Masticada diaria
El “complot” del Mundial: cuando Sheinbaum ve una operación para proyectar caos en México
A menos de 24 horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva explicación para el clima de tensión política y social que vive el país. Durante su conferencia matutina del 10 de junio, sostuvo que diversos actos violentos registrados en el contexto de las movilizaciones recientes no responden únicamente a demandas legítimas, sino que forman parte de un intento deliberado por construir una imagen de caos e inestabilidad en México justo cuando el mundo tiene los ojos puestos sobre el país. Según la mandataria, existe una provocación destinada a proyectar una narrativa de crisis que no corresponde con la realidad nacional. 
La declaración representa un paso más en una narrativa que el gobierno federal ha venido construyendo durante las últimas semanas. Primero fue la denuncia de una campaña impulsada por sectores de la ultraderecha mexicana y estadounidense para desacreditar a la Cuarta Transformación. Después llegaron las acusaciones sobre intentos de intervenir en la política nacional a través de filtraciones contra gobernadores de Morena. Ahora la tesis se amplía: ya no se trataría solamente de una ofensiva política contra el gobierno, sino de una operación destinada a empañar la inauguración del Mundial y deteriorar la imagen internacional de México. 
La presidenta vinculó esta interpretación con hechos recientes que han elevado la tensión en la capital. Entre ellos, el hallazgo de artefactos explosivos en autobuses vinculados a movilizaciones que se dirigían a la Ciudad de México y los llamados públicos de actores como Ricardo Salinas Pliego a endurecer las protestas contra el gobierno. Para Sheinbaum, la coincidencia de estos elementos apunta a una estrategia orientada a generar imágenes de violencia que puedan circular internacionalmente durante el arranque del torneo. 
Sin embargo, la explicación abre preguntas tan importantes como las que intenta responder.
Porque si bien es cierto que existen actores políticos interesados en debilitar al gobierno y que la inauguración del Mundial representa un escaparate global de enorme valor simbólico, también es cierto que las protestas que hoy rodean al evento no surgieron de la nada. La CNTE lleva semanas movilizada por demandas relacionadas con el sistema de pensiones y las condiciones laborales del magisterio. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscan aprovechar la atención mediática internacional para visibilizar una crisis que acumula más de 130 mil personas desaparecidas en México. Organizaciones sociales y ambientales han utilizado la llegada del Mundial para denunciar problemas que consideran ignorados por las autoridades. 
Es decir, las movilizaciones tienen causas reales.
La pregunta es si detrás de ellas existe además una articulación política más amplia orientada a maximizar el costo reputacional para el gobierno.
Ahí es donde la narrativa presidencial comienza a moverse en un terreno más complejo. Porque una cosa es reconocer que grupos políticos intentan capitalizar el descontento social y otra muy distinta es sugerir que las protestas forman parte de un montaje coordinado. Históricamente, los gobiernos suelen recurrir a explicaciones externas cuando enfrentan crisis de legitimidad o conflictos sociales en momentos sensibles. El riesgo es que una lectura excesivamente conspirativa termine invisibilizando las causas estructurales que dieron origen a las movilizaciones.
La paradoja es que el propio gobierno parece actuar como si existiera esa amenaza. Durante los últimos días se suspendieron clases, se autorizó el trabajo remoto en dependencias federales, se desplegaron operativos extraordinarios de seguridad y el Estadio Azteca fue considerado una instalación estratégica para garantizar el desarrollo de la ceremonia inaugural. Todo ello refleja que las autoridades sí perciben un riesgo real de que las protestas alteren la imagen de normalidad que buscan proyectar durante el Mundial. 
Lo interesante es que la discusión ya no gira únicamente alrededor del fútbol. Lo que está en juego para el gobierno no es solamente que la inauguración salga bien. Lo que está en juego es la narrativa internacional sobre México. Después de semanas marcadas por las tensiones con Estados Unidos, las investigaciones contra gobernadores de Morena, las movilizaciones magisteriales y los cuestionamientos sobre infraestructura y seguridad, el Mundial aparece como una oportunidad para reposicionar la imagen del país ante millones de espectadores en todo el planeta.
Por eso la tesis del complot resulta políticamente útil. Permite presentar los conflictos sociales no como síntomas de problemas internos que siguen sin resolverse, sino como parte de una estrategia externa para desacreditar al país. El problema es que ambas cosas podrían ser ciertas al mismo tiempo. Puede haber actores interesados en amplificar el conflicto y también puede haber conflictos reales que el gobierno todavía no ha conseguido resolver.
A final de cuentas, la verdadera prueba llegará este 11 de junio. Si la inauguración transcurre sin incidentes, el gobierno argumentará que derrotó el intento de proyectar caos. Si las protestas logran ocupar parte de la atención internacional, la narrativa del complot ganará fuerza dentro del oficialismo.
Pero independientemente de lo que ocurra en la ceremonia inaugural, la pregunta de fondo seguirá ahí cuando termine el Mundial: si las movilizaciones sociales son tan fáciles de utilizar políticamente, quizá el problema no sea solamente quién intenta aprovecharlas, sino por qué siguen existiendo las condiciones que las hacen posibles.
El Mundial contra la realidad: la CNTE y los movimientos sociales le recuerdan al gobierno que el país no puede ponerse en pausa
A un día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México amaneció bajo una tensión política que ninguna ceremonia inaugural puede ocultar. Mientras el gobierno federal, la FIFA y los patrocinadores ultiman los detalles para proyectar una imagen de modernidad y estabilidad ante cientos de millones de espectadores en todo el mundo, las calles de la capital siguen ocupadas por maestros, estudiantes, familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales que buscan aprovechar precisamente ese reflector internacional para visibilizar sus demandas. 
Los días previos han estado marcados por movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un paro nacional y un plantón en el centro de la ciudad desde hace semanas. Los maestros exigen principalmente la derogación de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE de 2007, el regreso a un esquema solidario de jubilaciones y una negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Para la CNTE, el Mundial no representa una razón para suspender la protesta. Por el contrario, representa una oportunidad única para que sus reclamos sean vistos más allá de México. 
Lo interesante es que el conflicto ya dejó de ser únicamente laboral.
Durante las últimas semanas el gobierno ha desplegado una estrategia cada vez más evidente para evitar que las protestas interfieran con la narrativa mundialista. Se suspendieron clases, se autorizó el trabajo remoto en dependencias federales, se reforzaron operativos de seguridad y el propio Estadio Azteca fue catalogado por las autoridades como una instalación estratégica cuya operación debe garantizarse a toda costa. El mensaje es claro: la inauguración del Mundial se ha convertido en una prioridad de Estado. 
Sin embargo, los movimientos sociales parecen haber llegado exactamente a la conclusión opuesta.
Si el Mundial concentra la atención internacional, entonces es precisamente durante el Mundial cuando deben hacerse visibles los problemas que habitualmente permanecen fuera del radar mediático. Esa lógica explica por qué además de la CNTE se mantienen activas organizaciones de familiares de personas desaparecidas, colectivos estudiantiles y grupos que preparan distintas acciones en el contexto del torneo. Para ellos, el evento deportivo funciona como una ventana de oportunidad política más que como una celebración nacional. 
Por eso resulta insuficiente interpretar las marchas únicamente como un problema de movilidad o de seguridad.
Lo que está ocurriendo en la Ciudad de México es una disputa por la narrativa del país.
Por un lado, el gobierno busca proyectar una imagen de estabilidad, organización y capacidad para albergar el evento deportivo más importante del planeta. Por otro, diversos sectores sociales intentan recordar que debajo de esa imagen persisten conflictos que siguen sin resolverse. El debate no es solamente quién ocupa las calles. El debate es qué México verá el mundo durante las próximas semanas.
La propia presidenta Sheinbaum parece consciente de ello. Apenas unas horas antes, sostuvo que ciertos actos violentos buscan construir una imagen artificial de caos en el país justo cuando inicia el Mundial. Desde la perspectiva gubernamental, existe una operación política interesada en aprovechar el torneo para golpear al gobierno y deteriorar la imagen internacional de México. 
Pero incluso si esa hipótesis fuera cierta, sigue existiendo una pregunta más incómoda.
¿Por qué tantos movimientos distintos consideran que el Mundial es el mejor momento para hacerse escuchar?
La respuesta probablemente tenga menos que ver con conspiraciones y más con visibilidad. Durante unas semanas, la atención global estará concentrada en México. Los medios internacionales, las cadenas de televisión y millones de visitantes estarán observando lo que ocurre en las ciudades sede. Para cualquier movimiento social, ese tipo de exposición es un recurso político extraordinariamente valioso.
La ironía es que el Mundial fue concebido para mostrar al mundo la mejor versión posible de México. Sin embargo, también está ofreciendo una plataforma para que distintos sectores expongan aquello que consideran las principales deudas pendientes del país.
Y quizá eso sea inevitable.
Porque los grandes eventos internacionales nunca ocurren en sociedades ideales. Ocurren en países reales, con conflictos reales y con ciudadanos que entienden perfectamente cuándo el mundo está mirando.
Mientras la FIFA prepara el espectáculo de inauguración, la CNTE prepara nuevas movilizaciones. Mientras los patrocinadores afinan campañas publicitarias, los colectivos organizan acciones de protesta. Mientras el gobierno intenta garantizar una imagen de normalidad, miles de personas insisten en recordar que la normalidad mexicana incluye problemas que no desaparecen porque ruede un balón.
A un día del inicio del Mundial, esa parece ser la verdadera historia política de la capital: no la capacidad de poner a la ciudad en pausa para celebrar el fútbol, sino la imposibilidad de poner en pausa las demandas sociales para que la fiesta transcurra sin interrupciones.
Trump bombardea, Irán responde y Washington sigue hablando de paz
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entró esta semana en una nueva fase de escalada que revela una de las contradicciones más persistentes de la política exterior estadounidense: bombardear para alcanzar la paz.
Durante las últimas horas, la administración de Donald Trump ordenó nuevos ataques contra instalaciones militares iraníes después del derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz. Washington calificó la operación como una respuesta “proporcional” y de “autodefensa”, mientras que Teherán respondió con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, ampliando el riesgo de una confrontación regional mucho mayor. 
Lo más llamativo es que esta nueva ronda de bombardeos ocurre al mismo tiempo que la Casa Blanca insiste en que un acuerdo de paz está cerca.
El vicepresidente JD Vance aseguró que Estados Unidos se encuentra “muy cerca” de alcanzar un entendimiento con Irán que permita poner fin al conflicto iniciado en febrero de este año. Trump ha repetido el mismo mensaje durante varios días, afirmando que aún existe una ventana para una solución negociada. 
Sin embargo, los hechos parecen contar una historia distinta.
Mientras Washington habla de negociaciones, los ataques continúan. Mientras se anuncian avances diplomáticos, se bombardean radares, sistemas de defensa aérea e infraestructura estratégica iraní. Mientras la Casa Blanca insiste en que busca estabilidad regional, el conflicto ya ha provocado ataques cruzados en varios países del Golfo Pérsico y mantiene en riesgo una de las rutas energéticas más importantes del planeta. 
El estrecho de Ormuz se ha convertido nuevamente en el epicentro de la crisis. Por esa vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Cada nueva escalada militar genera incertidumbre sobre el suministro energético global y presiona al alza los precios internacionales del crudo. De hecho, los mercados reaccionaron inmediatamente a los nuevos ataques estadounidenses con incrementos en los precios del petróleo por temor a interrupciones en el flujo energético de la región. 
Pero detrás de la coyuntura militar existe una pregunta política más profunda.
¿En qué momento la paz dejó de ser la ausencia de guerra para convertirse en el resultado esperado de una guerra?
La lógica que hoy utiliza Washington no es nueva. Estados Unidos la ha empleado en distintos momentos de su historia reciente. Ocurrió en Irak, ocurrió en Afganistán y ocurre ahora con Irán. El argumento suele ser similar: el uso de la fuerza es necesario para crear las condiciones que permitan una solución política posterior. El problema es que la historia demuestra que una vez que comienzan los bombardeos, las condiciones para la negociación suelen deteriorarse mucho más rápido de lo que mejoran.
La administración Trump enfrenta además un desafío político interno. Cuando la guerra comenzó en febrero, la Casa Blanca proyectaba una operación breve que permitiera contener a Irán, debilitar su capacidad militar y abrir el camino a un nuevo acuerdo regional. Cuatro meses después, el conflicto sigue activo, las tensiones regionales aumentan y los costos económicos comienzan a sentirse dentro de Estados Unidos a través de los precios de la energía y la incertidumbre en los mercados. 
Por eso resulta tan significativa la insistencia de Trump en hablar de paz.
No se trata únicamente de una estrategia diplomática. También es una necesidad política.
El presidente necesita convencer a los mercados, a los aliados internacionales y a los votantes estadounidenses de que existe una salida próxima al conflicto. Necesita mostrar que los bombardeos tienen un objetivo claro y alcanzable. Necesita demostrar que la guerra no se está convirtiendo en otro conflicto interminable en Medio Oriente.
Sin embargo, cada nueva ronda de ataques vuelve más difícil sostener esa narrativa.
La paradoja es evidente. Estados Unidos asegura que busca evitar una guerra regional mientras amplía las operaciones militares. Irán asegura que está dispuesto a negociar mientras responde con nuevos ataques. Israel continúa golpeando objetivos vinculados a Hezbollah en Líbano mientras Washington intenta presentar la situación como una crisis bajo control. 
Mientras tanto, el resto del mundo observa con preocupación cómo una de las regiones más estratégicas para la economía global vuelve a acercarse al borde de una confrontación mayor.
Quizá la pregunta más importante no sea si el acuerdo de paz llegará en los próximos días, como asegura la Casa Blanca.
La pregunta es cuántos bombardeos más serán necesarios para seguir diciendo que la paz está cerca.
Porque conforme se acumulan los ataques, los misiles y las represalias, la promesa de una solución diplomática empieza a parecerse cada vez más a una justificación de la guerra que a una alternativa a ella.
