidos.
Vistas por separado, podrían parecer noticias inconexas. Vistas en conjunto, muestran una tendencia. La imagen de México que empieza a construirse en ciertos círculos de Washington ya no es solamente la de un socio comercial, un aliado estratégico o un vecino complicado. Es la de un posible riesgo de seguridad nacional.
Cuando un país deja de ser percibido como socio y comienza a ser percibido como amenaza, cambian las reglas del juego diplomático y parece que están cambiando entre México y Estados Unidos. Esta escalada discursiva ocurre precisamente cuando México y Estados Unidos se preparan para organizar juntos el Mundial de 2026, uno de los proyectos de cooperación bilateral más importantes de las últimas décadas.
Mientras la FIFA vende una narrativa de integración regional y celebración compartida, algunos sectores de Washington parecen construir una narrativa completamente distinta: una donde la frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en el frente principal de una nueva guerra contra amenazas transnacionales.
Y si algo enseña la historia reciente es que cuando Washington empieza a hablar de amenazas a su seguridad nacional, rara vez se trata únicamente de palabras.
