Masticada diaria
Sheinbaum cierra la puerta a reforma fiscal progresiva en México. Sin justicia fiscal no habrá futuro
Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno vaya a crear nuevos impuestos y rechazó gravar herencias y legados, como propuso recientemente la ministra Lenia Batres. Durante la mañanera del 9 de julio de 2026, la presidenta fue directa: no está de acuerdo con abrir ese debate desde el Ejecutivo y sostuvo que, aunque la ministra tiene derecho a plantear su opinión, no es una propuesta que su administración impulsaría. 
La declaración parece cerrar una discusión antes de que realmente comenzara.
Batres había puesto sobre la mesa una idea que no es extraña en el mundo: gravar grandes herencias para evitar que la riqueza se concentre indefinidamente entre las mismas familias. Sheinbaum reconoció que ese tipo de impuestos existen en muchos países, pero aun así marcó distancia. Su gobierno no buscará nuevos impuestos ni tocará las herencias. 
Desde una perspectiva política, la decisión tiene lógica.
Sheinbaum llega a esta etapa de su gobierno en medio de presiones económicas, revisión del T-MEC, desaceleración, exigencias de inversión pública y necesidad de mantener estabilidad frente a mercados e inversionistas. Abrir una discusión sobre impuestos a la riqueza, aunque técnicamente defendible, podría convertirse rápidamente en munición para la oposición, los grandes capitales y los medios que llevan años acusando a la 4T de querer “castigar” a quienes tienen patrimonio.
Pero desde una perspectiva chiclosa, aquí está el punto incómodo: México sigue queriendo financiar un Estado más fuerte sin discutir en serio quién paga por él.
Queremos mejores hospitales.
Queremos mejores escuelas.
Queremos infraestructura.
Queremos seguridad.
Queremos cuidados.
Queremos pensiones.
Queremos vivienda.
Pero cuando aparece la pregunta fiscal, la conversación se apaga.
El rechazo de Sheinbaum no significa que no haya política redistributiva. Su gobierno ha insistido en mejorar la recaudación sin subir impuestos, combatir la evasión, revisar privilegios fiscales y hacer más eficiente el gasto. Esa ruta ha sido políticamente rentable porque evita tocar de frente a las clases medias y altas mientras permite sostener programas sociales.
El problema es que esa estrategia tiene límites.
México recauda poco en comparación con las necesidades de desarrollo que enfrenta. Y aunque combatir la evasión es indispensable, no necesariamente alcanza para construir un Estado de bienestar robusto, financiar la transición energética, fortalecer el sistema de cuidados y reducir desigualdades estructurales.
Por eso el debate sobre herencias importa, incluso si hoy el gobierno lo descarta.
Porque la desigualdad no sólo se produce en el salario.
También se hereda.
Se heredan casas.
Se heredan empresas.
Se heredan cuentas.
Se heredan redes.
Se heredan oportunidades.
Y también se heredan privilegios.
Hablar de impuestos a la herencia no debería ser una provocación ideológica. Debería ser una discusión normal en un país donde la riqueza se concentra profundamente y donde el punto de partida de una persona depende demasiado del apellido, la colonia, la propiedad familiar y el patrimonio acumulado por generaciones.
Ahora bien, también hay que decirlo con claridad: un impuesto mal diseñado puede golpear a familias de clase media patrimonial y generar más miedo que justicia. La discusión seria no es si se grava cualquier herencia, sino si deben gravarse las grandes transmisiones de riqueza, con umbrales altos, reglas claras, protección a vivienda familiar y mecanismos que eviten la evasión de los ultrarricos.
Pero ese debate todavía no quiere abrirse.
Sheinbaum eligió cerrar filas con la estabilidad política y fiscal antes que empujar una discusión redistributiva de alto costo. Es entendible. Pero también revela una tensión profunda dentro del proyecto de transformación: hasta dónde se puede redistribuir sin tocar la estructura fiscal que reproduce la desigualdad.
La presidenta dice que no habrá nuevos impuestos.
La pregunta es cuánto tiempo puede México seguir evitando una reforma fiscal progresiva.
Porque el país puede seguir cobrando mejor lo que ya existe.
Puede perseguir factureras.
Puede eliminar privilegios.
Puede ordenar el gasto.
Pero tarde o temprano tendrá que responder una pregunta elemental:
si queremos un Estado capaz de garantizar derechos, ¿quién va a pagar la cuenta?
Y si la respuesta nunca toca a quienes más tienen, entonces la transformación fiscal seguirá siendo la gran conversación pendiente.
Cinco años de reserva: el expediente Rocha Moya reabre el debate entre la diplomacia y el derecho a saber
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió clasificar por cinco años la información relacionada con las comunicaciones diplomáticas que sostuvo con el gobierno de Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La justificación oficial es que hacer públicos esos documentos podría afectar la conducción de las relaciones internacionales y dañar la confianza entre ambos gobiernos. 
La decisión llega en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral.
Desde abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra Rocha Moya, Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa, señalándolos de presuntos nexos con el crimen organizado y solicitando medidas de detención provisional con fines de extradición. En respuesta, la Fiscalía General de la República sostuvo que la documentación enviada por Washington no contenía pruebas suficientes para proceder contra los señalados y pidió información adicional antes de fijar una posición jurídica. 
Es precisamente el intercambio diplomático derivado de esas solicitudes el que ahora permanecerá bajo reserva.
De acuerdo con la Cancillería, divulgar notas diplomáticas, oficios, correos y otras comunicaciones oficiales podría romper la expectativa de confidencialidad que existe entre ambos países y perjudicar futuras colaboraciones en materia de procuración de justicia y cooperación internacional. 
Sin embargo, la decisión duró poco.
Horas después de que la reserva se hiciera pública y generara fuertes cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la SRE transparentar la información relacionada con las solicitudes de detención provisional formuladas por Estados Unidos. La propia Cancillería anunció que hará públicos los documentos que jurídicamente sea posible divulgar mediante los mecanismos de transparencia, revirtiendo en los hechos la decisión inicial de mantener el expediente cerrado durante cinco años. 
Desde una perspectiva chiclosa, el episodio deja varias preguntas incómodas.
La primera tiene que ver con la transparencia.
Es cierto que la diplomacia necesita espacios de confidencialidad. Ningún país publica automáticamente todas sus conversaciones con gobiernos extranjeros, especialmente cuando involucran investigaciones penales o procesos de extradición. Pero también es cierto que el argumento de las “relaciones internacionales” ha sido utilizado históricamente para ocultar decisiones que tienen un enorme interés público.
Y éste es claramente uno de esos casos.
No estamos hablando de una negociación comercial cualquiera.
Estamos hablando de acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos contra dos de las figuras políticas más relevantes de Morena en Sinaloa.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo respondió el Estado mexicano.
Qué información recibió.
Qué pruebas pidió.
Qué argumentos presentó.
Y bajo qué criterios decidió actuar.
La segunda pregunta apunta hacia la soberanía.
Durante meses, el gobierno mexicano ha exigido que Washington presente pruebas y deje de gobernar a través de filtraciones. Esa posición tiene fundamento: ningún país debería aceptar acusaciones extranjeras como si fueran sentencias judiciales. Pero precisamente por eso la transparencia resulta indispensable. Si México sostiene que actuó conforme al debido proceso, mostrar los documentos fortalece esa postura, no la debilita.
Y hay una tercera cuestión que quizá sea la más importante.
La rapidez con la que la SRE pasó de reservar el expediente durante cinco años a anunciar su apertura demuestra que la decisión inicial no era inevitable.
Era política.
Y las decisiones políticas pueden corregirse cuando existe presión pública.
Eso también dice algo positivo.
Significa que todavía existen contrapesos, mecanismos de transparencia y escrutinio ciudadano capaces de modificar decisiones gubernamentales.
El caso Rocha Moya seguirá marcando la relación entre México y Estados Unidos durante los próximos meses.
Pero este episodio deja una lección más amplia.
En una democracia, la confidencialidad puede ser necesaria.
El secreto permanente, no.
Porque cuando un expediente que involucra a altos funcionarios, acusaciones de crimen organizado y una crisis diplomática se pretende guardar hasta 2031, la pregunta ya no es solamente qué contiene.
La pregunta es por qué alguien pensó que la ciudadanía podía esperar cinco años para conocerlo.
Francia utiliza aviones de deportaciones del ICE para moverse en el mundial de futbol
La selección de Francia llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo cargando una polémica que poco tiene que ver con el futbol. Una investigación reveló que el equipo ha utilizado para sus traslados internos en Estados Unidos aviones de Global Crossing Airlines (GlobalX), la empresa que se ha convertido en el principal operador de los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante la administración de Donald Trump. 
El dato sería apenas una curiosidad logística si no fuera por el historial reciente de la aerolínea.
De acuerdo con investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, GlobalX ha realizado más de la mitad de los vuelos de deportación de ICE durante 2024 y 2025. En esas operaciones transportó a miles de personas detenidas por autoridades migratorias, muchas de ellas esposadas, encadenadas y, según diversos testimonios, sin información clara sobre su destino o sobre los procedimientos legales que enfrentaban. 
La controversia estalló cuando activistas rastrearon el avión que trasladó a la selección francesa de Filadelfia a Boston tras su partido contra Paraguay. El mismo aparato había sido utilizado apenas unos días antes para transportar personas deportadas por el gobierno estadounidense. Los registros de vuelo muestran que el avión alternó entre misiones deportivas y vuelos migratorios sin que existiera ninguna modificación visible en la aeronave. 
Hasta ahora, ni la Federación Francesa de Futbol ni GlobalX han ofrecido una explicación pública.
Desde una perspectiva estrictamente contractual, la selección no necesariamente eligió una empresa por su papel en las deportaciones. Muchas federaciones nacionales contratan operadores disponibles para vuelos chárter durante el Mundial y GlobalX se ha convertido en uno de los principales proveedores de ese mercado. De hecho, reportes recientes indican que Inglaterra, Irán y otras selecciones también utilizaron aeronaves de la misma compañía durante el torneo. 
Pero desde una perspectiva chiclosa, el problema no termina ahí.
Porque Francia no es cualquier selección.
Durante los últimos años, figuras como Kylian Mbappé, Marcus Thuram y Ousmane Dembélé se han pronunciado públicamente contra el ascenso de la extrema derecha francesa y contra los discursos xenófobos impulsados por partidos como el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Mbappé llegó incluso a llamar a los jóvenes franceses a votar para impedir que la ultraderecha llegara al poder.
Por eso la contradicción resulta tan potente.
El equipo que se convirtió en símbolo de una Francia diversa, multicultural y orgullosamente mestiza terminó viajando en los mismos aviones que el gobierno de Donald Trump utiliza para ejecutar una de las políticas migratorias más agresivas de los últimos años.
No significa que los jugadores compartan esa política.
Tampoco que hayan decidido conscientemente respaldarla.
Pero sí demuestra algo incómodo: en un mundo profundamente globalizado, las cadenas de suministro también tienen implicaciones éticas.
No basta con preguntar cuánto cuesta un servicio.
También importa quién lo presta.
Y qué hace cuando no está transportando futbolistas.
El caso recuerda que el Mundial de 2026 nunca ha sido un torneo aislado de la política.
Desde antes del silbatazo inicial, organizaciones de derechos humanos advirtieron que las políticas migratorias de Estados Unidos podían afectar a aficionados, periodistas y comunidades migrantes durante la competencia. La presencia de ICE alrededor del torneo, las restricciones de visado para algunos países y las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump ya habían convertido al futbol en un escenario más del debate migratorio estadounidense. 
Ahora esa discusión subió al avión.
Y obliga a preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad de quienes participan en un espectáculo global.
¿Debe una selección nacional investigar el historial de las empresas que la transportan?
¿Puede una federación deportiva desentenderse del uso que una aerolínea hace de su flota cuando no está prestando servicios al deporte?
No existen respuestas sencillas.
Pero sí existe una certeza.
Cada vez resulta más difícil separar completamente el deporte de la política.
Durante décadas se insistió en que el futbol debía mantenerse al margen de los conflictos del mundo.
Este Mundial ha demostrado exactamente lo contrario.
Las guerras llegan a las conferencias de prensa.
La migración aparece en las fronteras.
Los derechos humanos persiguen a los patrocinadores.
Y ahora también se suben al avión de una de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo.
Porque en el futbol moderno ya no basta con mirar quién gana dentro de la cancha.
También importa cómo llegó hasta ella.
