Masticada diaria
La "Suavicrema" de Reforma vuelve a ser el espejo incómodo del país
A dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, un grupo de activistas decidió irrumpir en la narrativa oficial de celebración que domina la conversación pública. La mañana del 9 de junio escalaron la Estela de Luz, uno de los monumentos más emblemáticos y polémicos de la Ciudad de México, y desplegaron una manta para exigir atención a diversas problemáticas sociales y ambientales que consideran han quedado relegadas por la euforia mundialista. La acción obligó a movilizar servicios de emergencia y rápidamente atrajo la atención de medios y transeúntes en Paseo de la Reforma. Pero más allá del espectáculo visual, la protesta planteó una pregunta política mucho más profunda: ¿qué temas desaparecen de la agenda pública cuando llega un evento global como el Mundial?
La elección del lugar no fue casual. La Estela de Luz ocupa un lugar peculiar en la memoria colectiva mexicana. Concebida durante el gobierno de Felipe Calderón para conmemorar el Bicentenario de la Independencia, terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos de sobrecostos, retrasos y mala planeación en la obra pública federal. Lo que debía ser un monumento de celebración nacional acabó transformándose en un símbolo de la distancia entre las promesas gubernamentales y la realidad. Con el paso de los años, distintos movimientos sociales se apropiaron de ese espacio para protestar, resignificándolo como un lugar donde se cuestiona al poder más que donde se le celebra.
Por eso resulta tan significativa la protesta de esta semana. Los activistas no escogieron un estadio, una oficina gubernamental o una sede empresarial. Escogieron precisamente un monumento que representa una promesa incumplida del Estado mexicano. Y lo hicieron en el momento exacto en que el país se prepara para presentarse ante el mundo como una nación moderna, organizada y capaz de albergar el evento deportivo más importante del planeta.
La acción también ocurre en un contexto muy particular. Durante los últimos meses, la conversación pública se ha concentrado cada vez más en el Mundial. Se habla de estadios, de ceremonias inaugurales, de operativos de seguridad, de transporte, de inversiones, de patrocinadores y de turismo. Gobiernos locales y federales han destinado enormes esfuerzos a garantizar que el torneo sea un éxito. Las cadenas de televisión, las marcas y las plataformas digitales han convertido la cuenta regresiva para la inauguración en uno de los principales temas de conversación nacional.
Sin embargo, mientras el país mira hacia los estadios, persisten problemas que afectan la vida cotidiana de millones de personas. La crisis hídrica sigue golpeando a distintas regiones del territorio nacional. Los conflictos ambientales vinculados a proyectos de infraestructura continúan generando tensiones con comunidades locales. Las desapariciones, la violencia y la precariedad laboral permanecen como desafíos estructurales que no desaparecen porque exista un evento deportivo de alcance global. Precisamente eso es lo que los manifestantes intentaron recordar al escalar la Estela de Luz.
La escena resulta particularmente reveladora porque muestra una tensión que ha acompañado prácticamente todos los grandes eventos internacionales de las últimas décadas. Los gobiernos suelen presentar estas competencias como oportunidades para proyectar una imagen positiva del país, atraer inversión y fortalecer el orgullo nacional. Los movimientos sociales, en cambio, suelen verlas como momentos excepcionales para visibilizar problemas que normalmente reciben poca atención mediática. El Mundial se convierte así en una disputa por la narrativa: mientras unos quieren mostrar una vitrina, otros quieren mostrar lo que permanece detrás del escaparate.
En México esa tensión se ha vuelto especialmente visible. Durante semanas hemos visto cómo la FIFA y las autoridades discuten desde la imagen urbana de las ciudades sede hasta la regulación de espacios comerciales alrededor de los estadios. Hemos visto cómo se remodelan avenidas, se repintan espacios públicos y se aceleran proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, organizaciones sociales, maestros de la CNTE y diversos colectivos han buscado aprovechar la visibilidad internacional del torneo para colocar sus propias demandas en el centro de la discusión pública.
Lo ocurrido en la Estela de Luz forma parte de ese mismo fenómeno. No se trata únicamente de una protesta ambiental o social. Se trata de una disputa por la atención de un país que, durante las próximas semanas, estará concentrado en el fútbol. Los activistas entienden que cuando llegan millones de visitantes y cientos de millones de espectadores internacionales, también surge una oportunidad única para plantear preguntas que normalmente quedan confinadas a círculos especializados o a comunidades directamente afectadas.
Hay además una ironía difícil de ignorar. La Estela de Luz fue construida para celebrar una narrativa oficial sobre el pasado de México. Hoy, más de quince años después, sigue siendo utilizada por ciudadanos que quieren cuestionar las narrativas oficiales del presente. Lo que nació como un monumento para exaltar al Estado terminó convirtiéndose en un escenario para interpelarlo.
Quizá por eso la imagen de los activistas suspendidos sobre Paseo de la Reforma resulta tan poderosa. Mientras el país se prepara para la fiesta global del Mundial, ellos decidieron recordar que existe otro México que no aparecerá en las transmisiones deportivas, que no estará representado por los patrocinadores y que difícilmente ocupará un lugar en las ceremonias inaugurales. Un México atravesado por conflictos sociales, ambientales y económicos que seguirán ahí cuando termine el último partido.
Porque al final, los mundiales duran unas semanas. Los problemas que intentaban señalar los manifestantes llevan años esperando respuestas.
La FIFA se queda con el negocio, México con la factura
Durante meses se nos ha repetido que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representará una oportunidad histórica para México. Los gobiernos federal y locales han hablado de derrama económica, turismo, empleos temporales, proyección internacional y modernización urbana. La narrativa oficial ha sido clara: el Mundial traerá beneficios para todos. Sin embargo, a medida que se acerca el partido inaugural, comienza a emerger una pregunta mucho más incómoda: si el torneo generará miles de millones de dólares en ingresos, ¿quién se quedará realmente con ese dinero?
La respuesta no apunta precisamente hacia los contribuyentes mexicanos.
La FIFA y las empresas vinculadas a la organización del torneo contarán con importantes beneficios fiscales en México, resultado de los compromisos asumidos por el Estado mexicano durante el proceso de candidatura para albergar la Copa del Mundo. Aunque Hacienda ha insistido en que logró reducir el alcance de las exenciones originalmente negociadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que el organismo rector del futbol mundial seguirá operando bajo condiciones tributarias extraordinarias que difícilmente podrían obtener empresas mexicanas o incluso otras corporaciones internacionales.
La situación resulta particularmente llamativa porque ocurre en un momento en el que el gobierno federal ha construido buena parte de su discurso económico alrededor de la justicia fiscal. Durante los últimos años, el SAT ha endurecido la fiscalización sobre grandes contribuyentes, se han impulsado medidas para combatir la evasión y se ha insistido en la necesidad de que quienes más ganan contribuyan más al financiamiento del Estado. Sin embargo, cuando se trata de la FIFA, las reglas parecen ser distintas.
Por supuesto, la organización no llegó a imponer estas condiciones de manera unilateral. Los gobiernos anfitriones aceptaron voluntariamente las garantías exigidas para formar parte del Mundial. De hecho, esta práctica se ha vuelto habitual en prácticamente todas las Copas del Mundo modernas. Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar enfrentaron debates similares cuando se hizo evidente que la FIFA exigía ventajas fiscales, regulatorias y comerciales como condición para organizar el torneo.
Pero precisamente ahí radica el problema.
Cada vez que un país acepta estas condiciones, se produce una transferencia de valor desde el sector público hacia una organización privada internacional. Los gobiernos financian infraestructura, destinan recursos de seguridad, reorganizan espacios urbanos, facilitan operaciones logísticas y conceden beneficios fiscales. La FIFA, por su parte, conserva el control de los derechos comerciales, de los contratos de patrocinio global, de los derechos de transmisión y de buena parte de los ingresos generados por la marca Mundial.
La paradoja es evidente. Mientras las autoridades mexicanas defienden el Mundial como una oportunidad de desarrollo económico para el país, el negocio más rentable del torneo permanece concentrado en una organización con sede en Suiza que no paga impuestos bajo las mismas condiciones que cualquier empresa nacional.
Esto no significa que México no obtenga beneficios. La llegada de visitantes genera actividad para hoteles, restaurantes, transportistas, comercios y servicios turísticos. Miles de personas encontrarán empleos temporales vinculados al evento. Las ciudades sede recibirán atención mediática global. Todo eso es real.
Lo que también es real es que la distribución de esos beneficios está lejos de ser equitativa.
La mayor parte de la derrama económica queda dispersa entre miles de actores locales, mientras los ingresos más rentables y estratégicos permanecen concentrados en la estructura global de la FIFA y sus socios comerciales. Es un modelo que se ha perfeccionado durante décadas y que explica por qué el organismo se ha convertido en una de las instituciones deportivas más poderosas y financieramente exitosas del planeta.
Por eso resulta interesante observar la contradicción política que atraviesa esta discusión. Durante semanas hemos escuchado discursos sobre soberanía nacional, defensa del interés público y resistencia frente a presiones extranjeras. Sin embargo, pocas organizaciones internacionales han logrado obtener en México tantas concesiones como la FIFA. Hemos visto cómo influye en la imagen urbana de las ciudades sede, cómo condiciona regulaciones comerciales alrededor de los estadios y cómo obtiene beneficios fiscales especiales para sus operaciones.
En otras palabras, mientras el gobierno mexicano libra batallas discursivas contra supuestas injerencias políticas provenientes del extranjero, una organización privada internacional ha conseguido moldear aspectos concretos de la política pública nacional con relativa facilidad.
Quizá la verdadera historia del Mundial no sea solamente la que ocurrirá dentro de los estadios.
Quizá también haya que observar lo que ocurre fuera de ellos.
Porque detrás de la fiesta global, de los himnos nacionales y de las ceremonias de inauguración existe una estructura económica muy específica donde los riesgos, los costos y buena parte de la inversión recaen sobre los países anfitriones, mientras que las ganancias más jugosas permanecen concentradas en una organización que ha convertido el futbol en uno de los negocios más rentables del planeta.
Y esa es una discusión que normalmente comienza cuando el Mundial está por arrancar y termina cuando ya es demasiado tarde para renegociar las condiciones.
El Mundial paraliza a la administración pública en México
Cuando el gobierno de Sheinbaum pubicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación que permitirá a diversas dependencias federales operar bajo esquemas de trabajo a distancia el próximo 11 de junio, fecha de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la noticia pasó relativamente desapercibida entre la avalancha de información previa al torneo. Sin embargo, el documento contiene algo más interesante que una simple medida administrativa: muestra hasta qué punto el Mundial ha comenzado a modificar el funcionamiento cotidiano del Estado mexicano.
La decisión se suma a la suspensión de clases anunciada previamente en distintos planteles de la Ciudad de México y forma parte de una estrategia más amplia para reducir la presión sobre la movilidad urbana durante la jornada inaugural. Las autoridades esperan una concentración masiva de visitantes alrededor del Estadio Azteca, donde se celebrará el primer partido del torneo, así como una intensa actividad en distintos puntos de la capital vinculados a las celebraciones mundialistas. Desde una perspectiva operativa, la medida tiene sentido. Menos trabajadores desplazándose a oficinas y menos estudiantes trasladándose a escuelas significan menos vehículos, menos saturación en el transporte público y una ciudad más preparada para recibir a los cientos de miles de asistentes que participarán en las actividades del Mundial.
Sin embargo, el anuncio también permite observar algo más profundo sobre la relación entre los grandes eventos internacionales y la vida política de los países anfitriones. Porque cuando una competencia deportiva es capaz de modificar horarios laborales, calendarios escolares, esquemas de movilidad y prioridades institucionales, deja de ser únicamente un evento deportivo. Se convierte en un fenómeno político, económico y social que reorganiza temporalmente el funcionamiento de una ciudad y, en cierta medida, de un país.
Lo que estamos viendo en México no es excepcional. Ha ocurrido en prácticamente todos los mundiales modernos. Brasil modificó leyes y aceleró proyectos de infraestructura antes de la Copa de 2014. Sudáfrica reorganizó buena parte de su sistema de transporte para el torneo de 2010. Qatar transformó ciudades enteras para recibir el Mundial de 2022. Cada país anfitrión termina adaptando parte de su funcionamiento cotidiano a las necesidades de un evento que dura apenas unas semanas pero cuya preparación consume años de planeación y miles de millones de dólares en inversión pública y privada.
La diferencia es que en México esta adaptación ocurre en un contexto político particularmente interesante. Durante los últimos meses, el gobierno federal ha insistido en la defensa de la soberanía nacional frente a distintas presiones provenientes del extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la autonomía política de México en el centro de su discurso frente a las tensiones con Estados Unidos. Al mismo tiempo, una organización privada internacional como la FIFA ha logrado influir en decisiones urbanas, comerciales, fiscales y ahora incluso laborales en las ciudades sede del torneo.
No se trata de una contradicción necesariamente. Los gobiernos aceptan voluntariamente las condiciones necesarias para organizar un Mundial porque consideran que los beneficios económicos, turísticos y simbólicos compensan los costos. Pero sí resulta útil para dimensionar el poder real que tienen este tipo de organizaciones internacionales. Mientras buena parte del debate público se concentra en la relación entre Estados y gobiernos, existe otra forma de influencia global que opera a través de corporaciones deportivas, marcas comerciales y eventos internacionales capaces de modificar políticas públicas sin necesidad de ejercer autoridad formal sobre los países anfitriones.
Quizá por eso la publicación del decreto resulta tan reveladora. No porque implique una suspensión masiva del trabajo presencial ni porque represente un cambio permanente en la administración pública. Lo interesante es lo que simboliza. Refleja el momento en que el Mundial deja de ser algo que ocurrirá dentro de un estadio y comienza a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas que probablemente ni siquiera asistirán a un partido.
Durante semanas se ha discutido sobre estadios, selecciones, boletos y ceremonias inaugurales. Pero detrás de ese espectáculo existe una transformación menos visible que afecta la forma en que las ciudades se organizan para recibir al mundo. Las decisiones sobre movilidad, horarios laborales, operación gubernamental y uso del espacio público son parte de esa transformación. El Mundial no solamente ocupa estadios. También ocupa calles, agendas políticas, presupuestos públicos y ahora incluso la manera en que se desarrollará una jornada laboral ordinaria.
Por eso la noticia no debería leerse únicamente como una medida administrativa para evitar congestionamientos. Debería entenderse como una muestra del enorme peso político que adquieren los grandes eventos internacionales en las sociedades contemporáneas. Durante unas semanas, buena parte del aparato institucional mexicano girará alrededor de una competencia organizada por una federación deportiva con sede en Suiza. Y eso dice mucho sobre la dimensión que ha alcanzado el negocio global del fútbol.
La pelota todavía no rueda sobre la cancha del Azteca. Pero desde hace tiempo el Mundial ya comenzó a mover otras piezas mucho más importantes.
