Masticada diaria
Si fueron policías de Chihuahua quienes armaron a la CIA, ¿por qué Maru Campos dijo que no sabía?
La investigación sobre el operativo que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara acaba de abrir una nueva contradicción para el gobierno de Chihuahua.
El 8 de junio, La Jornada reveló que el rifle que portaba uno de los agentes estadounidenses fallecidos no pertenecía a ninguna corporación federal ni a una agencia extranjera. El arma estaba asignada oficialmente a una agente de la Policía de Investigación de Chihuahua y fue entregada por integrantes de la propia Agencia Estatal de Investigación (AEI) antes del operativo. Más aún, tras el accidente, el arma desapareció y hasta hoy no ha sido localizada.
Durante semanas la principal línea de defensa de la gobernadora Maru Campos ha consistido en afirmar que ella no tuvo conocimiento del operativo conjunto que realizaban agentes estadounidenses junto con personal de la fiscalía estatal. Incluso cuando fue citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República, sostuvo que no autorizó la presencia de los agentes y que la investigación debía esclarecer quién tomó las decisiones operativas. Sin embargo, la nueva información complica la explicación dada por la gobernadora de Chihuahua porque si agentes de la CIA viajaban acompañados por el director de la Agencia Estatal de Investigación, utilizaban armamento proporcionado por policías estatales y participaban en una operación coordinada con personal de la fiscalía de Chihuahua, la pregunta deja de ser quién sabía en Washington.
La pregunta es quién sabía en Chihuahua y más concretamente: ¿cómo pudo desarrollarse una operación de ese nivel sin conocimiento de la máxima autoridad política del estado?
El 19 de abril de 2026, dos agentes de la CIA murieron junto con Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación, y Manuel Genaro Méndez, integrante de la corporación estatal, cuando el vehículo en que viajaban cayó a un barranco en la Sierra Tarahumara. La tragedia reveló algo que el gobierno federal desconocía: agentes estadounidenses habían participado en actividades operativas en territorio mexicano sin que existiera autorización formal de la Federación. Desde entonces las versiones oficiales han cambiado varias veces.
Primero se dijo que los estadounidenses participaron en un operativo para desmantelar laboratorios clandestinos. Después se aseguró que únicamente impartían capacitación sobre drones. Más tarde se confirmó que viajaban junto a mandos de la AEI tras una operación que permitió localizar uno de los mayores complejos de producción de metanfetaminas descubiertos en años, con más de 55 mil litros de precursores químicos y alrededor de 2 mil litros de metanfetamina asegurados. Ahora sabemos además que policías estatales les proporcionaron armamento.
Si Maru Campos realmente desconocía lo ocurrido, entonces el problema es gravísimo porque implicaría que las estructuras de seguridad de Chihuahua pueden coordinar operaciones internacionales de alto nivel sin conocimiento de la titular del Ejecutivo estatal. Pero si sí existía conocimiento político de la operación, entonces resulta difícil entender por qué durante semanas la estrategia pública consistió en tomar distancia del caso y presentar lo ocurrido como una decisión exclusivamente operativa.
La situación se vuelve todavía más delicada porque la propia presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desde abril que ni el Gobierno federal ni las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses realizando actividades en campo. La FGR abrió una investigación por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y varios funcionarios estatales han comparecido ante autoridades federales.
Lo que comenzó como un accidente vehicular se ha convertido en una de las mayores crisis institucionales entre un gobierno estatal y la Federación en materia de seguridad que ha intentado encuadrar la discusión como defensa de la soberanía nacional, una narrativa que se está tambaleando por las informaciones filtradas a medios de comunicación por el gobierno de Estados Unidos sobre gobernadores mexicanos morenistas.
La revelación del rifle desaparecido vuelve a colocar el foco en la misma pregunta que sigue sin respuesta desde abril: Si la operación involucraba a la cúpula de la Agencia Estatal de Investigación, vehículos oficiales, armamento estatal y agentes de inteligencia estadounidenses, ¿de verdad nadie en el gobierno de Chihuahua sabía lo que estaba ocurriendo? Porque conforme aparecen nuevos datos, la explicación de que todo ocurrió sin conocimiento político empieza a parecer cada vez menos convincente. Y eso quizá explique por qué, dos meses después del accidente, las preguntas siguen multiplicándose más rápido que las respuestas.
Alito ya se colgó la medalla de Coahuila, pero el triunfo electoral tiene mucho más de Manolo que de Moreno
Apenas comenzaron a conocerse los resultados preliminares de la elección local en Coahuila y Alejandro Moreno salió a declarar una victoria histórica del PRI el domingo 7 de junio. El dirigente nacional del partido aseguró que el tricolor había ganado los 16 distritos de mayoría relativa en disputa y presentó el resultado como una demostración de la fortaleza nacional del partido rumbo a las elecciones de 2027.
El problema es que masticar lo ocurrido en Coahuila como una victoria de Alito Moreno es probablemente una de las lecturas más equivocadas que pueden hacerse de la elección. Porque si hay un lugar donde el PRI funciona bajo una lógica completamente distinta a la del partido nacional, ese lugar es Coahuila.
Con alrededor del 55% de la votación frente al 26% de Morena, la alianza entre el PRI y Unidad Democrática de Coahuila se perfila para conservar una mayoría aplastante en el Congreso local, confirmando nuevamente que el estado sigue siendo una excepción dentro del mapa político mexicano. Pero esa excepción tiene nombre y apellido: se llama Manolo Jiménez Salinas.
La campaña estuvo dominada por temas locales, particularmente la seguridad, la estabilidad económica y la operación territorial construida durante años por los gobiernos priistas de la entidad. Incluso los análisis previos a la elección coincidían en que la principal fortaleza del PRI no era su dirigencia nacional, sino la estructura política local que ha sobrevivido al colapso electoral del partido en prácticamente todo el país.
Mientras Alejandro Moreno ha construido una estrategia nacional basada en la confrontación permanente con Morena, alianzas cada vez más cercanas con la derecha ultraconservadora tradicional y un discurso opositor dictado desde Washington que rompe con el nacionalismo revolucionario de su partido, el priismo coahuilense opera bajo una lógica completamente distinta.
De hecho, diversos análisis han documentado el distanciamiento político entre Manolo Jiménez y la dirigencia nacional del PRI. El gobernador de Coahuila ha mantenido una relación institucional mucho más cercana con Claudia Sheinbaum que la que suele promover Alejandro Moreno desde el Senado y la dirigencia nacional. Por eso el resultado de este domingo difícilmente puede interpretarse como una validación de la estrategia de Alito.
Si algo demuestra Coahuila es precisamente lo contrario. Demuestra que el PRI todavía puede ganar cuando deja de parecerse al PRI nacional.
Por otro lado, por supuesto que la victoria también refleja las dificultades de Morena. El partido gobernante sigue sin lograr construir una estructura local competitiva en Coahuila toda vez que tuvo cambio de dirigencia nacional y el encargado de la operación política, el hijo del expresidente López Obrador dejó su encargo hace apenas dos semanas. Las divisiones internas, la falta de cuadros territoriales consolidados y una dependencia excesiva de las narrativas nacionales volvieron a limitar su crecimiento electoral.
Lo ocurrido este domingo fue una elección profundamente local. No se trató de un referéndum sobre Claudia Sheinbaum como lo intenta vender Alito Moreno desde la Ciudad de México. No fue una validación del liderazgo de Alejandro Moreno. Y tampoco fue una reedición de las disputas nacionales entre Morena y la oposición. Fue una elección donde los electores coahuilenses evaluaron a actores políticos que conocen, gobiernos que ven todos los días y problemas concretos como la seguridad, el empleo y los servicios públicos.
Por eso, mientras Alito Moreno intenta presentar el resultado como una victoria personal y una prueba de la vigencia nacional del PRI, la realidad parece mucho más sencilla. El PRI ganó en Coahuila, pero el triunfo pertenece mucho más a Manolo Jiménez y a la maquinaria política local del estado que a cualquier estrategia diseñada desde la dirigencia nacional. Y confundir ambas cosas podría llevar a conclusiones equivocadas tanto para el gobierno como para la oposición rumbo a las elecciones de 2027.
¿Está realmente listo Estados Unidos para organizar un Mundial?
A tres días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la pregunta empieza a surgir cada vez con más fuerza: ¿está realmente preparado Estados Unidos para organizar el evento deportivo más importante del planeta?
La duda no surge por la infraestructura deportiva. Tampoco por la capacidad hotelera o por la calidad de los estadios, sino que surge por algo mucho más básico: la seguridad y también por la capacidad de recibir a los propios participantes del torneo.
El fin de semana, un tiroteo ocurrido en Kansas City dejó nueve personas heridas a escasos kilómetros del cuartel general que utilizará la selección de Inglaterra durante el Mundial. Aunque el equipo inglés todavía no había llegado a la ciudad, el incidente obligó a reforzar protocolos de seguridad y volvió a colocar el problema de la violencia armada estadounidense en el centro de la conversación internacional.
Las autoridades descartaron inicialmente una motivación terrorista y señalaron que ninguna de las víctimas se encuentra en riesgo de perder la vida. Sin embargo, el hecho se suma a una realidad que resulta difícil ignorar. Según datos citados por medios internacionales, Estados Unidos acumula ya alrededor de 170 tiroteos masivos en lo que va de 2026. Y el de Kansas City ni siquiera fue el único episodio grave del fin de semana.
Mientras la FIFA se prepara para recibir a millones de visitantes, seis personas fueron apuñaladas en la estación Penn Station de Nueva York, uno de los principales nodos de transporte del país y una de las ciudades que albergarán actividades mundialistas.
Pero los problemas no terminan ahí porque incluso algunos de los propios participantes del torneo han comenzado a experimentar dificultades para ingresar al país anfitrión. Uno de los casos más llamativos ocurrió con Aymen Hussein, la principal figura de la selección de Irak y el jugador que anotó el gol que clasificó a su país a su primer Mundial desde 1986. Hussein fue retenido durante casi siete horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago al ingresar a Estados Unidos con la delegación iraquí. Finalmente pudo entrar al país, pero el fotógrafo oficial del equipo fue interrogado durante más de diez horas y terminó siendo rechazado por las autoridades migratorias estadounidenses.
El incidente del jugador iraquí no fue aislado. También se reportaron problemas para integrantes de la delegación iraní. Estados Unidos negó visas a parte del personal de apoyo de la selección y obligó al equipo a modificar aspectos importantes de su preparación para el torneo. Funcionarios iraníes acusaron públicamente a Washington de aplicar criterios discriminatorios incompatibles con el espíritu de una Copa del Mundo.
Durante años, Estados Unidos cuestionó la capacidad organizativa de países como Sudáfrica, Brasil, Rusia, Qatar e incluso México para albergar grandes eventos internacionales. La seguridad, la corrupción o la estabilidad política fueron argumentos recurrentes en los debates mediáticos occidentales sobre esos mundiales. Hoy, sin embargo, es Estados Unidos quien enfrenta preguntas pegajosas.
Una Copa del Mundo no consiste únicamente en tener estadios modernos. También implica garantizar que jugadores, periodistas, aficionados y delegaciones puedan ingresar al país sin obstáculos arbitrarios. Implica ofrecer condiciones mínimas de seguridad para millones de visitantes. Implica evitar que las noticias previas al torneo giren alrededor de tiroteos, apuñalamientos o incidentes migratorios.
Durante meses, la FIFA ha dedicado enormes esfuerzos a controlar la imagen de las ciudades sede. Hemos visto discusiones sobre publicidad, patrocinios, símbolos urbanos e incluso sobre qué elementos pueden aparecer alrededor de los estadios. Pero ningún patrocinador puede ocultar una pregunta cada vez más presente entre aficionados y delegaciones internacionales.
Si un jugador mundialista puede ser retenido durante siete horas para ingresar al país y si un tiroteo con nueve heridos puede ocurrir junto al campamento de una selección nacional a días del torneo, quizá el problema no sea la imagen del Mundial. Quizá el problema sea si el principal anfitrión está realmente preparado para ejercer como anfitrión.
Orgaizar una Copa del Mundo implica mucho más que vender boletos, implica dar la bienvenida al mundo más cuando desde la FIFA se vende como el evento deportivo más incluyente del planeta. Y a pocos días del inicio del torneo, Estados Unidos parece estar enviando señales contradictorias sobre si está dispuesto a hacerlo.
